Mientras dirigentes de la oposición reaccionaron con críticas a la propuesta de la Presidenta de disolver la Secretaría de Inteligencia –ex SIDE– y crear una nueva Agencia Federal de Inteligencia, funcionarios del oficialismo salieron a apoyar el proyecto y reivindicaron el objetivo de Cristina Fernández de “transparentar el accionar de la Inteligencia en Argentina para consolidar la democracia”, como dijo el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

“Es una decisión de enorme coraje”, agregó Rossi. “Va a ser muy positivo que la tarea que realizaba la Dirección de Observaciones Judiciales de la SI quede en manos de la Procuración General de la Nación. Esto va a ayudar a que esas investigaciones se focalicen en los delitos que más le preocupan a la sociedad, como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero y la trata de personas.” Para Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia, “la propuesta de la Presidenta importa un cambio de paradigma porque la actividad de Inteligencia pasa de estar a cargo de un órgano desconcentrado de la administración a un ente descentralizado como Agencia Federal. Asimismo, escinde en su recto quicio institucional lo que es la función administrativa y la función jurisdiccional”.

Por su parte, el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni evaluó que “la iniciativa toma el toro por las astas. A juzgar por el desenvolvimiento actual de la Secretaría de Inteligencia, todo cambio va a ser positivo”.

Aunque la reformulación de la Ley de Inteligencia fue un reclamo de la mayoría de las fuerzas políticas, las bancadas opositoras en el Congreso no se mostraron muy a gusto con la propuesta de la Presidenta y con que el proyecto de disolver la SI surja del Gobierno.

Los bloques opositores en la Cámara de Diputados tenían previsto para hoy un encuentro en el Congreso donde realizarían propuestas conjuntas vinculadas a la muerte del fiscal Alberto Nisman, aunque el anuncio presidencial desviará en parte el eje de al convocatoria: ahora deberán abordar en febrero el proyecto del Gobierno –que ingresaría por el Senado– en sesiones extrordinarias.

Varios radicales se pronunciaron por distintas vías. “Hay una ley de Inteligencia, una de Defensa, y otra de Seguridad Nacional, y la Presidenta ayer habló de una sola”, arrancó Negri en diálogo con Página/12. Luego se ciñó a la argumentación que volcó en un comunicado. “Durante 12 años usaron los servicios de Inteligencia para espiar a militantes”, dijo Negri. El presidente de la UCR y precandidato presidencial Ernesto Sanz reaccionó en tono de campaña: “La Inteligencia del Estado no se corrige con una ley, sino con un cambio de Gobierno”, posteó el senador mendocino y agregó que “con esta gente en el poder cualquier reforma legislativa será implementada por quienes consideran a la Inteligencia una cuestión personal”.

Desde el PRO, siguieron al misma línea. “Me parece bien cambiar un organismo destinado a espiar, ocultar y mentir, y eso es lo que ha hecho este gobierno en once años”, sostuvo Pinedo a este diario. “No hay un cambio sustantivo. Las escuchas que tendrá que hacer la Justicia tienen que pasar por Gils Carbó, y todos sabemos a esta altura a quién responde Gils Carbó, y los problemas para que la Procuración sea independiente del Ejecutivo Nacional”, sumó la senadora macrista Gabriela Michetti.

“Nosotros hemos planteado propuestas para reformular la SI, como quitarles las escuchas, que deben pasar a la Corte y no estar en manos de la Procuración como dijo la Presidenta, además de un control más riguroso sobre sus recursos económicos y crear la policía judicial. Pero primero tenemos que ver el texto del proyecto para manifestar una opinión sobre el mismo”, dijo el massista Adrián Pérez.

“Antes de reformar nada que expliquen el desastre que han hecho con la Inteligencia en estos once años”, sumó Stolbizer. “Estamos ante el maquillaje del mismo estado de cosas; salió (Antonio) Stiuso, pero deja con poder y recursos a Milani y Aníbal Fernández, los verdaderos jefes de la Inteligencia”, agregó el diputado Sánchez, de la CC. “¿Qué podemos esperar de que las escuchas queden bajo el control de una funcionaria como Gils Carbó?”, preguntó Fernando “Pino” Solanas. En el mismo sentido, el socialista Hermes Binner planteó que “dotar de más poder, a través de las escuchas, a una procuradora como Gils Carbó, que demostró parcialidad en su accionar, es peligroso”.