Por la tarde de ayer ingresó finalmente al Congreso el proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), anunciado el lunes pasado por la presidenta Cristina Fernández. La iniciativa que el Poder Ejecutivo envió al Senado disuelve la actual Secretaría de Inteligencia, constituye en un plazo no mayor a 90 días la nueva AFI y traspasa la oficina encargada de las escuchas telefónicas a la órbita del Ministerio Público Fiscal. Este martes comenzará a ser tratado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta y se espera que asistan funcionarios del gabinete nacional. “Este proyecto constituye un paso fundamental para la democracia, y dado que ha quedado en evidencia que algunos sectores de los organismos de Inteligencia se han considerado superiores o no alcanzados por la democracia, es que, aprovechando la experiencia de la ley anterior, se eleva la presente con un mayor contenido democrático, fortaleciendo la política de Inteligencia”, concluyen los fundamentos del texto firmado por el Poder Ejecutivo.

Por la mañana se publicó en el Boletín Oficial el llamado a sesiones extraordinarias desde el 1º hasta el 28 de febrero. En el temario, no sólo se incluye el proyecto ingresado ayer, sino que también figuran “acuerdos para designaciones y promociones” así como “tratados, convenios y acuerdos internacionales”.

En su mensaje dirigido al Congreso, la Presidenta retoma varios de los conceptos planteados en cadena nacional. Considera la reforma de los servicios de Inteligencia como una “deuda que la democracia se debe a sí misma” y reivindica la lucha contra la impunidad como uno de los “pilares fundamentales de la acción de gobierno”. Señala el “empeño por combatir el terrorismo de Estado” y el esfuerzo por “llegar a la verdad respecto de los actos de terrorismo internacional”. En ese contexto menciona el atentado a la AMIA y advierte sobre el punto de inflexión en la relación con los organismos de Inteligencia. “Fue a partir de 2013, con la firma del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán cuando comenzamos a observar que desde ciertos organismos, más concretamente la ex SIDE, integrantes de esos servicios de información comenzaron a actuar en contra de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo”, asegura. Además, explica que cuando esa situación toma “un cariz muy evidente” se decide desplazar a la conducción de la Secretaría de Inteligencia y realizar un “reordenamiento integral de ese organismo”. No se hace alusión a la muerte del fiscal Alberto Nisman, que debía investigar la voladura de la AMIA.

Casi recogiendo el guante de las críticas anticipadas por la oposición, el Ejecutivo afirma que la iniciativa “no es sólo un cambio de nombre”. “No se trata de cambiar algo para que nada cambie, también es más profundo que la mera disolución de la ex SIDE”, afirma. No se trata de una ley nueva sino de la modificación de distintos artículos de la actual Ley de Inteligencia nacional, enmarcándola en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos suscriptos por Argentina.

Se limitan las actividades de Inteligencia interior a la investigación en materia de delitos federales complejos, Inteligencia criminal compleja o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático.

El director y subdirector de la AFI tendrán el rango de ministro y secretario, respectivamente y serán designados por el Poder Ejecutivo, con aval del Senado. La iniciativa no establece mayorías calificadas para el respaldo parlamentario, por lo que se entiende que será necesaria mayoría simple. “El cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional”, sostiene el artículo 8 del proyecto, sin establecer plazos de mandato. Quedó saldado así uno de los principales planteos de la oposición, que cuestionaba la eventual designación por parte de Cristina Fernández del jefe de Inteligencia del próximo gobierno.

Tal como se anunció en cadena nacional, se transfiere la dirección de Observaciones Judiciales (la Ojota) al ámbito del Ministerio Público. Este órgano extra poder, actualmente bajo la conducción de Alejandra Gils Carbó, “será el único encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”. Este es otro de los puntos más cuestionados por los opositores, centralmente por las críticas a la figura de Gils Carbó.

Por otro lado, la relación entre los funcionarios judiciales y los de la nueva Agencia Federal de Investigaciones estará exclusivamente canalizada a través de su director y subdirector, salvo autorización expresa. La reforma también crea un Banco de Protección de Datos, donde se centralizará la información y establece un incremento de las penas para aquellos agentes que realicen actividades indebidas.

Al disolver la Secretaría de Inteligencia se establece que traspasarán sus bienes así como también su personal. Este mantendrá “sus respectivos niveles, grados y categorías” aunque podrá asignársele “nuevas funciones derivadas de los sustanciales cambios previstos en esta ley”. Habrá que esperar a su implementación para saber si efectivamente se producirán bajas en el organismo. El proyecto propone instrumentar una “profunda reformulación en el proceso de ingreso” de nuevo personal aunque no brinda mayores detalles salvo “criterios de transparencia” y un fortalecimiento del “control disciplinario”. Se mantiene el control por parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los organismos de Inteligencia, cuya inactividad ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos y fuerzas de la oposición.