La campaña de presión de los fondos buitre contra el Gobierno puso otra vez en acción al grupo de tareas a su servicio denominado American Task Force Argentina (ATFA). Esta vez, la operación puesta en marcha para tratar de dañar la imagen argentina fue divulgar un “informe” donde se detallan cifras de la supuesta evolución del patrimonio personal de funcionarios del actual gobierno (ministros y secretarios de Estado), señalando que no se condicen con la retribución de sus cargos o ascensos en sus funciones. ATFA, que representa a los grupos especulativos más inescrupulosos del sistema financiero, cuya forma de actuar es precisamente la de hacer “pesar su influencia” sobre medios de comunicación, legisladores y magistrados para obtener sus objetivos económicos, señala en tono de alarma que “mientras el patrimonio de los funcionarios crece, la población debe sufrir las consecuencias de la inflación y el desempleo porque el Gobierno decidió entrar en default”. La burda maniobra fue respondida ayer mismo por algunos de los funcionarios aludidos (ver aparte), señalando la falsedad de los datos consignados. Con respecto a la intencionalidad de esta difusión, el ministro de Economía, Axel Kicillof, había referido más temprano que el país no aceptará someterse a las condiciones que pretenden imponer los fondos buitre desde los tribunales de Nueva York a través de “un hostigamiento con carácter mafioso”. “No vamos a aceptar que impongan sus condiciones, porque no vamos a hipotecar graciosamente al país como se hizo en los ’90 y caímos en bancarrota”.

Kicillof apuntó contra la nueva operación de los buitres. “Ponen muchos millones en American Task Force, un grupo de tareas que se dedica a hostigar con comportamientos mafiosos. Esta aparente ONG norteamericana presiona a la Argentina, tira pescado podrido para ver si alguien se asusta y va y le paga la millonada que piden, pero no va a funcionar”, aseguró. Los fondos buitre, con la iniciativa de Nancy Soderberg y Robert Shapiro, copresidentes de ATFA, presentaron ayer un documento titulado “Indice de la riqueza de funcionarios del gobierno argentino”. El informe toma datos de declaraciones juradas de distintos funcionarios pretendiendo poner en tela de juicio la “honestidad” de estas figuras públicas respecto del crecimiento de sus patrimonios. Algunos de los funcionarios que figuran son Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte; Juan Manuel Abal Medina, senador nacional por el Frente para la Victoria y ex jefe de Gabinete; Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio y actual miembro de la embajada en Roma; Sergio Berni, secretario de Seguridad; Juan Luis Manzur, ministro de Salud; Carlos Meyer, ministro de Turismo, y el ex ministro de Defensa y ex gobernador santacruceño Arturo Puriccelli, entre otros.

Asumiendo en forma directa el rol que en otras oportunidades pusieron en mano de medios locales y grupos opositores, la ATFA lanza una acusación directa de “corrupción” contra los funcionarios y le demanda a la Presidenta de la Nación que les reclame explicaciones sobre su supuesto enriquecimiento patrimonial. “¿Cómo es posible que sus funcionarios hayan aumentado su patrimonio personal mucho más allá de las posibilidades ofrecidas por sus salarios, que hayan gozado de incrementos exponenciales de sus salarios durante períodos cortos de tiempo sin ninguna modificación en sus puestos y responsabilidades?”, lanza contra las autoridades el grupo lobbista que responde a los intereses de grupos especializados en fugas y evasión de divisas, y en ataques financieros contra países que no aceptaron sus pautas de negociación.

Desde el equipo económico, que mantuvo una postura a favor de negociar con los bonistas no reestructurados en condiciones justas para el resto de los inversores que aceptaron el canje de deuda, aseguraron que las operaciones de los fondos buitre no amedrentarán al Gobierno. “No se puede hipotecar graciosamente al país, ya lo hicieron en los ’90 y caímos en bancarrota, no se va a hacer de nuevo”, mencionó Kicillof ayer en una entrevista radial. Agregó que el intento de los fondos especulativos para cobrar sumas injustificadas a través del hostigamiento se ha reiterado en más de una ocasión en el último tiempo. “No hace mucho, en diciembre, hablé del tema debido a que nos habían puesto ante un presunto precipicio porque se terminaba la cláusula RUFO”, indicó.

La propuesta del Gobierno para los fondos buitre continúa siendo la misma que se planteó al comienzo de las negociaciones. En el equipo económico ofrecieron a los holdouts 400 millones de dólares, para igualar las condiciones que recibieron los bonistas que aceptaron reestructurar su deuda, pero los buitres exigen más de 1600 millones de dólares. “Si van a pedir cualquier barbaridad, no se puede. Porque esos 1600 después se pueden transformar en más de 20.000 millones. Tienen una tremenda obstinación en cobrar en los términos que les dijo el juez Griesa”, apuntó el ministro de Economía, quien se ocupó en persona de defender la postura argentina ante el mediador Daniel Pollack.