Se ha convertido un lugar común decir, a propósito de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que “cosas como éstas sólo ocurren en la Argentina”. Una nota aparecida en la página de opinión de The New York Times del martes 10 de febrero abona la supuesta verdad contenida en esa afirmación que, como era de esperar, fue reproducida y agigantada hasta extremos indecibles por la prensa hegemónica y los intereses del bloque oligárquicoimperialista empeñado en acelerar, también en la Argentina, un “cambio de régimen” sin tener que atenerse a los plazos y nimiedades establecidas por la Constitución y la legislación electoral. Y decimos supuesta porque si hay algo que enseña la historia comparada contemporánea es que casos como el de Nisman: muertes sospechosas, imposibles de certificar si fueron suicidios o asesinatos, no son infrecuentes en las principales democracias del mundo. Casos que, casi invariablemente, se archivaron rápidamente señalando causas y culpables de menos que improbable verosimilitud.

En lugar de sermonear a los argentinos por el caso Nisman, The New York Times podría hacerle un servicio a su país si investigase seriamente el asesinato de John F. Kennedy o el de otros connotados personajes de la política norteamericana que murieron bajo asombrosas circunstancias, para decirlo con benevolencia. La forma en que se investigó y se cerró el caso de JFK con el Informe Warren que dictaminó que Lee H. Oswald actuó en solitario para matar a JFK y herir al gobernador Connally, y que Jacob Rubenstein (a) Jack Ruby, un conocido hampón y narcotraficante de Dallas, hizo lo mismo al matar a Oswald dos días después en la propia comisaría. Pocas cosas contribuyeron tanto al descrédito del sistema judicial de Estados Unidos como ese informe refrendado por la Corte Suprema de ese país. El NYT, que con tanto entusiasmo adhirió a la absurda teoría de que había armas de destrucción masiva en Irak, haría bien en tratar de develar las razones y consecuencias de una mentira que costó millones de vidas, heridos y gentes desplazadas; o de ilustrar a sus lectores qué ocurrió con Osama bin Laden, cuya supuesta muerte en mayo del 2011 quedó sellada en las profundidades del océano Indico mientras un espectro de sospechas corroe hasta el tuétano la credibilidad de la Justicia y el gobierno de Estados Unidos, lo mismo que los macabros misterios –cada vez menos herméticos y más cuestionados– que rodean los sospechosos atentados del 11S.

La lista sería tan extensa que necesitaríamos una página simplemente para enumerar las principales muertes de altos funcionarios o personas muy allegadas al poder político en Estados Unidos. Tomemos el caso de dos ex directores de la CIA. William Colby lo fue entre 1973 y 1976, falleció en 1996 mientras hacía una solitaria excursión en canoa en un río cercano a su domicilio en Maryland. Colby duró poco en su cargo; no era muy bien visto por sus colegas en la Agencia porque sentía que algunos de sus “agentes operativos” (vulgo: killers) gozaban de demasiadas prerrogativas y desconfiaba de los verdaderos propósitos de algunas de sus operaciones secretas. Otro ex director de la CIA, William J. Casey, dirigió la agencia entre 1981 y el año de su muerte, 1987, sirviendo en tal calidad durante casi todo el período presidencial de Ronald Reagan. Casey, un fundamentalista católico, carecía de los escrúpulos que llevaron a su predecesor a sufrir un fatal accidente náutico. Pero tuvo mala suerte también él, porque falleció pocas horas antes de testificar en el Congreso sobre la criminal operación IránContra y también sobre la intervención de la CIA en el reclutamiento y organización de los mujaidines afganos bajo el liderazgo de Osama bin Laden. La versión oficial, apta sólo para ingenuos incurables, es que Casey padecía de un extraño tumor cerebral que de la noche a la mañana se agravó hasta privarlo del habla y, un par de días después, despacharlo al otro mundo. Otro caso interesante es el del senador republicano John Tower, que a mediados de los setenta presidió junto con el demócrata Frank Church un comité que examinó el papel de la CIA en el golpe de Estado de Chile de 1973. En el curso de la investigación se descubrió que la CIA estaba desarrollando una pistola altamente sofisticada que podía eliminar enemigos políticos inoculándoles bacterias o gérmenes letales mediante el disparo de un rayo ultracongelado que penetraba en el organismo de la víctima sin que ésta fuera consciente de ello. Tower murió en un accidente de un pequeño avión de línea regional. Otro desafortunado fue Vincent Foster, un amigo y consejero del presidente Clinton, que supuestamente se suicidó en 1993. La investigación estuvo plagada de irregularidades, incomprensibles en el caso de un sujeto tan cercano a la familia presidencial, nacido y criado en el mismo pueblo en Arkansas. Un informe señala que llamó al celular de Hillary Clinton unas pocas horas antes de su muerte. El caso se catalogó como suicidio y asunto concluido.

Como vemos, el NYT tiene una lista de temas bastante extensa para preocuparse, además del caso Nisman. Si cruzamos el Atlántico las cosas no mejoran. Uno de los incidentes más resonantes de los últimos tiempos es el del notable científico británico y autoridad reconocida en el tema de la guerra bacteriológica: David Christopher Kelly. Había sido inspector de la ONU en Irak en aquella búsqueda absurda de las supuestas armas de destrucción masiva y que todos sabían que no estaban allí. Kelly fue llamado a testimoniar ante el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico y se produjo un áspero debate en donde refutó inapelablemente la postura de los secuaces parlamentarios del primer ministro Tony Blair, íntimo aliado de las mentiras y crímenes de George W. Bush. Dos días después, y en medio de la conmoción que habían producido sus declaraciones, Kelly apareció muerto. La información oficial dijo que se había suicidado, y a diferencia de lo ocurrido hasta ahora con Nisman, la comisión parlamentaria dirigida por Lord Hutton resolvió, luego de una pericia más que superficial, archivar todos los elementos probatorios del caso (incluyendo la autopsia y las fotografías del cadáver) y resguardarlos como material clasificado por un plazo de 70 años. Este sí es un caso de “encubrimiento” que debería despertar las iras de tantos políticos argentinos que con total irresponsabilidad apelan a esa figura jurídica, aunque demuestran su incoherencia, o mala fe, cuando se cuidan de aplicarla a quienes conspiraron para encubrir “la pista siria” y la “conexión local”, también involucrados en el criminal atentado de la AMIA y, no olvidemos, de la Embajada de Israel, de la cual sorprende lo poco que se habla.

Podríamos seguir con este listado: mencionemos sólo otros dos en suelo europeo. El del papa Juan Pablo I, que entra en esa misma categoría de crímenes irresueltos, aunque un pesado manto de silencio impidió que se investigara tan exhaustivamente como ocurriera con JFK. Otro: Olof Palme, asesinado en las escalinatas de una calle céntrica de una ciudad segura y tranquila como Estocolmo, sin haberse jamás hallado al magnicida cuando en Suecia hasta el ratero más insignificante es aprehendido por las fuerzas policiales en menos que canta un gallo.

De lo anterior se desprende que el discurso que proclama una suerte de aberrante “excepcionalismo” argentino carece de fundamento. Por supuesto, esto no equivale a minimizar la gravedad de la muerte del ex fiscal o a cerrar los ojos ante la impericia con que actualmente se está investigando el caso Nisman; o no investigando la muerte de los 10 bomberos en el harto sospechoso incendio de Iron Mountain en Barracas, entre tantas otras causas que merecerían la minuciosa investigación de nuestros fiscales. Pero, por favor, terminemos con eso de que estas cosas sólo pueden ocurrir en la Argentina.

* Investigador Superior del Conicet y director del PLED.