El juez federal Daniel Rafecas anticipará la vuelta de sus vacaciones y mañana ya empezará analizar el requerimiento del fiscal federal Gerardo Pollicita para que se investigue la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte, en la que involucró a Cristina Kirchner, al canciller Héctor Timerman y otras personas. Rafecas deberá evaluar si la presentación tiene entidad como para abrir una causa y ordenar medidas de prueba, para lo cual cuenta con un plazo de tres a cinco días. También estudiará un escrito de la Procuración del Tesoro que refuta la acusación.

Pollicita presentó su requerimiento de instrucción el viernes último y pidió 50 medidas. Lo que hizo, como era esperable, fue dar impulso a la denuncia presentada por su colega fallecido. Lo citó con comillas y usó el potencial, sin pedir indagatorias. El dictamen de Pollicita no agrega nada, y dice que habrá que investigar. El planteo de Nisman fue que a su entender la Presidenta dio una directiva para montar un plan de encubrimiento de los iraníes sospechosos del ataque terrorista porque lo que se buscaba era lograr mejorar las relaciones económicas con Irán. Según se desprende de la presentación de la Procuración, se basó en hechos inexistentes: decía que se buscó levantar las alertas rojas contra los iraníes con pedido de captura, algo que el entonces secretario de Interpol Ronald Nobel refutó; que se iba a presentar una pista falsa acusando a “fachos locales” del atentado, lo que nunca nadie presentó ni al juez ni al fiscal, y que se canjearían granos argentinos por petróleo iraní, cuando la Argentina nunca compró petróleo a ese país ni tiene refinerías apropiadas.

Según Nisman, el Memorándum de Entendimiento con Irán, que buscaba lograr la declaración indagatoria de los iraníes, en realidad era la forma de allanar su impunidad. Pollicita pone en un primer plano a la Comisión de la Verdad que se proyectaba, con juristas internacionales, que nunca se creó. El memorándum fue votado por el Congreso.

Cuando hizo su presentación el 14 de enero, Nisman no adjuntó pruebas sino que citó escuchas telefónicas a Yussuf Khalil, un argentino de la comunidad chiíta. De ellas se supone que surge su imputación al diputado camporista Andrés Larroque, a los dirigentes Luis D’ Elía (Miles) y Fernando Esteche (Quebracho) y al supuesto espía Allan Bogado. En esas llamadas por supuestas gestiones con Irán, no hablan ni la Presidenta ni el canciller Héctor Timerman.