El viernes 6 de febrero pasado, los hutíes chiítas dieron un golpe en Yemen contra un régimen permisivo con Al Qaida donde se había entrenado uno de los terroristas que atacó a la revista Charlie Hebdo en París. Lo paradójico de la situación es que el golpe fue respaldado al mismo tiempo por Irán y por Estados Unidos y que los hutíes desfilan al grito de ¡Muerte a Estados Unidos! El Consejo del Golfo, algunos de cuyos países están sospechados de financiar al Estado Islámico en Irak y Siria, salió en defensa del régimen depuesto. Y, para completar la ensalada, los países del Golfo son aliados importantes de Estados Unidos en la confrontación con Irán.

Cuando en Irán gobernaba el conservador ultrachiíta Mahmud Ahmadinejad y en Estados Unidos el presidente era George Bush, con su vice Dick Cheney en representación de todo el dispositivo de la industria armamentística, los dos países estuvieron a punto de iniciar una guerra. El lobby de esta industria maneja gran parte de la política estadounidense y por consiguiente tiene gran influencia sobre los Servicios de Inteligencia. Durante ese período, Israel va pasando de gobiernos conservadores a otros ultraconservadores que insistían en presionar a Estados Unidos para lanzarlo a esa guerra.

Con la salida de Ahmadinejad y de Bush, que fueron reemplazados por los gobiernos más moderados de Hasan Rouhani y Barack Obama, la situación se distendió y comenzaron negociaciones para regular el desarrollo nuclear iraní, que se había convertido en el principal foco de diferencias. El surgimiento de los grupos sunnitas Al Qaida y Estado Islámico redujo también la tensión con los grupos chiítas. Pero en Israel, el proceso de derechización del gobierno se acentuó con la entrada del actual canciller, Avigdor Lieberman, que encabeza la agrupación racista y belicista Yisrael Beitenu. Es decir que mientras los gobiernos de Irán y Estados Unidos trataban de descomprimir, se redoblaban las presiones de Israel sobre el lobby norteamericano a favor de la guerra con Irán. Uno de los que integra ese poderoso dispositivo es Paul Singer, la cabeza del principal fondo buitre que hostiga a la Argentina.

Este domingo, el líder supremo de Irán, el religioso Alí Jamenei, dijo que estaba dispuesto a cerrar un acuerdo nuclear con Occidente. Fue una señal enorme para lo que ha sido el discurso agresivo del régimen iraní. Pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo también este domingo, en una reunión de gabinete, que “vamos a hacer todo y tomaremos cualquier acción para frustrar este malo y peligroso acuerdo”.

Este escenario alocado de cruces y alianzas se verifica en Siria, que empezó con una alianza de todos contra el gobierno sirio y giró hacia una guerra de todos contra el Estado Islámico, que al comienzo había sido apoyado por los sauditas, Kuwait, los emiratos y también por el gobierno turco ligado a los Hermanos Musulmanes de Egipto. Pero el gobierno israelí no está preocupado por los terroristas sunnitas de Estado Islámico o Al Qaida, como el resto de Occidente, sino por la agrupación chiíta libanesa Hezbolá, ligada a los iraníes y que combate al Estado Islámico en Siria. El gobierno israelí mira con inquietud que las potencias occidentales desvíen su atención hacia el terrorismo sunnita y aflojen la tensión con Irán.

En este terrible berenjenal navegó la investigación de la causa AMIA, sobre todo vinculada a los servicios de Inteligencia de Estados Unidos e Israel a través del ex director de operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso, y del jefe de la Unidad Fiscal AMIA, Alberto Nisman, quien intervenía en la causa desde el año 1997, desde el gobierno de Carlos Menem, que fue el que acordó la participación de estos servicios extranjeros en la investigación. Es indudable que el origen de la campaña contra el memorándum con Irán se origina en ese escenario geopolítico complejo que tiene poco que ver con la investigación de la causa AMIA, al que, sin embargo, Nisman había priorizado por sobre la investigación misma.

La campaña comenzó cuando la Cancillería israelí expresó su rechazo al memorándum, y al poco tiempo apareció un supuesto documento interno de la Cancillería iraní difundido por dos periodistas que dijeron haberlo visto pero que nadie mostró, que sólo podía haberse originado en la Inteligencia israelí. Al revés de lo que sucedía con los gobiernos de Menem y de la Alianza, al gobierno kirchnerista le interesó siempre más el esclarecimiento del atentado que sus efectos en esa geopolítica tan compleja y delicada.

El punto más escabroso de esta situación es que desde hace varios años el fiscal Nisman prácticamente no había realizado ningún otro aporte para la causa AMIA, que había quedado planchada. Y, en cambio, había dedicado todos sus esfuerzos al memorándum que tanta irritación había provocado en los sectores proclives a la guerra con Irán. No era su prioridad como fiscal, sino la de esos sectores. La suya tendría que haber sido la investigación. Pero su última acción no fue en función de la investigación de la causa AMIA, sino una denuncia donde el memorándum se convertía en parte de una operación casi elemental contra el gobierno argentino. Esa denuncia no estaba sustentada en pruebas sino en una visión política, y no tenía ningún peso jurídico. La única razón por la que esa denuncia pudo trascender fue la muerte trágica del fiscal, lo cual hace aún más oscuras las circunstancias en que se produjo.