El regreso formal del juez federal Daniel Rafecas a su despacho coincide con el día de la marcha de los fiscales, pero le quedarán cinco días hábiles de oxígeno para decidir qué hace con el requerimiento que presentó el fiscal Gerardo Pollicita, donde pidió que se investigue la denuncia contra Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otras personas por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA que hizo Alberto Nisman días antes de morir. Era evidente que Pollicita impulsaría una causa, pero su presentación no agrega nada a lo dicho por su colega, sólo plantea investigar si alguien violó la ley. Para eso propuso 50 medidas de prueba. Podría ser que el juez ordene algunas, pero antes que eso debería analizar jurídicamente si en la descripción del fiscal hay datos que indiquen un posible delito de una, algunas o todas las personas señaladas. A eso se refirieron varios juristas –Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Julio Maier y se sumó Luis Moreno Ocampo– al decir que no ven ni siquiera la preparación de un acto delictivo.

Aunque Rafecas estaba de vacaciones, siempre siguió de cerca el camino del expediente. Hasta tenía en los cálculos que si –como se preveía– Ariel Lijo se lo sacaba de encima, le podía tocar a él. Dejó argumentos escritos para rechazarlo. La Cámara se lo mandó de vuelta. Así, anticipó la vuelta de sus vacaciones. ¿Con qué se encuentra ahora Rafecas?

- Hay un requerimiento fiscal calcado de la denuncia de Nisman, con leves depuraciones, que teoriza que la Presidenta dio una directiva para encubrir a los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA con el objetivo de mejorar las relaciones comerciales con Irán. Dice que para eso se negoció el levantamiento de las alertas rojas contra los iraníes con pedido de captura y que se presentarían pistas falsas contra “fachos locales”; al final se canjearían granos argentinos por petróleo iraní. Todo esto, decía Nisman, llevó a la firma del Memorándum de Entendimiento como garantía de impunidad, con ayuda de una Comisión Internacional de la Verdad. Se basaba en escuchas telefónicas sobre líneas del argentino de la comunidad chiíta Alejandro “Yussuf” Khalil –ordenadas en la causa madre del ataque a la AMIA– donde hablaba con Luis D’Elía (Miles), Fernando Esteche (Quebracho) y un supuesto espía (que la Secretaría de Inteligencia desmiente como tal) Allan Bogado. Hablaban de supuestas negociaciones con Irán en las que aludían a la Presidenta con frases como “está cerrado muy arriba” o “lo pidió la jefa”, al ministro Julio De Vido y el diputado Andrés Larroque.

- La Procuración del Tesoro hizo una presentación que dice que no hay delito a la vista cometido por funcionarios. Señala que junto con el propio Memorándum se adjuntaron escritos que demuestran que el Ejecutivo no puede levantar las alertas rojas, que sólo lo puede pedir el juez (Rodolfo Canicoba Corral). La inexistencia de gestiones en ese sentido las señaló el entonces secretario de Interpol, Ronald Noble, en una carta aportada a la causa. Al contrario, el Memorándum –dice– era para que avanzara la causa e indagar a los iraníes. Agrega que ni Esteche ni D’Elía están habilitados “jurídicamente” para representar al país. La firma del Memorándum (aprobado por el Congreso, lo que implicaría la supuesta participación de todos los legisladores que lo votaron) no afectó el devenir de la causa. Argentina no compró petróleo iraní ni podía hacerlo por no haber refinerías apropiadas. La Comisión de la Verdad nunca se conformó. Según advertía Nisman, facilitaría el acceso a los iraníes a las pruebas, pero la Procuración marca que es parte del derecho de defensa. Nadie presentó pistas de “fachos locales”.

Rafecas –bien tratado hasta el momento por los medios, aunque incómodo con un pedido de remoción del oficialismo que arrastra por el caso Ciccone– ahora puede limitarse a hacer un análisis jurídico y decir si hay posible delito y a quiénes investigar. Puede pedir algunas medidas que sugirió Pollicita: allanamientos, análisis de llamados, ubicación de los teléfonos (Nisman, por ejemplo, le daba crédito a que D’Elía se jactaba de estar en la Casa de Gobierno), documentación y testimonios. A Rafecas, casualmente, un tribunal oral le invalidó la prueba de los sobornos del Senado basada en llamadas y ubicación de teléfonos. En unos días se sabrá hacia dónde va esta parte del expediente Nisman.