La Secretaría de Inteligencia (SI) que conduce Oscar Parrilli emitió un “alerta” para que la Dirección Nacional de Migraciones le informe cada vez que el ex director de Operaciones de la ex SIDE Antonio “Jaime” Stiuso entra y sale del país. El dato lo reveló el titular de la Dirección de Migraciones, Martín Arias Duval, ante un pedido del juez federal Luis Rodríguez en la causa que investiga amenazas recibidas por el fallecido ex fiscal Alberto Nisman, su ex esposa Sandra Arroyo Salgado, y que también involucran a Stiuso. La semana pasada el Ministerio de Justicia anunció que era necesario “extremar los recaudos posibles para brindarle la máxima protección estatal” a Stiuso, quien semanas atrás había denunciado amenazas en su contra y había pedido protección para sus hijas en el marco de la causa que tramita en el juzgado de Rodríguez.

Santiago Blanco Bermúdez, abogado de Stiuso y ligado también a la ex SIDE, presentó un escrito ante la Justicia en el que informó que el 18 de febrero, tras declarar por la muerte de Nisman, el ex hombre fuerte de la SIDE fue demorado por Migraciones cuando salía rumbo a Uruguay por el paso de Paysandú-Colón. El abogado le informó el dato a Rodríguez, quien envió un oficio a Arias Duval, titular de Migraciones, para que informara los motivos de la demora en la frontera. El funcionario respondió que Migraciones había recibido un pedido de alerta de la SI para que informara a dos celulares del organismo cada vez que Stiuso entre o salga del país. Rodríguez, juez también vinculado con la ex SIDE y con Stiuso en particular, le envió un oficio a Parrilli para que informe en qué marco se emitió el alerta y si existen actuaciones administrativas en la SI contra Stiuso.

El viernes pasado el Gobierno informó que puso a disposición de Rodríguez “todos los recursos” del Ejecutivo para garantizar la seguridad de Stiuso. El ministro de Justicia, Julio Alak, hizo una presentación entonces ante el juzgado de Rodríguez en la que señaló que “sin perjuicio de que el nombrado (Stiuso) ha rechazado la custodia oportunamente ofrecida, resulta necesario extremar todos los recaudos posibles para brindarle la máxima protección estatal”. Según el escrito, el Estado ofreció inclusive la posibilidad de incluir a Stiuso en el Programa de Protección a Testigos e Imputados en los términos y condiciones provistos por la ley 25.764. El Código Procesal Penal establece que “desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto” del derecho a “la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia”, recordó Alak.