La jueza federal de San Isidro y ex mujer del fallecido fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, presentó ayer un escrito ante los tribunales federales porteños proponiendo que se evalúe si es necesario incrementar su custodia personal y la de su familia. El pedido de la jueza, que actúa como querellante en representación de las hijas que tuvo con Nisman, se produjo un día después de la conferencia de prensa en la que aseguró que el ex fiscal no se suicidó, sino que fue víctima de “un magnicidio de proporciones desconocidas que merece respuestas de parte de las instituciones de la República”.

Arroyo Salgado presentó el documento en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez, donde tramita una causa por amenazas recibidas por Nisman y su familia en los últimos años. La abogada y querellante pidió que se analice el esquema de seguridad que el Estado les brinda a ella y a sus hijas y si eventualmente es necesario modificarlo. Para ello, reclamó la designación de un “especialista” que determine si el esquema actual de su núcleo familiar es “suficiente”. El planteo fue canalizado por el juez Rodríguez, quien ayer mismo envió un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que evalúe la situación.

Las dudas de Arroyo Salgado sobre las garantías de seguridad para ella y su familia surgieron después de la conferencia de prensa del jueves, cuando presentó como “verdad confirmada científicamente” la opinión de los peritos que contrató en nombre de sus hijas y de su ex suegra, Sara Garfunkel. El informe, del que sólo se conocieron las conclusiones, difiere del que habían realizado los peritos del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia.