Por orden de la jueza Fabiana Palmaghini, y a pedido de Sandra Arroyo Salgado, la Policía Metropolitana allanó ayer durante más de seis horas el departamento donde vive en Martínez Diego Lagomarsino, el informático de confianza de Alberto Nisman. La ex esposa del fiscal fallecido intentó vincular al técnico con la muerte en una presentación que hizo el viernes último en base a datos del informe de sus peritos forenses, quienes ubican el deceso el sábado 17 de enero en la tarde-noche, una franja en la que Lagomarsino declaró haber estado en el departamento de Nisman quien, según su relato, le pidió prestada el arma de la que salió el disparo mortal. Arroyo Salgado intenta rebatir los resultados de la autopsia y las pericias oficiales, que apuntan a un suicidio ya que por ahora no hay rastros de participación de terceros y que sitúan la muerte el domingo al mediodía. También apunta a desacreditar que haya sido el propio fiscal quien se conectó a Internet ese domingo por la mañana, como se certificó al inicio de un peritaje tecnológico, que fue interrumpido abruptamente por la intervención de Arroyo Salgado, quien sugirió que el joven informático podía acceder a esa computadora en forma remota. El abogado de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi, presentó un recurso para que la jueza reanude ese estudio, en el que se iba a analizar el contenido de teléfonos, computadoras, discos, agenda y otros artefactos del fiscal de AMIA. “Es una de las pocas veces que me ha tocado enfrentar a una querella que tiene por objetivo obstaculizar la investigación”, le dijo Rusconi a Página/12.

Los agentes de Delitos Informáticos de la Policía Metropolitana llegaron al edificio donde vive Lagomarsino, en Monseñor Larrumbe 3151, cerca de las 17.30 y entrada la noche continuaban revolviendo la vivienda. Incautaron una ipad, dos ipods, al menos un pendrive, discos compactos, discos rígidos, la memoria de una cámara, consolas de juego de sus hijas, cd’s que contendrían series de televisión y también se llevaron ropa y una zapatilla de Lagomarsino. La orden de la jueza Palmaghini pedía el secuestro de notebooks y televisores inteligentes, pero sólo habrían encontrado un televisor viejo. Computadoras, ninguna. Tampoco se habría hallado ninguna documentación vinculada con el caso.

Lagomarsino es el único imputado hasta el momento en el expediente, por haberle entregado a Nisman sin ser legítimo usuario el arma que le causó la muerte, una Bersa calibre 22. El informático declaró enseguida en la fiscalía de Viviana Fein que él había ido a ver al fiscal el sábado 17 de enero a la tarde, alrededor de las cinco, y que allí le pidió prestada un arma con el argumento de que desconfiaba de su custodia y temía por sus hijas. Lagomarsino dijo que volvió a su casa en zona Norte, buscó el arma, y se la llevó, cuando ya eran cerca de las ocho. Las cámaras de Autopistas urbanas y Autopistas del sol, por los horarios en que atravesó los peajes, corroboran su relato. La última lo capta de regreso pasadas las 20.30. Cuatro días antes, Nisman había presentado la denuncia por encubrimiento contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otras personas. El lunes 19 tenía que presentarse en el Congreso para explicar los pormenores. El domingo 18 su madre, Sara Garfunkel, lo encontró sin vida en baño del departamento.

Arroyo Salgado hizo bien explícita su embestida el jueves de la semana pasada, cuando encabezó una conferencia de prensa en la que dijo que, a través de un dictamen de sus peritos –Daniel Salcedo, Julio Ravioli y Osvaldo Raffo– tenía evidencias “científicas” de que la muerte de Nisman no fue ni accidente ni suicidio, sino que lo mataron. Allí surgieron los primeros datos que hacían suponer que comenzaba a apuntarle a Lagomarsino. El allanamiento de ayer es parte de esta pelea, que en realidad tuvo un punto álgido antes, el miércoles de la semana pasada. Ese día, por una orden que había firmado Fein el 5 de febrero se inició después de casi un mes de idas y vueltas un peritaje informático destinado a extraer y analizar el contenido de los celulares, computadoras, ipad, agenda, discos rígidos y otros artefactos de Nisman. La fiscal había dicho públicamente que era un estudio clave para saber cómo habían sido las últimas horas de Nisman y en qué situación se encontraba. Los peritos de parte, coordinados por la división Apoyo Tecnológico de la Policía Federal, se reunieron y apenas comenzaron a analizar la primera computadora, surgió que el navegador había sido utilizado el domingo por la mañana. El perito de Lagomarsino enseguida indicó que eso podía ser indicador de que el fiscal estaba con vida. El perito de la querella se retiró por un rato, y cerca de media hora después llegó una resolución de la jueza, que impedía a los peritos “visibilizar” lo que había en los artefactos y ordenaba que fuera enviado a su juzgado.

El dato de la navegación era evidentemente contradictorio con el que Arroyo Salgado señala como el horario de la muerte. Con la pericia tecnológica suspendida, el jueves anunció la teoría del “magnicidio” y las sospechas sobre Lagomarsino. El viernes, su representante –el defensor oficial Germán Carlevaro– mandó un correo electrónico al juzgado anunciando que pediría un allanamiento para incautar material informático, electrónico y toda la ropa de Lagomarsino. Al rato, lo pidió por escrito, con estos argumentos: que la muerte fue (según los peritos de parte) 36 horas antes de la autopsia (que se hizo el lunes a la mañana); que Lagomarsino estaba en la vivienda “en el momento en que pudo haber tenido lugar la muerte violenta”; que el perito informático de la querella dijo que una de las notebooks tuvo una conexión el domingo; que Rusconi afirmó que era una conexión “remota”; el arma utilizada era de Lagomarsino; él fue la última persona que lo habría visto con vida; que el técnico “se hallaba en condiciones de entrar remotamente a la computadora” de Nisman y sus aparatos de telefonía.

Palmaghini instaló el viernes el secreto de sumario y con fecha de anteayer, domingo 8, firmó una resolución. El texto dice que hace lugar al pedido de Arroyo Salgado -jueza federal de San Isidro- porque toda querella tiene derecho a “incorporar y sugerir medidas de prueba”. A la vez, señala que le llama la atención “la urgente diligencia reclamada más de cuarenta días después de ocurrido el deceso de Nisman” y advierte que “desentona” con “el ritmo impreso a la obtención de las cámaras de seguridad de Le Parc” (que, explica, darían cuenta de la vestimenta que llevaba Lagomarsino cuando fue a ver al fiscal a su casa y que “se pretende incautar”) así “como el tiempo exhibido por la pericia que a raíz de diversos planteos se encuentra virtualmente paralizada desde hace un mes”. Esto último alude al peritaje informático que resultó interrumpido, también por pedido de la ex esposa del fiscal fallecido, medida que ayer fue cuestionada por Rusconi, defensor del técnico. Rusconi le pidió a la propia jueza que revoque su decisión y que se reanude el estudio sin tener que llegar a la Cámara de Apelaciones. Para él, la objeción de la querella fue “extemporánea” ya que había consentido la realización y el inicio del peritaje y que el único objetivo que entrevé es que se dilate el proceso.

“Es llamativa la preocupación de la querella por impedir el acceso procesal a la información que surge de la computadora personal de Nisman. Es una de las pocas veces que me ha tocado enfrentar a una querella que tiene por objetivo obstaculizar la investigación”, le dijo Rusconi a Página/12. “Yo nunca afirmé, contra lo que dice Arroyo Salgado, que el acceso a la computadora de Nisman el día domingo en horas de la mañana puede haber sido remoto. Todas las partes sabían ya el jueves y el viernes cuando pidieron el allanamiento que está certificado técnicamente que el acceso fue local (desde el departamento en Puerto Madero)”, añadió. A eso se refiere uno de los señalamientos de la jueza Palmaghini: dice que cuando se inició el análisis tecnológico se estableció que había una navegación por internet a las 7.36. Había conexiones con al menos tres portales de diarios (Perfil, La Nación y Clarín) y con el correo personal, como informó Página/12. Palmaghini señaló como una contradicción que la querella le reclame evitar filtraciones a la prensa y que pida un allanamiento por email. Aun, con estos reparos, el departamento de Lagomarsino fue revisado de punta a punta hasta la noche.