El dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, está procesado desde hace dos años y cuatro meses en dos causas como cómplice de la privación ilegal de la libertad de 29 trabajadores del ingenio, ocurrida en marzo y julio de 1976. Los expedientes deben cerrar la etapa de instrucción y ser elevados a juicio oral, pero llevan esa misma cantidad de tiempo sin avances. Las causas estuvieron detenidas un año en la Cámara Federal de Salta por apelaciones de querellantes y defensas. Y desde hace más de un año están paralizadas en la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. En diciembre de 2014 se hizo una audiencia pública llamada “in voce” con la presencia de todas las partes. Los camaristas debían pronunciarse en unos veinte días hábiles, pero los plazos que habitualmente se cumplen volvieron a retrasarse. “Esto es grave –explica María José Castillo, abogada, representante de las víctimas–: Nosotros estamos diciendo que la Sala deje libre la causa: que devuelva la causa. Nosotros queremos hacer el juicio oral en Jujuy.”

Las querellas de los organismos de derechos humanos de Jujuy vienen presentando reclamos formales e informales desde hace meses. Los abogados querellantes presentaron en febrero una queja en la Sala IV con un reclamo de pronto despacho, pero jamás les respondieron. Y para el 20 de marzo, abogados y organismos sociales y de derechos humanos de la provincia preparan una nueva presentación que incluirá un reclamo por denegación de justicia ante la Corte Suprema y la Comisión Interpoderes. Uno de los integrantes de la Sala IV hasta diciembre de 2014 fue Eduardo Rafael Riggi, quien ocupó un cargo en el Camarón, la Cámara Federal en lo Penal creada por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse para “juzgar la actividad subversiva”, fue cesanteado en 1973 durante el gobierno de Héctor Cámpora y nombrado juez en 1978 durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Carlos Menem impulsó su nombramiento en Casación. Y en este momento está denunciado por el CELS por maniobras de sobornos en la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra. Riggi ya no está más en la sala, pero su presencia en el expediente continúa porque aquella participación le dio derecho continuar en la causa.

“Los plazos para la respuesta de la Cámara están ampliamente vencidos”, dice la abogada Castillo. “El camino legal ahora es el reclamo ante la Corte como veedora de los tribunales inferiores para que cumplan los plazos que establece la ley. Allí presentaremos una queja por retardo de justicia de Casación, por la preocupación que esto genera

–¿Cuánto tiempo hace que Casación tiene el expediente?

–Más de un año. El procesamiento del juez Fernando Poviña de la primera instancia fue en noviembre de 2012. Eso se apeló. La Cámara de Salta tuvo el expediente hasta diciembre de 2013 y todo el año pasado y lo que va de éste lo tiene Casación. En términos de tiempos reales: desde hace dos años, cuando fue procesado Blaquier, que esto no se resuelve.

–¿Qué debe decidir Casación?

–Tiene dos temas. El procesamiento de Blaquier y de Alberto Lemos, el administrador del ingenio. Sobre ellos debe decir si continúan procesados tal como están hasta ahora, imputados por las privaciones ilegales de libertad. Las querellas pedimos además violación de domicilio, tormentos y homicidios, pero ellos en principio están procesados por las privaciones ilegales de libertad. Casación debe decir primero sí o no. Si amplía. O rechaza, que es lo que piden las defensas.

–¿También está pendiente la situación del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo?

–Pelazzo era abogado de las querellas y fue nombrado fiscal ad hoc en las causas. (N. de la R.: Pero llevó adelante los expedientes con fiscales titulares. En un contexto de emergencia jurídica en la provincia declarado por la Corte Suprema.) La decisión que la Cámara tiene pendiente sobre Pelazzo también es fundamental. Las defensas cuestionan la designación y piden la nulidad de todo lo actuado. Hasta ahora la Cámara de Salta dijo que él no debía participar, pero que lo hecho hasta ahora no se anula. Ni el apartamiento retrotrae los efectos de las actuaciones. Casación debe decidir ahora si toma esta línea, la de la defensa o confirma la participación.

–¿Las querellas presentaron un planteo por la participación de Riggi en el expediente?

–Sí, pero eso no prosperó porque la Sala lo rechazó.

–¿Ahora que ya no está en la Sala IV cambia algo?

–Riggi sigue participando porque era del tribunal constituido en ese momento. El problema ahora es que la causa está completamente parada. En Jujuy no quedó ninguna copia. No se está haciendo nada, ni se profundiza en lo que se podría profundizar. Hay personas que indagar a las que no se las puede indagar porque no están los expedientes. Esto es grave. Nosotros estamos diciendo que la Sala deje libre la causa: que devuelva la causa. Nosotros queremos hacer el juicio oral.

–Usualmente, ¿de cuántos días es el plazo?

–Son veinte días después de la audiencia para que las partes planteen recursos de apelación. La audiencia in voce se hizo el 4 de diciembre. Quienes vienen siguiendo estas causas y estos plazos, suelen decir que la Casación cumple usualmente estos plazos, que suele respetarlos.

–¿Y en este caso?

–En este caso pasaron cuarenta días. Tampoco respondieron el pronto despacho. Para algunos, estas cosas hacen muy notoria la demora. Las instancias recursivas no se agotan acá, siguen. Pueden seguir ante la Corte pero eso ya no trabaría el proceso del juicio. Por lo menos así sucede en todas las causas de lesa humanidad, o viene sucediendo por la Acordada de la Corte para acelerar los procesos de justicia. La causa puede llegar a la Corte, lo que no impide que físicamente el expediente vuelva a Jujuy y se fijen las audiencias.