El juez federal Julián Ercolini no les tomará por ahora declaración indagatoria a los directivos del Grupo Clarín y del diario La Nación Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, ya que consideró que aún no hay prueba suficiente para sospechar de ellos en la causa que investiga las condiciones en las que los diarios La Nación, La Razón y Clarín se hicieron de la más grande productora de papel de diario argentina, Papel Prensa. “No existe en esta causa motivo bastante para sospechar que los denunciados han participado en la comisión de los delitos que se les atribuyen”, concluyó el titular del Juzgado Federal número 10 en rechazo a la solicitud que le hizo el miércoles el fiscal federal Leonel Gómez Barbella para que citara a los tres empresarios de medios gráficos, al abogado Guillermo Juan Gainza Paz y al ex secretario de Desarrollo Industrial de la última dictadura Raymundo Juan Pío Podestá como imputados de extorsión y persecución. El juez esperará al resultado del peritaje de tasación histórica y contable de la empresa al que considera la prueba más importante de la causa. El estudio lleva casi un año de trabajo, pero su fin no se observa cerca. Las querellas no restaron valor a la pericia, pero insistieron en la existencia de pruebas que justifican las indagatorias, a más de cuatro años de investigación judicial. Al igual que la fiscalía, aguardarán recibir la notificación correspondiente para definir los pasos a seguir.

Menos de un día tardó Ercolini en expedirse sobre el pedido de Gómez Barbella. A diferencia de los reclamos similares presentados por las partes querellantes anteriormente, el juez dio a conocer su rechazo “dadas la reiteración de solicitudes, la trascendencia y expectativa pública que ha tomado el caso y la sensibilidad de las cuestiones en juego”, aclaró en el texto de ayer. En cinco carillas explicó que considera que no existe en la causa “motivo bastante para sospechar que los denunciados han participado de los delitos que se les atribuyen”. El fiscal había argumentado en 30 fojas por qué opina todo lo contrario. Antes lo habían hecho los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos; Lidia Papaleo, la viuda del empresario líder del grupo dueño de Papel Prensa, y el vicepresidente de la empresa hasta su cesión, Rafael Ianover.

Gómez Barbella entendió que la prueba existente en la causa, testimonios de los protagonistas, incluso de miembros de la última dictadura, actas de las juntas y recortes periodísticos, es “suficiente” para considerar que el traspaso de Papel Prensa fue una “apropiación ilegítima” ya que los integrantes del grupo Graiver –Papaleo, Ianover y otros– fueron obligados a cederla a Magnetto, Herrera de Noble y Mitre bajo amenaza de muerte y quienes en representación de esos medios participaron de la operación sabían de tales condiciones. Para Ercolini esa certeza “no existe”.

Sin hacer gruesa referencia a la prueba citada por el fiscal en su solicitud, el juez indicó que esperará a “diversas medidas probatorias que todavía no han concluido”. Entre ellas, destacó el peritaje de tasación histórica y contable sobre la empresa, que calificó de “muy importante”, ya que fue ordenado “con el objetivo de probar o descartar una de las hipótesis de principal sospecha surgidas por las partes accionantes: que la empresa fue vendidaadquirida a un precio vil o irrisorio”.

El peritaje implica la determinación del valor de Papel Prensa al momento en el que su propiedad pasó de los Graiver a Clarín, La Nación y La Razón y la investigación sobre cuestiones impositivas relativas a esa empresa y a Fapel SA, firma compartida por los tres diarios. Para el magistrado, el hecho de que su resultado sea en forma de “datos objetivos y documentales” le imprime “un especial carácter de validez, fiabilidad y valor demostrativo que servirá para sopesar con otros indicios que por otras vías se han agregado a estos autos”. Es decir que toda la prueba existente será tamizada por lo que diga el peritaje. El estudio fue ordenado a mediados de 2013, pero comenzó bastante después debido a que las partes se pusieron de acuerdo en sus ejes recién durante la primera mitad de 2014. Las querellas participan de la medida, pero coinciden en que no es determinante para definir las declaraciones indagatorias.

El representante legal de Rafael Ianover, Eduardo Barcesat, apuntó que “lo grave” de la resolución del juez es que “deje afuera las amenazas de muerte que recibieron las víctimas” para obligarlas a desprenderse de la empresa y “los secuestros, las torturas, que precisamente otorgan el estado de sospecha a una cuestión, necesaria para requerir el llamado a declaración indagatoria”. “No se necesita la cifra acabada de la empresa para determinar que su cesión se trató de un delito”, concluyó. En la misma línea, el abogado de Papaleo, Héctor Rodríguez, insistió en la negativa de los Graiver a vender la empresa “expresada en varias oportunidades en el expediente”: “Si una parte me quiere comprar algo que yo tengo, pero que no quiero vender y, para lograrlo, me amenazan de muerte a mí y a mi hija, por más precio que diga que pagó, la venta no se dio en buenos términos”, ejemplificó.

De todos modos, el resultado del estudio no está cerca. Las partes acusatorias atribuyen el lento avance a “los obstáculos que impone la defensa”, aunque reconocen que “falta documentación” necesaria, que fue pedida, pero que aún no llegó a los peritos. En cuanto a las otras medidas a la espera, Ercolini mencionó que se encuentran ordenadas y pendientes “distintas declaraciones vinculadas con la ocasión en la que se concretó la transferencia de acciones y relacionadas con la derivaciones económicas que tuvo”. Se busca que den su versión de los hechos Hugo Bogan, quien fue contador de Papel Prensa y vive en Miami, y la hija de Lidia Papaleo y David Graiver, María Sol Graiver, quien está distanciada de su mamá y difundió su posición cercana a su tío, Isidoro Graiver, quien insiste públicamente en que la venta se dio “en buenos términos”.