El Tribunal Oral Federal de Tucumán comenzó a juzgar ayer al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, acusado de brindar impunidad a represores en los homicidios de cinco militantes montoneros y de otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

El ex juez Martínez llega a este juicio oral y público acusado por no investigar y encubrir crímenes del terrorismo de Estado, en particular los homicidios calificados de los militantes María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen.

También está imputado como partícipe secundario en los cinco asesinatos y por la privación ilegal de la libertad de quien había alquilado a uno de ellos la vivienda en la que fueron capturados y ejecutados por policías y militares.

El juicio comenzó con dos horas de atraso debido a que dos de los jueces que integran el Tribunal debían viajar desde Córdoba y el estado de los caminos, debido al temporal de lluvia, retrasó la llegada de los magistrados.

En caso de ser hallado culpable, Manlio Martínez se convertiría en el segundo ex juez federal condenado por su participación en crímenes del terrorismo de Estado.

Martínez admitió en su declaración indagatoria que el 20 de mayo de 1976 presenció parte del allanamiento irregular de la vivienda de Azcuénaga 1816/1820, en San Miguel de Tucumán, donde fueron capturados los cinco militantes luego fusilados, en lo que la versión oficial de la época presentó como un “enfrentamiento”. El juez inició poco después una causa “pero no para investigar los homicidios sino a Miguel Romano, el propietario del inmueble alquilado a uno de los cinco asesinados, que utilizó (en el contrato) una identidad falsa”, relató el fiscal Pablo Camuña. Romano fue ilegalmente privado de su libertad, enviado a un centro clandestino de detención y permaneció encarcelado durante más de un año.