Las organizaciones de desocupados observan con desconfianza, en muchos casos con abierto rechazo, el anuncio del pago con tarjeta del plan Jefes y Jefas de Hogar. Consideran que aunque brinde la posibilidad de hacer compras con descuento, como anunció el ministro Roberto Lavagna, la tarjeta va a perjudicar a las economías de los barrios pobres, que se quedarán sin circulante, ya que las compras de alimentos se volcarán a los super e hipermercados. Formulan además objeciones sobre la verdadera efectividad del sistema para controlar la corrupción.
El subsidio alcanza a más de dos millones de desocupados. El actual mecanismo de cobro es el siguiente: cada beneficiario, DNI en mano, retira de la sucursal bancaria de su zona un cheque emitido a su nombre, que hace efectivo en una segunda ventanilla. Los bancos reciben estos cheques ya impresos. En algunas localidades el pago se hace en estadios, utilizando las ventanillas de las boleterías.
La tarjeta de débito que prepara el Gobierno estará asociada en cambio a una caja de ahorro, en la que el Estado depositará los 150 pesos del subsidio. La idea es que se pueda utilizar en los comercios con un reintegro de IVA (el monto de ese ahorro todavía está a definir). Así, el poder de compra del plan se incrementaría. Al mismo tiempo, el sistema bajaría el clientelismo, evitando el cobro de peajes por parte de los punteros.
A continuación, las principales objeciones de los piqueteros:
La economía barrial
Juan Carlos Alderete, titular de los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa, vive en el barrio María Elena, un asentamiento de La Matanza. “En los lugares como los nuestros la economía se va a deteriorar porque nosotros gastamos en el almacén de la esquina, en la despensa que te da fiado y no tiene máquinas para el débito”, dice.
“De los 150 pesos de un plan, una parte se gasta en alimentos, pero también se necesita efectivo para el boleto del micro, para comprar medicamentos y pagar servicios. En casa, por ejemplo, compramos el gas en garrafa. Por supuesto que al no pagar IVA se ahorraría un 21 por ciento, pero esta cuenta de pura matemática no considera los otros dramas del que está sin trabajo. Si el Estado garantizara poder viajar en colectivo, acceder a la salud y comprar, aunque sea una vez cada tres meses una camisa, sería otra cosa, en estas condiciones no.”
Para Alderete, en todo caso los beneficiarios deberían poder elegir si quieren la tarjeta. “Le aseguro que si alguien la elige es porque tiene algún otro ingreso en efectivo.”
Transparencia
La instrumentación de las tarjetas como un mecanismo que pondría un límite a la corrupción en los planes de desempleo es un viejo planteo del Banco Mundial. Los referentes sociales consultados por este diario opinaron que los subsidios deberían tener un mayor control, pero creen que la bancarización no elimina el clientelismo, que es una forma del abuso del poder. El clientelismo, señalan, tiene que ver con quién asigna el plan, no con la manera de cobrarlo.
“El poder del puntero es el de conseguirle el plan a un desocupado, es decir tener la llave para que figure en los listados confeccionados por el Estado”, indica. “La intermediación no se hace en el momento del cobro sino en los trámites previos.”
Es claro que para los piqueteros la falta de efectivo desfinancia sus posibilidades de realizar protestas. Las organizaciones se sostienen con un aporte de los beneficiarios, similar a la cuota sindical. El fondo común sirve para alquilar micros, tener teléfonos que faciliten el contacto con los medios y cubrir urgencias. Desde cierta mirada política, este esquema de organización es considerado como el cobro de un peaje y no como un aporte voluntario.
Juan Cruz D’Afunccio integra el MTD Aníbal Verón de Florencio Varela. El dirigente menciona otro tipo de corrupción sufrida por los desocupados. “Compañeros que cuando van al banco a cobrar se encuentran con que otra persona ya lo hizo por ellos”, dice. El fraude es sólo realizable mediante documentos falsos. “Si se puede falsificar un DNI para cobrar el plan, hacer una tarjeta trucha es aún más fácil. O darle una a quien no es desocupado.”
Los beneficios
Luis D’Elía y Jorge Ceballos, de la Federación de Tierra y Vivienda y Barrios de Pie, más cercanos al kirchnerismo que los anteriores, reconocen como ventajas de la bancarización el tema de los descuentos y la posibilidad de que la tarjeta se puedan utilizar para la gratuidad del transporte. Pero ponen sus reparos. “Si se hace para darle otro negocio a los bancos privados no estamos de acuerdo”, dice Ceballos.
D’Elía cuenta que pidió una entrevista con el Gobierno para conocer la implementación del programa. Le preocupa que “la tarjeta sirva para que el PJ centralice todo su manejo a través de las estructuras del Estado”.
Roberto Martino, del Movimiento Teresa Rodríguez, agrega un último punto: los proyectos productivos (panaderías, huertas, pequeños talleres de ropa y calzado) que está impulsando el propio Gobierno producen bienes destinados al consumo de los mismos desocupados. El Estado está empezando a financiar con subsidios esos emprendimientos. Para que sean viables, dice Martino, necesitarán de un mercado con moneda. En el mundo de los piqueteros, aun consideradas como un paliativo, estas iniciativas son la apuesta más concreta por la recuperación del trabajo.