La detención del represor y ex dictador Antonio Domingo Bussi y la incorporación a la Corte Suprema de Eugenio Raúl Zaffaroni, concretadas con diferencia de horas, reflejan el costado más virtuoso y eficaz del actual gobierno. Su decisión de regenerar el sistema político todo y de poner un límite a la impunidad de los terroristas de Estado tuvieron cabales concreciones. Se trata de avances históricos relevantes, inimaginables hace cinco meses. La voluntad oficial se aunó dichosamente con su capacidad para generar poder y consensos. Y aquí estamos, con por lo menos dos personajes públicos donde les corresponde: Zaffaroni en el máximo tribunal, Bussi en cana.
Néstor Kirchner consiguió que los senadores peronistas (de lo peorcito de la corporación política y ya es decir) se encolumnaran tras su decisión que no les gustaba ni ahí. Algunos se hicieron los cocoritos, reclamando tratamiento personalizado. Fue el caso, ya anticipado en esta columna, de los bonaerenses Antonio Cafiero y Mabel Müller. Eduardo Duhalde, que está muy viajero desde que dejó la Rosada, los llamó desde Italia y los verticalizó tras el Presidente. Lo cierto es que el vasto consenso que sigue concitando Kirchner hace que sus compañeros se pongan de su lado. El peronismo ama al éxito más que a las veinte verdades y Evita juntas. Para muestra basta un botón: Miguel Pichetto que fungió de activo operador pro Zaffaroni.
Se piden disculpas al lector, la frase anterior tiene mal colocados los signos de puntuación. La reformulamos debidamente: ¡¡¡¡Pichetto fungió de activo operador de Zaffaroni!!!!
El hombre hasta fundó su reclamo en arengas contra el establishment y las empresas privatizadas. Quién te ha visto y quién te ve. Si el menemismo entregó el país sería una metáfora pero no una exageración extrapolar que Pichetto –solito, personalmente– entregó media provincia. Pero ahora, el presidente patagónico puede traccionarlo, enancado en su éxito, Enhorabuena que así sea, el poder no sólo se construye con los convencidos, también con los conversos, los oportunistas y hasta con los snobs que quieren estar a la moda. Como decía el General herbívoro, peronistas somos todos.
Jujuy, herida y final abiertos
Entre ellos, Eduardo Fellner quien no puede quejarse del modo en que fue tratado por el gobierno nacional en estos días. Cierto es que Aníbal Fernández fatigó su celular y que Alberto Fernández no se quedó muy atrás y que ambos le bajaron línea casi sin dejarlo replicar. Esa presión determinó dos medidas que son insólitas para Fellner: el relevo del jefe de Policía y su reunión con las familias de los chicos muertos en Jujuy, uno por balas policiales, otro “suicidado” en un calabozo.
Fellner tenía la encantadora costumbre de poner militares encabezando sus policías bravas. El flamante titular de la fuerza ya no lo será.
Tal como se indicó hace una semana, la Rosada enfrentaba una tensión entre los valores que predica y lo sucedido en un territorio aliado. La forma de resolución fue un marcado perfil bajo, cero reproche a Fellner, cero funcionario poniendo el cuerpo en el lugar de los crímenes, acompasada con una firme auditoría externa sobre el gobernador. Al menos dos ministros aseguraron a este diario que el método es irreprochable “no lo matamos a Fellner pero determinamos que los hechos se esclarezcan”. Lo primero es cabal, lo segundo está por verse. Por lo demás, lo que hizo el Gobierno en este caso peculiar contradice su (valiosa) tendencia que es la de asistir a los sitios donde se cometen las injusticias o los ilícitos, tal como hizo Kirchner en tantas ocasiones y varios funcionarios de Justicia en Santiago del Estero. La presencia de figuras públicas templa a los deudos de las víctimas, aumenta el coraje de los organismos de derechos humanos, libera las conciencias y acicatea las memorias. Las investigaciones, aliviadas del aliento del poder central, parecen haber tomado un ritmo cansino, no muy K. La segunda autopsia del pibe Ibáñez fue prometida para el jueves y al cierre de esta edición (sábado por la noche) brillaba por su ausencia.
En Balcarce 50 piensan haber ganado a dos puntas: zafaron a Fellner, cumpliendo con la gente. Habrá que ver cómo sigue la película. Tanto el gobernador como sus compañeros con oficinas en Plaza de Mayo tendrán que prepararse para un nuevo, inminente, escenario: en Jujuy, como ocurrió en tantas provincias, la gota colmó el vaso. Las denuncias contra la impunidad, soterradas por el férreo poder local y sus capciosas redes judiciales y legales saldrán a la luz a borbotones. El pasado reciente de la provincia, lleno de violencia, represión y persecución a los movimientos de desocupados será puesto en la picota. Fellner tendrá que hamacarse y pondrá en un nuevo brete a sus aliados.
Una decisión de plástico
Roberto Lavagna anunció, sin especiales precisiones, que los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar (en adelante “el Plan”) recibirán una tarjeta de débito bancaria. Su haber mensual se depositaría en una caja de ahorros. Aunque el ministro tampoco lo explicitó, otros funcionarios aseguran que, amén de evitar manejos clientelares, el sistema incluirá un aumento del dinero disponible por los beneficiarios ya que las compras a hacerse con esas tarjetas tendrían reintegro del IVA.
Dicho sea como apostilla, se trata de un negocio descomunal para el sistema financiero. Los bancos se toparían con un nuevo rebusque para practicar su deporte favorito desde 2002: sobrevivir “sin hacer de bancos”, esto es, sin otorgar crédito.
Economía no comunicó la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema. Funcionarios de otras áreas aseguraron a Página/12 que eso ocurrirá en forma paulatina, previas pruebas piloto en una o dos provincias.
Es difícil compartir el optimismo gubernamental por la decisión ya que ésta luce como de muy difícil implementación. Las tarjetas de débito y el reintegro de IVA poco tienen que ver con “la economía de los pobres”. Los más humildes compran sus insumos básicos cerca de sus hogares, a comerciantes ambulantes, o bolicheros que ni por asomo pagan IVA. Es bastante inusual que esos proveedores tengan teléfono. Ni qué decir del posnet necesario para abonar con tarjeta de débito.
“¿No hay posnets en barriadas o villas? No importa, si hace falta, nosotros se los ponemos gratis a los comerciantes”, aventura un funcionario del ala voluntarista del Gobierno ante esos reparos de este diario. Tampoco es tan fácil. Cuando Domingo Cavallo bancarizó de un día para otro la economía se supo que los proveedores de estos adminículos tenían dificultades para su producción masiva. Pero, además, ¿el Estado les pagará a los quiosqueros, microemprendedores, trabajadores de empresas recuperadas o doñas que venden panes o chipá la contratación de contadores, los costos de su blanqueo, la instalación de teléfonos, las facturas ulteriores? Este sistema ha tenido profetas bien conocidos: Carola Pessino, Patricia Bullrich, el Banco Mundial, la Mesa del Diálogo, Cáritas. No parece hecho a medida para Ciudad Oculta o Purmamarca, por dar dos ejemplos bien distintos. Una de las ventajas reconocidas del Plan es haber reactivado la microeconomía de los pobres. Esta medida iría en el camino opuesto que es forzar a los más humildes a munirse fuera de sus circuitos habituales, lo que les será más incómodo, más caro. Amén de desguarnecer a otros pobres.
Y con todo, no es ese el principal problema referido al Plan. Algo que merece un párrafo aparte.
Adiós, ciudadano
El principal problema que aqueja al Plan, que la tarjeta de plástico no aborda, es que ha perdido su carácter de salario de inclusión, esto es, un salario mínimo al que tiene derecho cualquier poblador de este suelo, como piso de la dignidad ciudadana.
Urdido y plasmado en tiempo record en medio de una crisis fenomenal el Plan despuntó como un, módico, derecho universal. Todo habitante del país que reuniera determinados requisitos objetivos tenía derecho a percibir el haber mensual estipulado. Así se publicitó profusamente, como un derecho, similar conceptualmente a la jubilación o a la educación pública.
En mayo de 2002, se cerraron las incorporaciones, que hasta entonces habían llegado aproximadamente a algo más de 1.500.000 personas. El padrón se depuró luego a alrededor de 1.200.000 beneficiarios. Según un estricto trabajo de los sociólogos Alfredo Monza y Claudia Giacometti más del 60 por ciento de los beneficiarios son mujeres, lo que sugiere una nueva estructuración familiar que no suele ser muy conocida. El mismo paper revela que la mayoría de los Jefas y Jefes tienen educación secundaria incompleta, lo que sugiere un dato en el que coinciden los estudiosos: la medida no llega cabalmente a los sectores más marginados. Tal vez limitados por su propia condición los más sumergidos no se bastan, a veces, para reclamar un derecho, costearse hasta una oficina pública, llenar un formulario, amansar horas. La tarjeta de débito, valga consignarlo, añadiría una complejidad adicional para los menos capacitados: nada más democrático, más sencillo de manejar que el efectivo. Pecan de optimistas (o de poco conocedores) los que profetizan que una tarjeta bancaria (manejo de teclados, pin, claves) eliminará mediaciones. Pero volvamos al núcleo.
Desde mayo de 2002 nadie puede conseguir un alta como Jefa o Jefe. Bueno, casi nadie, porque el padrón ha venido aumentando por ampliaciones dispuestas por los gobiernos de Duhalde y de Kirchner. Hoy supera la cifra de 1.900.000 inscriptos. Pero el principio legal es que no es posible anotarse. Con lo cual el derecho ciudadano cesó en una fecha determinada, algo conceptualmente equiparable a decir que, desde el mes que viene, los que lleguen a la edad fijada por ley no podrán jubilarse. O que los chicos que el año que viene debían entrar a primer grado han perdido el derecho a hacerlo.
Las contingentes altas, otorgadas de facto, surgen como respuesta a personas muy necesitadas o a organizaciones muy aguerridas o afines al Gobierno. Estas tres categorías no se presentan en estado puro sino en surtidas combinaciones. Las organizaciones piqueteras se revalidan ante sus bases consiguiendo “planes”. Las relaciones entre los movimientos de desocupados y los gobiernos nacionales, provinciales y municipales son fluidas y plenas de picaresca. El actual gobierno nacional tiene al menos dos operadores de primer nivel que dedican una parte importante de su tiempo a la conformación de movimientos de piqueteros kirchneristas: son Oscar Parrilli y Eduardo Luis Duhalde.
Suele cuestionarse que las altas adolecen de clientelismo o hasta de corrupción. Puede ocurrir así a veces, pero se trata de una patología, acaso menor. El problema esencial es previo, estructural: aun mediando buena fe del funcionario, su decisión es discrecional. Ana y María tienen iguales derechos, una de ellas cobra y la otra no. Ya no hay derecho, sino una dádiva del príncipe.
Al estar restringidas las altas, los municipios que gerencian el Plan retacean las bajas, aún las que corresponden. ¿Para qué privarse de un bien comunitario, si no ha de entrar otro beneficiario? Con lo cual siguen inscriptos muertos, gentes que consiguieron otros trabajos, etc. La rigidez extrema del sistema obliga a los propios beneficiarios a trasgredir para no quedar a la intemperie. Si el Plan funcionara bien los trabajadores de temporada, que tienen ocupación estacional deberían”entrar y salir” al compás de su actividad. Pero si salen no entran más, así que nadie se da de baja. Defensa propia, que le dicen. Conocedores del tema refieren que muchos trabajadores “por temor a perder el Plan” rehúsan trabajos temporarios.
Estas módicas irregularidades, subproducto de lo incompleto de la acción estatal, son estigmatizadas por la troglodita derecha nativa en sus gramscianos medios escritos.
Ya que estamos con la derecha. El trabajo de Monza y Giacometti erosiona otro de sus mitos. Explicita que el 62,8 por ciento de las Jefas y Jefes cumplen contraprestación laboral y el 11,6 contraprestación no laboral. De lo cual se deduce que sólo el 25 por ciento no realiza prestación alguna. No es el óptimo, y por añadidura los trabajos que se realizan son, reconocen Monza et al “de escasa rentabilidad económica y social”. Pero lo cabal es que el problema no es la ausencia de contraprestación sino el anquilosamiento de un sistema precario pero promisorio.
Recapitulando, al haberse transformado un sistema universal en uno cerrado ma non troppo, se genera una perversa diversidad entre pobres. Las nuevas altas son potestativas lo que dificulta su control. Y terminan siendo siempre insuficientes.
La salida deseable es relanzar el Plan reinstalando el carácter universal del subsidio, lo que permitiría revisar padrones y decidir eventuales bajas. Algunos funcionarios aducen que eso es imposible dado que se duplicaría la cantidad de subsidios. Pero no aportan sustento numérico para sus afirmaciones que, por lo demás, chocan con las entusiastas previsiones oficiales sobre baja del desempleo y disminución de la población indigente. Como mínimo sería necesario censar la población virtualmente incorporable y analizar un acercamiento progresivo a la universalización.
Otro planteo minimalista sería calzar altas y bajas, permitiendo aunque sea incorporaciones por goteo.
El Plan Jefas y Jefes replica muchas características del duhaldismo que lo engendró, básicamente la de ser burdo pero eficaz. Ese manotazo de ahogado, atado con alambre, es el principal recurso de la política social en la Argentina y lo será por largo rato. Dejarlo deshilvanarse es un error que detona severas injusticias.
Que haya sido Economía quien haya hecho el único anuncio de estos meses sobre el Plan y que ese anuncio hay sido dinero de plástico, es toda una referencia.
Si en materia social el Gobierno parece errar, la oposición parece no existir. Instalado como un dato potente de la realidad, el Plan Jefas y Jefes puede ser objeto de propuestas, reformas, enriquecimientos, movilizaciones como las que hiciera otrora el Frenapo. Nada de eso surge del casi inerte espacio opositor. Tampoco del de los apoyos tácticos al Gobierno. Una pintura de situación que apena pues pareciera que el único actor dinámico, “del lado de los buenos”, es el oficialismo. Y el oficialismo, claro, tiene límites, comete errores, incurre en omisiones. La existencia “del otro” enriquece la política. Eso, en la Argentina actual, no se consigue.
Soja y petróleo
Otro anuncio que produjo solaz en el oficialismo fue la trepada, record en el sexenio, del precio internacional de la soja. Un portento que hará que la principal exportación argentina expanda aún más su frontera, que crezca el PBI, que aumente la recaudación por retenciones. Todos hechos que inducen a preservar el statu quo, que ¡ay! no es maravilloso.
No se sabe cuál es el modelo económico alternativo que ha elegido la Argentina tras la salida de la convertibilidad pero si fuera una proyección de la foto actual, sería de temer. Un país con mercado externocomprimido cuyas principales exportaciones son soja y petróleo. Esto es, productos que no tienen valor agregado, que requieren poca mano de obra y cuyo modo de producción es funcional a la concentración de la riqueza.
La política económica oficial da por supuesto que el crecimiento se mantendrá, aún sin inversión, por tres o cuatro años. Una profecía optimista, aunque más no fuera porque es optimista augurar algo a un trienio vista en estas pampas. Pero, aún si se cumplieran los augurios, no parece muy sensato esperar como principal acción contra la pobreza y la indigencia el despliegue de las producciones primarias apuntadas y otras similares.
Las políticas sociales son, como siempre que no hay incendio, las cenicientas de este Gobierno. Pero la política económica también merece un debate mejor, lo que ya es una deuda de quienes gobiernan y de los demás políticos que (por ahora) los miran por TV.