La Cámara Federal porteña abrió un nuevo camino para que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar o sus familiares puedan avanzar en los tribunales argentinos en busca de la Justicia que hasta ahora se les ha negado: remitió a los juzgados de primera instancia dos expedientes sobre crímenes perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército que estaban en su poder para que se instruya una investigación penal y, eventualmente, se castigue a los culpables. Ambas resoluciones de la Cámara Federal porteña sentaron, además, un precedente importante, como es que los delitos cometidos en el marco de la represión ilegal deben ser juzgados por los tribunales civiles y no por los militares.
Los expedientes que los camaristas porteños enviaron para ser sorteados entre los juzgados de primera instancia son dos. Uno lo recibieron después de que el juzgado federal 3 de La Plata se declarara incompetente para seguir adelante con su trámite. El otro llegó a sus manos después de haber pasado por las del juez federal Juan José Galeano.
La causa iniciada en su momento por Galeano trata sobre crímenes que tuvieron lugar en la ESMA y surgió a partir de una denuncia formulada por José Luis Bernabei sobre el modo en que durante la dictadura se arrojaban prisioneros vivos a las aguas del Río de la Plata. Bernabei afirmó ante Galeano haber conocido a una persona llamada Emir Hess, quien en su condición de piloto de la aviación naval había participado de los denominados “Vuelos de la muerte” y en su oportunidad le comentó detalles al respecto. El juez elevó el caso a la Cámara por entender que los datos podían ser de utilidad en el “Juicio de la verdad”, que apunta a determinar el destino final de los desaparecidos.
El expediente que provino de La Plata fue abierto a partir del testimonio de María Elena Vázquez, quien fue detenida por un grupo del Ejército en esa ciudad en octubre de 1976. Vázquez fue llevada a un centro clandestino de detención donde fue torturada y al día siguiente sus secuestradores la liberaron, al advertir que se habían “equivocado” de persona. La Justicia considera que su secuestro respondió a órdenes del entonces comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Guillermo Suárez Mason.
La decisión de ordenar la apertura de una investigación penal sobre ambos casos fue adoptada por el plenario de la Cámara Federal con la venia de todos sus miembros: Horacio Vigliani, Luisa Riva Aramayo, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Gabriel Cavallo.
En ese tribunal están paralizadas desde hace años las causas por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército y la ESMA. La resolución que ahora tomaron los camaristas no implica la reapertura automática de las investigaciones al respecto, pero sienta un precedente: si el día de mañana una víctima de los crímenes de la dictadura o algún familiar realiza un pedido en ese sentido, la Cámara Federal no tendría por qué apartarse del criterio que siguió en esta ocasión.
La Cámara Federal porteña cerró, además, la puerta a algo que Jorge Videla, Emilio Massera y compañía siempre reclaman: ser juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, como posibilita una ley sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín aún vigente. Los camaristas recordaron, entre otros fundamentos, que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas tiene rango constitucional y establece que ese tipo de delitos “sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derechos común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar”.