Un grupo de familiares de víctimas de la dictadura de Francisco Franco pidió a la jueza María Servini de Cubría que solicite autorización a España para que, junto a magistrados de la Audiencia Nacional, pueda interrogar en territorio español a 17 acusados. Entre ellos figuran ex ministros y funcionarios policiales de la época. Además, la querella encabezada por el abogado Carlos Slepoy presentó una serie de nuevas imputaciones, entre ellas una adicional para el ex ministro de Gobierno Rodolfo Martín Villa, relacionadas con una serie de “homicidios agravados” que tuvieron lugar después del gobierno de Franco, entre 1976 y 1977.

Entre los nuevos imputados se encuentran un ex gobernador de Guipúzcoa, un ex jefe de la Policía Armada en Pamplona y dos ex gobernadores de Vizcaya en 1988. También solicitan la detención de tres ex guardias civiles –dos de ellos oficiales–, dos miembros del grupo parapolicial ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey y un ex jefe de la Dirección General de Seguridad de Madrid. La querella solicitó a la jueza que libre órdenes de captura internacional contra los nuevos acusados. Hasta el momento, todos los pedidos de extradición solicitados fueron concedidos por la magistrada argentina.

Ayer la querella solicitó nuevas indagatorias basadas en el testimonio de familiares de seis víctimas de la dictadura franquista, que el 27 de febrero denunciaron esos crímenes ante el consulado argentino en Madrid. La causa investiga delitos cometidos entre julio de 1936 y junio de 1977, cuando se celebraron los primeros comicios democráticos. La querella acusa ahora que también durante el período de transición se cometieron crímenes de lesa humanidad.

En cuanto al ex ministro Villa, Slepoy pidió su extradición por el delito de homicidio agravado en prejuicio de cinco hombres y una mujer. Villa ya había sido imputado por la propia Servini de Cubría hace seis meses, por crímenes de lesa humanidad perpetrados no durante la dictadura de Franco sino durante el proceso de transición. En aquel entonces, el funcionario ejerció el cargo de ministro de Relaciones Sindicales durante la presidencia de Carlos Arias Navarro y luego ocupó el Ministerio de Gobernación, bajo el mandato de Adolfo Suárez. “En el período que medió entre julio de 1976 y el 15 de junio de 1977, con Martín Villa como Ministro de Gobernación, las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales cometieron decenas de asesinatos, siendo la regla la impunidad de sus autores”, resalta la nueva acusación.

Slepoy y otro abogado de la querella, Mariano Castex, solicitaron a Servini de Cubría que viaje a España para tomar declaración indagatoria a las 17 personas ya imputadas por la magistrada, en octubre de 2014. Los abogados de las víctimas recordaron que diez de ellas, entre las que figuran los ex ministros Villa, Fernando Suárez y José Utrera Molina, están acusadas de “delitos de homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas”. Por dichos crímenes, le correspondería a cada uno de ellos la pena de prisión perpetua.

La importancia de los escritos presentados ante la jueza fue destacada por Slepoy antes de ser entregados. “Estos pedidos, junto con la condena al gobierno español por parte de los Relatores de la ONU y de otros organismos como Amnistía Internacional, unidos al proceso abierto en Soria para investigar los delitos de la dictadura, dan la pauta de que cada vez está más cerca la posibilidad de poner fin a la impunidad del franquismo”, analizó el abogado.

Además del trámite tribunalicio, Slepoy solicitó al gobierno argentino que protestara ante el mandatario español Mariano Rajoy, por falta de compromiso en el tratado bilateral de extradición. Sin embargo, el abogado expresó optimismo en que un eventual cambio político en las próximas elecciones generales en España agilice el proceso de enjuiciamiento de los acusados.

Informe: Gustavo Gerrtner.