El gobierno nacional cerró el círculo sobre el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Horacio Stiuso, al solicitar a la Justicia que de ser necesario recurra al auxilio de la fuerza pública para asegurar su presentación. Stiuso había sido convocado para brindar explicaciones sobre las tareas realizadas para la Unidad Fiscal Especial AMIA y entregar la información producida a solicitud del ex fiscal Alberto Nisman. En una presentación realizada ayer ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el secretario y subsecretario de Inteligencia, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, sostuvieron que la solicitud a la Justicia es el único camino que resta para obtener la información y/o documentación solicitadas, ya que “Stiuso no es propietario de la información producida y obtenida en el ejercicio de sus funciones” y “se encuentra obligado a dar cuenta de su trabajo y de todo lo que le sea requerido por el organismo en el marco de las tareas de Inteligencia realizadas”. Las fuentes judiciales que revelaron la presentación oficial agregan que Stiuso “se evade, oculta e impide su ubicación con domicilios inexactos, conductas éstas por demás sospechosas, que lo ubican como si fuera un delincuente que no quiere ser hallado”, dado que “no existe razón o motivo alguno que justifique su incomparecencia”. El texto añade que las tareas que le fueron encomendadas respondieron “a la necesidad de preservar los intereses y la seguridad de la Nación” y que Stiuso “no fue un mero o simple funcionario público que deja su trabajo”, dado que “su nivel de responsabilidad lo posiciona en un grado de mayor obligación por el cual debe responder”, de acuerdo con las normas que rigen las actividades de los organismos de Inteligencia. “Así como los agentes que hubieran cesado en sus funcionen deben mantener estricto secreto respecto de los asuntos de servicio realizados y de la información obtenida, los ex agentes no pueden evadir el requerimiento y convocatoria para el caso de que por razones justificadas sea necesario recabar información sobre sus tareas y funciones realizadas”. El acceso a esa información sólo puede ser dispuesto por el Poder Ejecutivo o por el secretario de Inteligencia, según las leyes y reglamentaciones vigentes, pero “el ex agente Stiuso, creyéndose dueño de tal información, impide el acceso a la misma al ocultarse de manera premeditada”.

Canicoba Corral investiga a Stiuso por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Su colega Sebastián Casanello lleva otra causa por enriquecimiento ilícito, en la cual Parrilli y Mena presentaron el jueves las declaraciones juradas de Stiuso y de su segundo, Horacio García.

La solicitud a Canicoba Corral se originó en el hallazgo de un copioso intercambio de comunicaciones entre Nisman y Stiuso, en el que el fiscal le solicitaba el entrecruzamiento de informes sobre comunicaciones telefónicas internacionales y el director de Operaciones le respondía que se estaban realizando y que eran muy difíciles. Este juego se reiteró una y otra vez a lo largo de siete años, durante los cuales tanto Nisman como Stiuso dispusieron de cuantiosos recursos para llevar adelante la investigación y todo parece indicar que no lo hicieron.

Parrilli y Mena habían citado a Stiuso el lunes 6 a las 11 para que explicara esa extraña situación, pero el ex director no asistió. Ante la imposibilidad de ubicarlo porque Stiuso “denunció domicilios inexactos, incompletos o falsos, en franca violación con la obligación legal y estatutaria imperante”, le dejaron la citación en el estudio de su abogado, Santiago Blanco Bermúdez. En un departamento de la avenida Callao, el propietario que recibió la citación dijo que no conocía a Stiuso y vivía allí desde hace diez años. En otro departamento sobre la misma avenida pero a dos cuadras del anterior, el personal encargado dijo que no conocía a Stiuso y otros domicilios estaban deshabitados. Trámites similares se habían cumplido en febrero, cuando la fiscal Viviana Fein citó a Stiuso para una declaración testimonial en la causa por la muerte dudosa de Nisman. En aquel caso, frente a la repercusión pública de la citación, el abogado de Stiuso se presentó en la fiscalía para consensuar las circunstancias de su declaración. Este lunes también, una hora después de la cita se presentó una nota en la que Blanco Bermúdez informaba que Stiuso no tenía domicilio en su estudio, agregaba que el ex agente estaba fuera del país y se comprometía a transmitirle la convocatoria “ni bien tome contacto conmigo”. Parrilli y Mena afirman que a lo largo de los años, Stiuso ha falseado los datos de su domicilio real “con la indubitable intención de no ser hallado ante los requerimientos de las autoridades”, lo cual constituye “una conducta maliciosa”.

Ya cuando fue jubilado y retirado de la SI informó como domicilios reales las dos direcciones de la avenida Callao, con una de los cuales también figura en el padrón electoral y ante la caja de jubilaciones y pensiones de la Policía Federal, y otro en San Justo, provincia de Buenos Aires. A la empresa de medicina prepaga Medicus le suministró un domicilio en la avenida Jujuy, en el barrio de Once, que “llamativamente coincide con la sede de la empresa American Tape, objeto de investigación en el fuero federal, por resultar sospechosa de ser una de las empresas mediante las cuales el ex agente se habría enriquecido ilícitamente”. Todo esto demuestra su voluntad “de mantenerse fuera del alcance de cualquier citación y/o notificación por parte de las autoridades”, conducta de “franco incumplimiento y desprecio hacia sus deberes y obligaciones”, que “afectan gravemente la labor de esta cartera de Estado”. Agotadas todas las gestiones y al no contar con otras herramientas para lograr su comparecencia, Parrilli y Mena recurren a la Justicia para “hacer cesar la conducta delictiva del ex director Antonio Horacio Stiuso, quien se encuentra en flagrante incumplimiento de sus deberes, delito que podría calificarse de continuado mientras no se concrete la presentación del rebelde”.