Las antropólogas Gabriela Karasik y Liz Gómez, de la Universidad Nacional de Jujuy, analizaron el Ingenio Ledesma en busca de evidencias de la represión de los años ’70. Ahora que la Cámara de Casación admitió la participación de camionetas de la empresa en los operativos, pero señaló que la contribución de Carlos Blaquier con los secuestros no implica su conocimiento, las antropólogas plantean la necesidad de repensar al ingenio en el marco de un “territorio” que se fue constituyendo bajo su dominio. Analizaron los secuestros y confirmaron –en contra de los argumentos de la defensa– que las víctimas tenían en su abrumadora mayoría relaciones con la empresa: o porque provenían de “hogares de condición obrera” o eran médicos o maestros de los lotes rurales más combativos. Sin embargo, el aporte más importante no son los datos sino un cambio de enfoque: una propuesta que intenta producir un puente entre la lógica de los “aparatos organizados de poder”, con la que el derecho estudia la intervención de las Fuerzas Armadas en las causas de lesa humanidad, y una que permita pensar la participación de las empresas. Piensan los secuestros y los “hechos” de un modo diferente a como suele pensarlos el derecho. Los “hechos” son un “hecho social”, producto de un contexto atravesado por relaciones sociales, económicas y de poder.

“Cuando uno piensa en el embate que ha habido en las causas donde se investiga a los civiles, no sólo por el fallo de Casación, vemos lo difícil que es aún indagar esto y nos parece que hay que dar un giro”, señala Karasik. “Pensar cómo pensar. No pretendemos meternos con los acuerdos y debates sobre las nociones de verdad y objetividad de las ciencias sociales, pero sí aportar a la Justicia para que siga haciendo cambios: así como se impuso con los juicios de lesa humanidad la idea de no perder de vista la totalidad de las relaciones sociales, de ‘plan sistemático’, nos parece que para los juicios sobre actores civiles, en particular las empresas, hay que reconsiderar la definición de contexto. Hay gente que está trabajando esto en otros lados. La clave está ahí, nos parece.”

–Ustedes hablan de “sistema fabril con villa obrera” como central en todo esto. ¿Qué entienden por eso y cuál es la utilidad en el caso de Ledesma?

Karasik: Hay muchos investigadores que trabajan clase obrera o historia de las empresas que aplican este concepto u otros afines. Esto permite pensar el emplazamiento en un territorio de ciertas empresas que se instalan en zonas donde deben crear las condiciones para funcionar. Donde hay que crear una población trabajadora; donde hay que dar condiciones para que la población se reproduzca; donde hay que controlar la disciplina y demás. Es un concepto que permite pensar un emplazamiento como sistema de relaciones sociales. Tiene varios aspectos. Una dimensión económica, ligada a los trabajadores, vivienda, alimentos. Pero también otra dimensión que permite ver esto como un sistema de disciplinamiento, dado que interviene en la esfera del trabajo, del orden de lo público, pero también regula la vida privada.

–¿Cuál es el efecto de esta clave de lectura en este territorio específico?

Gómez: Para nosotras el sistema fabril con villa obrera (SFVO) no es una clave de lectura, sino una forma de análisis que nos permite acceder al conocimiento de esta realidad. Intentamos un abordaje conceptual, pero que nos permitiera desarrollar conocimiento empírico sobre la realidad. El SFVO da cuenta de un tipo de ejercicio de poder y nos permite dar cuenta de ese poder. Es decir, el SFVO se desarrolla allí donde hay empresas que se apropian de un territorio: de un espacio con todo lo que eso conlleva, su población, sus recursos y donde imponen un orden. Un orden fabril, industrial, social. Lo que hicimos es ir desgranando las características de ese proceso en este territorio, y ver qué características tenía en la década de 1970.

–¿Qué lugar ocupa Ledesma en ese territorio?

Karasik: En ese territorio, Ledesma no es un actor más. No solamente porque lo fue configurando a través del tiempo, sino porque en los ’70 seguía sosteniendo las relaciones sociales y territoriales clave.

–¿Cómo llegan de ahí a las camionetas?

Gómez: Empezamos queriendo mostrar un proceso histórico más amplio. Vimos la necesidad de señalar que era posible aportar el conocimiento histórico de manera que se constituya en una herramienta de análisis y probatoria, que pudiera aportar en los juicios. Desde el principio, la defensa insistía con que la “verdadera historia” de Ledesma demostraba su inocencia. A partir de eso empezamos a conceptualizar más finamente las ideas de “hecho” y “contexto” en el ámbito jurídico y “hecho” y “contexto” en el marco de la ciencias sociales. En ese sentido decimos que no es posible entender el accionar de la empresa fuera de la consideración de una serie de trasformaciones estructurales en el orden nacional, pero también en el orden local. Y a la vez ir desentrañando los encadenamientos causales que ponen o pusieron en relación esos órdenes.

Karasik: En el caso específico de la empresa, de su accionar represivo, decimos: no se puede pensar esto en función de si prestó o no prestó camionetas o cuáles serían las pruebas de eso. Este es un recorte arbitrario. Delinear estas herramientas de análisis nos permitió empezar a demostrar la arbitrariedad de ese recorte. No se entienden las camionetas ni la presencia de una sección de Gendarmería en Ledesma si no se consideran formas específicas de apropiación del territorio, de ejercicio del poder a ese nivel. Esa es la clave. Los “hechos” no son una cosa, un fetiche, son parte integral de hechos y procesos sociales más amplios. Por lo tanto, tampoco pueden aceptarse las nociones fetichistas de prueba, que digan que el “contexto” es “exterior”, porque ahí es donde los “hechos” bajo juicio cobran sentido.

–Y para ustedes esta mirada es la que le está faltando al derecho.

Karasik: Nos parece que esta línea puede dialogar con otra, habitual para la lógica jurídica, como son los “aparatos organizados de poder” que sirven básicamente para pensar la estructura de tipo militar. Nos pareció que el SFVO podía servir cuando se está frente al poder civil, fáctico y económico –como es el caso de algunas empresas con este tipo de presencia en sus territorios, no todos, pero sí Ledesma, Mina El Aguilar o Acindar, donde están entramadas territorialmente las historias de poder social, político–. Este concepto permite articular bien con el de aparatos organizados de poder.

–Ledesma dice que hizo las viviendas como una acción social, ¿qué vieron ustedes?

Gómez: Blaquier presenta muchos de los “hechos”, como la construcción de viviendas, como producto de su voluntad. Pero si uno hace un análisis sobre qué es lo que llevó a la construcción de viviendas, se ve un proceso en el que la organización sindical y la lucha de los obreros ya apuntaba a cuestionar las condiciones de trabajo y en ese momento se consideró las viviendas como una victoria obrera. De hecho, fueron producto de una ley que estaba vigente y no se aplicaba. Producto de la lucha obrera y la acción gubernamental se logró la construcción de viviendas. Ampliamos el marco para analizar algo que Blaquier muestra en un solo punto, pero en el que existen determinantes más amplios.

Karasik: En Ledesma pudimos mostrar, en la articulación con el sistema de fábrica, que por un lado había problemas por el manejo de los zafreros y de los lotes rurales y el gremio estaba pidiendo mejores condiciones de trabajo y de vida. Y por otro lado, la empresa decide mecanizar la zafra, borrar los lotes y empezar la urbanización y las viviendas. No es que sea mentira lo que plantea Blaquier, pero las razones que plantea son muy distintas. Es decir, trata de desarmar esta movida que estaba teniendo lugar entre los trabajadores rurales y los de fábrica, pero no solamente esto: con la mecanización echan a la gente, por lo tanto intentan atemorizarla. Esta mirada, que ve cómo coexisten los procesos, permite observar que Ledesma no hizo “acción social”. Y en realidad, éste fue nuestro punto de partida.

–La empresa dice que la persecución no fue sobre los militantes o sindicalistas. Ustedes prueban lo contrario.

Gómez: Elaboramos la lista de los secuestrados y desaparecidos. Los ubicamos primero en un marco temporal y luego según el origen y la condición social de las víctimas. En el marco temporal vimos que la acción represiva –como seguramente en todo el país– venía desde mucho antes. Hay víctimas de secuestros y acciones represivas en el ’74 y ’75. Y cuando analizamos origen, todos están vinculados con familias obreras.

–¿Sindicalizados?

Karasik: Tenemos casos de obreros directamente empleados de Ledesma y militantes vinculados a la acción sindical de Ledesma, aunque algunos no son trabajadores de la empresa, otros son militantes y activistas en este territorio.

Gómez: Vimos que en un primer momento la acción represiva va sobre estos militantes que tienen una acción sindical dentro de la empresa. Pero después se extiende a un conjunto social más amplio. Y cuando uno mira condición obrera va más allá de la relación contractual de un individuo para ver el “hogar” en el que se reproducen esos trabajadores. Y entonces ves que involucra a un conjunto social más amplio. No mira sólo la relación contractual con la empresa, sino un conjunto del núcleo familiar en el que reproduce la vida.

Karasik: Lo vimos con médicos, maestros o los estudiantes de Ledesma que estudiaban en Tucumán: en un caso, un chico es hijo de un chofer del sindicato. Es decir, cuando uno mira más allá del individuo, de la relación contractual, se abre un panorama donde los relaciones con la empresa son abrumadoramente mayoritarias. Ellos convivían con otros en un mismo espacio, un mismo territorio organizado bajo el dominio de la empresa.

–Frente a estas relaciones, ¿puede decirse que el dueño de la empresa administradora de ese territorio no sabía para qué iban a ser usadas sus camionetas?

Karasik: Creo que el análisis a este nivel no sólo confirmaría la responsabilidad en función del conocimiento, sino que confirma que la empresa brindó inteligencia, listados y recursos a fuerzas –aparatos organizados de poder– sobre las que también mantenía ascendiente y mando en el nivel local.