Mañana está previsto el cierre del juicio oral por la apropiación de Javier Penino Viñas. El Tribunal Oral Federal 4 de los tribunales de Retiro juzga a Ana María Grimaldos, esposa de Jorge Vildoza, jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde nació Javier en septiembre de 1977 y donde funcionó una maternidad clandestina. Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y el fiscal Horacio Azzolin pidieron doce años de prisión para ella. Se estima que la sentencia se dará a conocer a las dos de la tarde.

El TOF está integrado por Leopoldo Bruglia, Néstor Costabel y Pablo Bertuzzi. Según lo previsto, la jornada empezará a las 11 con réplicas y dúplicas, de la defensa, querella y fiscalía. Inmediatamente, los integrantes del TOF darán oportunidad a Ana María Grimaldos para decir unas últimas palabras. Y luego se conocerá la sentencia.

Semanas atrás, antes de empezar la descripción de los hechos, el fiscal Azzolín pareció darle una respuesta al testimonio de Javier. Javier vive en Londres, creció en Sudáfrica entre otros lugares y durante el juicio habló de los procesos post-apartheid de ese país como escenarios que, a su criterio, podrían replicarse en Argentina. “Estos son juicios de verdad porque ése es el cometido del proceso penal”, dijo

Azzolin en su alegato. “Verdad para saber qué pasó, quién lo hizo y por qué. Es una verdad que debe hacerse pública, debe visibilizarse, para que los hechos no sucedan nunca más.”

Javier nació en la ESMA. Vildoza y Grimaldos se lo llevaron del país cuando tenía 7 años, en 1984, con identidad falsa y mientras su familia, Abuelas y la Justicia lo estaban buscando. El finalmente volvió al país en 1998 para hacerse un examen de ADN por decisión personal. En el debate sólo se está juzgando a Grimaldos porque, de acuerdo con los datos de Grimaldos y del propio Javier, Vildoza murió en 2005 en Sudáfrica. Grimaldos no habló durante el juicio, pero su defensora pidió una absolución o reducción de la pena. Señaló que ella no sabía que Javier era hijo de desaparecidos y que no manejó los documentos de la casa ni sus papeles. La fiscalía y Abuelas dieron por probado, en cambio, que Grimaldos conoció el origen de Javier.

Para la fiscalía, la responsabilidad de la imputada puede analizarse teniendo en cuenta:

-La aparición repentina de un niño en el seno de un matrimonio de mediana edad con hijos ya mayores.

-Que ese niño fue inscripto como hijo de ese matrimonio en base a documentación que da cuenta de la existencia de un parto domiciliario de una persona que ya no parecía poder tener hijos.

-Que eso ocurrió en el contexto de una dictadura militar en el marco de la cual era pública –ya en esa época– la llamada “lucha contra la subversión”, los operativos y las detenciones de personas.

-Que Vildoza tenía un alto cargo en una de las fuerzas armadas que tenían de hecho el control del país.

“La conclusión lógica de estas premisas implica inferir que Grimaldos participó del hecho, en la medida en que el niño fue recibido en su familia, en un contexto nacional que no podía serle ajeno y sabiendo perfectamente que no era de ella. Pese a eso, brindó sus datos para que se confeccione documentación que daba cuenta de que era su hijo y que lo había parido en su casa. Luego lo crió como propio durante muchísimos años”, dijo el fiscal. “Ella no preguntó nada, ni vio la documentación del nene porque era sumisa y de la documentación nunca se había encargado en su vida. ¿Qué elementos de prueba aporta para respaldar su versión? Ninguno. ¿Documentos de adopción? Ninguno. ¿Sentencia de adopción? Ninguna. ¿Juzgado en el que tramitó la adopción? Desconocido (...) ¿Testigos que hayan conocido al niño recién ‘adoptado’ y que hayan decidido no preguntar sobre cómo fueron los trámites porque de esas cosas no se habla? Una, con muy poca memoria salvo para recodar como si fuese una verdad revelada que Grimaldos era sumisa. ¿Es posible creerle a la imputada en estas condiciones? Definitivamente, no.”