Por Alfredo Bravo *

La pregunta del título se la formulará quien en el futuro acceda a un Porteño, el bono que Aníbal Ibarra –jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires– decidió emitir para saldar deudas y pagar salarios al personal de su jurisdicción.
“Ella” es nada menos que Alicia Moreau, compañera de vida y de militancia de Juan B. Justo. Alicia hizo suyo el pensamiento del maestro, quien –aclarando que el dinero no constituía un problema de clase pero que era vital para los obreros– bregó por una moneda sana que preservara el poder adquisitivo de los que viven de un salario fijo. Justo en señaba que la moneda sana era la moneda con respaldo y demostró en sus estudios cómo la moneda nacional había sido históricamente envilecida por los exportadores, los industriales protegidos, los especuladores y los políticos criollos que incrementaban sus rentas con ese proceder.
Por eso, la decisión de Ibarra de usar a la histórica dirigente como icono de bonos sin respaldo de reservas genuinas es al menos un desacierto que devendrá en injuria cuando abone sueldos en Porteños, en tanto el salario pagado en moneda nacional de curso legal fue fruto de una larga batalla parlamentaria librada entre 1913 y 1926 por los compañeros socialistas de Alicia.
Para ilustración de Ibarra, valdría recordar algunos antecedentes de la resurgida práctica de pagar salarios con instrumentos diferentes al papel moneda de curso legal, algo a lo que él parece adscribir.
Con ese objeto, podría partirse de 1874 cuando Nicolás Avellaneda asume la presidencia de la Nación y llega a la Argentina la crisis financiera que un año antes se desatara en Europa. Como consecuencia de ello, la economía local tuvo un fuerte deterioro: el presupuesto nacional exhibió un déficit de 13 millones sobre los 16 millones de pesos oro que se estimaban como ingresos y los títulos argentinos de la deuda externa se depreciaban ferozmente.
Avellaneda optó por honrar la deuda externa a costa de la sangre de los argentinos: para ello –y aunque no había aún un Fondo Monetario Internacional que aconsejara– redujo considerablemente el presupuesto nacional, recortó en un 15 por ciento los salarios de los empleados públicos y disminuyó la planta de trabajadores estatales. En este marco de ajuste y restricción, las empresas privadas comenzaron a pagar con vales el salario de los obreros quienes sólo podían canjearlo por productos que la propia empresa produjera. Esta práctica negaba el derecho de propiedad que el trabajador tenía sobre su salario y el consecuente derecho de disponer libremente de él para comprar lo que necesitaba en el lugar más conveniente.
A este costo se superó la crisis de 1874 pero prácticas propias del capitalismo primitivo como el pago de salarios en vales pervivió durante décadas. Así lo comprobó el diputado socialista Alfredo Palacios cuando en 1913 viajó al norte argentino y presenció cómo los trabajadores de los obrajes percibían sus salarios con vales sólo canjeables en las almacenes del patrón.
Al regresar a Buenos Aires, Palacios inició la mencionada batalla parlamentaria que compartió con Enrique Dickman y Mario Bravo y que culminó con la sanción y promulgación de la ley 11.278, norma que durante medio siglo obligó a pagar salarios en moneda nacional de curso legal.
La ley de Contrato de Trabajo y sus sucesivas modificaciones flexibilizaron el pago salarial estableciendo que el salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias (artículo 105), con el cual habilitó instrumentos de pago diferentes a la moneda nacional de curso legal.
En 1996 se agregó a la ley de Contrato de Trabajo el concepto de “beneficios sociales” (artículo 103 bis), el cual incluye: vales de almuerzo, vales alimenticios y otras prestaciones no dinerarias que elempleado brinda al trabajador y con las cuales reduce el costo laboral y mantiene deprimidos los salarios.
En los últimos años y enmarcado en este regresivo proceso de pago salarial, muchas provincias decidieron abonar los sueldos de la administración pública con bonos de incierto respaldo y, en ocasiones, de nulo reconocimiento. Entre Ríos, por ejemplo, paga la totalidad de los sueldos docentes con bonos que rechazan los vendedores de alimentos y los transportistas de pasajeros de la propia provincia, esfumándose así el cometido del salario: permitir que el asalariado recomponga su fuerza de trabajo y concurra a su lugar de tareas.
Lo hasta aquí dicho no niega el derecho que el jefe del Gobierno de la Ciudad tiene de idear mecanismos aptos para sustentar el funcionamiento de su administración. Sí, en cambio, advertirle sobre el paso atrás que significa apelar a instrumentos antagónicos con la cultura progresista que predomina en su jurisdicción. Al mismo tiempo, y en caso de que insista con los Porteños, solicitarle que reflexione sobre la conveniencia de sustituir la imagen de nuestra querida Alicia por la de algún otro personaje más acorde con este instrumento que es el bono.

* Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Partido Socialista Democrático.