Los signos lanzados por la Presidenta quedaron, en la agenda publicada, muy por delante del nuevo minué en la Corte Suprema, el cierto nerviosismo que hay en las negociaciones paritarias y los cambios en el impuesto a los trabajadores en relación de dependencia. Ese orden de prelación muestra cómo vienen repartidas las cartas de los actores principales frente a un año electoral decisivo.

Hasta las palabras presidenciales desde Chaco, los medios opositores se concentraron en alertar sobre otro ataque del oficialismo contra la independencia de la Justicia. Primero se trató de una defensa cerrada en torno de Ricardo Lorenzetti, y después de Carlos Fayt. Es una protección muy floja de papeles. El presidente de los supremos se hizo reelegir como tal varios meses antes de que expirara su período, a través de un mecanismo con ribetes escandalosos, porque la firma de Fayt se produjo en su domicilio y no, como señala el acta oficial, en la sala de situación del tribunal. La maniobra retroalimentó versiones, muy extendidas, acerca de si el juez casi centenario está en pleno uso de sus facultades mentales. Luego sucedió la autovictimización de Lorenzetti, quien dijo que renunciaría a su reelección para, enseguida, renunciar a su renuncia a través de la ratificación del resto de los cortesanos. La oposición parlamentaria, mientras tanto, se niega sistemáticamente a considerar cualquier propuesta de nuevo miembro de la Corte que provenga del Ejecutivo y deja al máximo tribunal de la Nación en una suerte de limbo, a espera de que la nueva constitución del órgano sea resuelta por el próximo Senado. Esto último debería resultar particularmente llamativo: ¿qué intenciones puede tener esa expectativa, como no sean las de designar jueces adictos? Es una pregunta elemental y desnuda la hipocresía del republicanismo impoluto con que tanto gustan disfrazarse los cruzados opositores. También es obvio el marcaje de por qué Fayt no da señales de vida algo más precisas que la grabación difundida el sábado, a fin de desmentir todas las conjeturas –y revelaciones concretas, incluso– sobre su estado psíquico. Nada de todo esto, sin embargo, afecta el operativo corrosivo de los medios de la oposición, que vuelven a enfrascarse en el avasallamiento oficial de las instituciones a falta de mejores recursos para desgastar al Gobierno. Fallada la táctica Nisman, el amparo total a un supremo amigo de las corporaciones era el ardid que seguía y cabe aguardar otros muchos por el estilo.

Estaban en eso cuando Cristina pidió a los postulantes de su partido un baño de humildad, porque “para los verdaderos dirigentes políticos no hay cargos menores”. Dicho sea de paso, la contundencia de esa solicitud oscureció informativamente el lugar desde donde la profirió. El hospital pediátrico inaugurado, en pleno centro de Resistencia y lindante con el nosocomio para adultos de la provincia, es espectacular tanto en diseño como en capacidad operativa y conforma una verdadera “ciudad sanitaria”, que se completará con un hospital odontológico en el mismo predio. Salvo los chaqueños, probablemente, nadie reparó en semejante dato porque la inauguración que importó fue la Presidenta dando su primera definición cuasi explícita en la carrera electoral. Persuadida de que la cantidad de aspirantes oficialistas es un exceso inconveniente, y al resaltar el ejemplo de Jorge Capitanich bajando a competir por la intendencia resistenciana tras haber sido dos veces gobernador y jefe de Gabinete nacional, cualquiera entendió –y entendió bien– que no debe haber sitio para las vanidades personales en una feria de candidaturas más dispersiva que aglutinante. Es lo que ratificó el Consejo Nacional del PJ en Parque Norte, el viernes. Cristina habrá tomado nota de lo ocurrido en la Ciudad Autónoma, cuando en las primarias que ofrecieron pretendientes unificados (Salta, Santa Fe, Neuquén) las cosas funcionaron mucho mejor. Y la advertencia presidencial sonó centrada en la provincia de Buenos Aires, para que algunos jefes de municipio, referentes territoriales y satélites diversos, sin ninguna probabilidad siquiera remota de acceder a cargos ejecutivos mayores por vía electoral, resignen aspiraciones y se focalicen en el barro o los armados en que trabajan hace tiempo. Julio/octubre se vienen encima y también es probable que la Presidenta haya anotado la exitosa experiencia del PRO, que inventó apenas dos fórmulas (o como mucho tres, si quiere sumarse a Martín Lousteau, ya que tributa a la órbita macrista). Cristina, por ahora, expresó solamente lo que la inquieta, traducido en una larga lista de precandidatos para la gobernación bonaerense sin contar los resquemores de todo tipo que la figura de Daniel Scioli despierta hacia dentro del kirchnerismo. Ya que estamos: cualquier encuesta, de las habidas y por haber, entre las más confiables o las menos consideradas, refleja que las sospechas y reservas hacia el gobernador son antes un debate ideológico intramuros que una preocupación masiva. La gran mayoría popular identifica a Scioli con Cristina.

En aquel sentido de la abundancia de aspirantes bonaerenses, puede darse por sensato que el lanzamiento de Aníbal Fernández busque operar como gran ordenador del espacio peronista. El jefe de Gabinete tiene una presencia respetada entre los caciques del conurbano y aun más allá de las fronteras pejotistas provinciales. A priori, asoma como el más indicado para disciplinar esa tropa y tampoco está de más conjeturar que se largó con el guiño de la Presidenta precisamente para eso. En principio, y salvo lo ya muy improbable de que Sergio Massa descienda a una candidatura por la gobernación en alianza con el macrismo, tal como se lo pide casi a grito pelado la prensa opositora, el triunfo oficialista en la provincia de Buenos Aires está poco menos que asegurado. Pero el tema es por cuál margen, y cuánto de esa distancia sobre el resto podría verse perjudicada si el peronismo presenta en las PASO una sábana de oferentes. Tiene la buena noticia de que en las filas de Massa están huyendo a granel hasta el punto de parecer que el último apagará la luz, y que además lo hacen para retornar junto a Scioli. En las últimas horas, como nuevo intento de alquimia, circuló la versión de un acuerdo Macri-De Narváez para cerrar filas de alguna manera. Sin embargo, el peronismo tiene la mala o riesgosa noticia de su multioferta de precandidatos. Allí es donde tallará Aníbal, posiblemente, para marcar la cancha de lo que quiere la jefa. O, más bien, de lo que ella no desea. Y no al margen, sino a propósito de esta ingeniería electiva, la convocatoria de Cristina a darse una ducha de humildad reabrió especulaciones sobre si será candidata a algo (¿Parlasur?). Ese es el terror de la oposición, si se da por cierto que en efecto quiere ganar, y asimismo remite al interrogante de a qué tanto temor si la decadencia kirchnerista es irreversible. Un aspecto que no deja de ser curioso, porque nadie del conjunto opositor se digna a explicar en qué reside una popularidad presidencial a contramano del presente inmoral y horizonte catastrófico que enumeran a diario.

Como fuere, lo que volvió a quedar claro es la centralidad de Cristina en la escena política. Bastó su aparición con unas premisas electorales –apenas las iniciáticas– para que el mundillo periodístico opositor corriera detrás de la agenda fijada, otra vez, por ella. No sólo fue relegada la novela de Lorenzetti y Cía., sino también la tensión paritaria y las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. Pero también en eso primereó el oficialismo, aunque deban registrarse sus contradicciones o deficiencias. El intento de poner tope a los aumentos salariales que surjan de las negociaciones colectivas, a fin de evitar un traslado inflacionario, manifiesta la debilidad del Gobierno frente a los grupos concentrados que forman los precios. No tañe demasiado nacional y popular que digamos el llamado a los gremios para ser “responsables” en los incrementos que se pacten. Sin embargo, la tirantez quedó desactivada, en parte, por la reforma que se anunció en las escalas de Ganancias, que alcanzan a alrededor de un 70 por ciento de los afiliados sindicales que figuran como empleados en relación de dependencia. El cálculo gubernamental es que, desde este mes, esos sueldos se incrementarán entre 4 y 6 puntos porcentuales, a los que deberá agregarse un 25 por ciento promedio de lo negociado en paritarias. Ninguna es cifra que sirva para tirar manteca al techo, y nunca debe perderse de vista que se habla de los empleados registrados mientras continúa vigente un tercio o más de trabajadores en negro. Para el caso, empero, no estamos hablando tanto de números como de capacidad de iniciativa política. De hecho, el paro sindical de marzo pasado, anclado únicamente en la modificación del mínimo no imponible, se reveló insípido y no tuvo repercusión proyectiva alguna. Significa que el ámbito de la economía, en el que deben sumarse la estabilidad de las reservas y la quietud de ese indicador psicopatero que es el dólar blue, muestra síntomas de estabilidad. Cabe dejar aclarado que esta pintura no es de rosas. Es, simplemente, una verificación de que, al menos en la coyuntura, el Gobierno continúa teniendo la sartén por el mango.

De otro modo no se explica un nerviosismo opositor que por algo persiste en atrincherarse en andanzas judiciales y exigencias de que el palo anti K se unifique de una buena vez, so pena de volver a perder las elecciones.