Los tres casos están avivando la llamita de la ilusión penal que suele invadir con tanta facilidad a la Argentina. La idea es que con solo ampliar las penas, o con solo cumplirlas, no habrá más tragedias.

Primer caso: en febrero un policía de la Metropolitana mató de un balazo en la nuca a Roberto Autero, de 16 años, en Rosario y Viel. Pleno Caballito. Según el policía, Autero estaba por robar un auto. Cuando escapó el policía lo persiguió y le disparó porque el chico presuntamente no acató la voz de alto. Los vecinos dicen haber escuchado un solo tiro. Según el legislador porteño Pablo Ferreyra, “la autopsia demostró que le disparó el policía Sebastián Torres a 50 metros en la nuca y la bala salió por la frente, desmintiendo la versión policial que hablaba de un enfrentamiento”.

Segundo caso: Rolando Mur, de 10 años, y Rodrigo Mur, de 5, murieron quemados en una fábrica clandestina de ropa. Dormían en el subsuelo de un taller en Páez y Terrada, Flores. El jueves último el fuego volvió a destruir lo que quedaba en pie. Adiós pruebas materiales.

Tercer caso: escándalo en el fútbol por el ataque contra jugadores de River en cancha de Boca. Lo peor no fue la embestida verbal al estilo de, por ejemplo, el intendente de La Plata Pablo Bruera. Lo peor fue la agresión con gas pimienta de fabricación tumbera. O policial.

Por la muerte de Autero el martes último hicieron la denuncia pública los docentes de la escuela Isauro Arancibia y un grupo de legisladores encabezados por Pablo Ferreyra. El 28 los docentes y los alumnos plantarán un árbol en la escuela. El recuerdo del chico muerto será, así, permanente. Mientras los educadores decidían qué hacer en la escuela, los denunciantes enfrentaban un problema judicial. De movida el magistrado del Juzgado de Menores número 7 Enrique Velázquez incluyó la muerte dentro de la causa que abrió contra los chicos que presuntamente habrían participado del intento de robo junto con Autero.

La ilusión penal, naturalmente, no consiste en buscar que Torres sea juzgado y condenado por su crimen. Una sentencia después del debido proceso será el modo de expresar que el derecho a la vida es intocable y que, si nadie debe asesinar, menos puede hacerlo un miembro de las fuerzas de seguridad. Nada de ilusión: estricta justicia.

La ilusión penal sería, en el caso Autero, imaginar que solo con la condena de Torres la Metropolitana no repetirá su conducta. Porque el Código Penal no reemplaza la obligación de gobernar ni la responsabilidad de la administración, y tampoco el deber social de controlar y proponer cambios. Los legisladores tocaron un punto clave cuando dijeron tener datos de que Torres había sido exonerado de la Bonaerense. Si esto fuese cierto, la Metropolitana estaría repitiendo el patrón de comportamiento que siguió desde un comienzo, cuando Mauricio Macri alistó como jefe a su amigo el comisario Jorge “el Fino” Palacios, hoy procesado por escuchas y a la espera de un juicio por encubrimiento en la causa AMIA.

En las fuerzas de seguridad suele haber un disuasivo más fuerte que el Código Penal: la pérdida lisa y llana de la carrera. El criterio lo aplicó Néstor Kirchner con Aníbal Fernández de ministro. No solamente ordenó una purga inicial en la cúpula. Dio instrucciones de que perdiera estado policial cualquiera que, por ejemplo, reprimiera una protesta. No es un acto discrecional. En castellano eso se llama mandar. Y el ejercicio continuo del mando con criterios democráticos va construyendo el protocolo más fuerte, que es el de la práctica cotidiana.

¿Macri lo hará con la Metropolitana? Y antes: ¿quiere hacerlo?

En cuanto al juez Velázquez, ¿saben el Estado y las organizaciones que defienden los derechos de niños y adolescentes si encierra chicos en institutos y si, encima, lo hace cuando son víctimas o están en situación de calle? ¿Alguien lo monitorea? ¿Es una preocupación del Consejo de la Magistratura? ¿Las fuerzas nacionales, populares y progresistas resolvieron tomar de una buena vez en sus manos el tema de los jueces de menores?

Frente a los dos chicos incinerados también cundió una justa indignación. Como con Autero, el responsable de la fábrica clandestina tendrá que ser juzgado. Pero si alguien cree que los talleres de mano de obra esclava se extinguirán por el mero uso del poder de control del Estado, o es un ingenuo o es un interesado en que las muertes sigan como un accidente más del capitalismo. Inspeccionar talleres chicos es como pensar que atrapando a los dealers de barrio se terminará el narcotráfico. Al contrario: si la única vía es perseguir a los eslabones más débiles de la cadena esa persecución acabará cotizando en alza el negocio redondo del tráfico de personas y la evasión impositiva. El Estado nacional debe y puede articular políticas públicas junto con industriales y sindicatos del sector indumentario para disminuir gradualmente la economía informal, que está en el origen de los talleres negreros. Pero nada impide, entretanto, que el Estado nacional y los gobiernos municipales elijan cinco o seis fábricas clandestinas grandes y las desmantelen.

¿El gobierno nacional terminará alguna vez de diseñar un plan de blanqueo progresivo para indumentaria? ¿El precandidato a presidente Macri, que todavía es jefe de Gobierno y controla la Policía del Trabajo y la Metropolitana, quiere liquidar de verdad un taller de los grandes aunque en el medio descubra que alguno confecciona para Awada, la marca que lleva el apellido de su mujer? ¿Y qué piensa y hace el precandidato a gobernador Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora donde se asientan las fábricas clandestinas que alimentan a La Salada?

El desastre de la cancha de Boca plantea dilemas similares a los anteriores. ¿Acaso quedará todo resuelto con la incorporación al Derecho Penal de la figura del barrabrava? ¿Basta con denunciar que “la política”, en general, alimenta a los barrabravas? ¿No habrá llegado el momento de bajar los temas a tierra y plantearse, por caso, que algunos dirigentes políticos deben dejar de utilizar barrabravas como fuerza de choque o, a veces, hasta de vigilancia callejera para los que pintan o hacen propaganda de noche? ¿O que la tolerancia con la reventa de entradas es la punta del iceberg de negocios como el narcotráfico y el lavado de dinero con la compra y venta de jugadores? ¿Cómo guardará su independencia de criterio en el Tribunal de Disciplina Deportiva el abogado Darío Richarte, el partenaire del ex director operativo de la SIDE Antonio Stiuso que ya dejó el vicerrectorado de la Universidad de Buenos Aires pero permanece en la AFA? Richarte es hombre del presidente de Boca Daniel Angelici.

Si la muerte no es razón suficiente para terminar con el gatillo en la nuca, el incendio de chicos y la violencia asociada al fútbol, tal vez sirva para entender que por este camino el sistema dejará de ser viable incluso para los que lucran con él. Si la salida no viene por la ética, ¿llegará por conveniencia?

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