La Cámara Federal de Córdoba procesó ayer a cinco ex funcionarios judiciales que actuaron en esa jurisdicción durante la última dictadura. Los imputados en la denominada “Causa de los magistrados” que ahora podrán seguir los pasos de sus colegas cuyanos, sometidos a juicios oral y público en Mendoza, son el ex juez federal Miguel Angel Puga, el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, el ex secretario judicial Carlos Otero Alvarez y los ex defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina. El tribunal integrado por Liliana Navarro, Eduardo Avalos y Graciela Montessik, tal como lo habían solicitado dos semanas atrás los fiscales generales Jorge Auat y Carlos Gonella, revocaron el sobreseimiento parcial de Otero Alvarez y las faltas de mérito de Haro y Molina.

Las ex hombres del Poder Judicial cordobés están imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y participación necesaria en delitos de lesa humanidad como secuestros y tormentos, de los que resultaron víctimas presos políticos que estuvieron en cautiverio en la Dirección de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba y en la Unidad Penal 1 (UP1) de la capital provincial. La causa se originó a partir de los testimonios de víctimas de la dictadura durante los juicios orales y públicos que se realizan en Córdoba desde 2008. Ese año, paradójicamente, Otero Alvarez integró el tribunal oral que dictó la primera condena al ex general Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. El ex juez Adolfo Zamboni Ledesma y su entonces secretario Otero Alvarez estaban denunciados desde 1984 en la Conadep por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos de presos políticos en la UP1. En 2009 adelantó su jubilación y de ese modo logró evitar el jury que podría haberle costado la destitución.

El primer pronunciamiento judicial sobre los cinco imputados se produjo el 29 de octubre de 2012. El juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena, actuando como subrogante en Córdoba, procesó entonces a Otero Alvarez, Puga y Fernández porque “pretendieron asegurar la impunidad de los autores de aberrantes delitos”, y dictó las faltas de mérito de Haro y Molina. La causa estuvo paralizada durante dos años y medio por los inconvenientes para integrar la sala de la Cámara Federal. “Las dilaciones se agudizan en las causas que involucran a empresarios y a funcionarios, como ex magistrados. Se van produciendo maniobras procesales o estrategias para eternizar el proceso. La recusación ha sido una de las herramientas que más se usaron como estrategia de impunidad”, explicó el chaqueño Auat, titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, en referencia a las causa de los magistrados cordobeses.

Hace dos semanas, mientras el fiscal Facundo Trotta participaba de la audiencia del juicio oral que se realiza en Córdoba, Auat y Gonella alegaron oralmente ante la Cámara Federal sobre los ocho casos puntuales en que Herrera Piedrabuena había sobreseído a Otero Alvarez y había dictado la falta de mérito de los dos ex defensores. En el primer caso, cuestionaron que se habían valorado erróneamente “actuaciones meramente formales que no revelan una investigación seria”. “Al haber infringido el deber de investigar, el aporte fue el de un cómplice. Los militares sabían que no les iba a pasar nada”, explicó Gonella, que en 2010 fue el fiscal de juicio oral por los crímenes en la UP1 y que actualmente es titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

En los casos de Haro y Molina, Herrera Piedrabuena había sostenido en su momento que habían cumplido su rol al presenciar las indagatorias donde las víctimas denunciaban los delitos padecidos. “Ello no cubre el deber de denunciar. Como cualquier otro funcionario, los defensores tienen el deber de promover que se genere una investigación aparte. Porque la prueba es tremenda: fotos, certificados médicos y, en su caso, muertes. Pero nunca promovieron una investigación”, advirtió el fiscal.

Gonella y Auat también respondieron entonces el argumento de las defensas sobre la supuesta falta de tipificación de los delitos de funcionarios públicos en el derecho internacional. Destacaron la existencia de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, aprobada en 1968 en la Asamblea General de Naciones Unidas y que tiene jerarquía constitucional desde 2003.

La Sala II de la Cámara cordobesa tomó nota de los argumentos de los fiscales, revirtió los fragmentos de la resolución de primera instancia que beneficiaban a Otero Alvarez, Haro y Molina, y confirmó los procesamientos de Puga y Cornejo por incumplir “la obligación de promover la persecución penal” y por “encubrimiento” de delitos de lesa humanidad. El próximo paso es la elevación a juicio, que por la edad de los magistrados no debiera demorarse: Haro tiene 81 años, Cornejo 80, Molina 75, Puga 72 y Otero Alvarez es el más joven con 69 años.