El periodista de Página/12 y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, calificó ayer al gobierno de Fernando de la Rúa como “el más sangriento en 33 años de democracia”. Lo hizo ante el Tribunal Oral Federal número 6, que lo citó como testigo en el juicio por las cinco muertes y el centenar de heridos de la represión de diciembre de 2001. Como presidente del CELS, Verbitsky solicitó, sin éxito, al gobierno de la Alianza que lo recibiera aquel 20 de diciembre, con la represión desplegada sobre las principales calles del centro porteño y, con abogados de la organización, buscó e intentó proteger a las personas detenidas durante aquellos días de protesta. En ese sentido, reiteró ayer que el desempeño de las fuerzas de seguridad fue “ilegal”: “Eran detenciones de facto”, sostuvo.

Verbitsky fue el primer testigo de una de las últimas audiencias del debate que tiene al secretario de Seguridad durante la presidencia de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov, y a quien entonces era jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, como presuntos responsables de la muerte de cinco hombres: Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y las heridas que sufrieron otras cientos de personas durante la represión desatada el 20 de diciembre de 2001 en los alrededores de la Plaza de Mayo.

“El gobierno de De la Rúa fue el más sangriento en 33 años de democracia”, sostuvo el periodista ante los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín, ya que “empezó con muertos en la represión a los maestros en Corrientes y terminó con más de 30 muertos en dos días”, explicó. Su testimonio duró poco más de una hora y recorrió varios puntos.

En sintonía con la hipótesis que sostiene la querella del CELS, que representa a algunas de las familias de las víctimas fatales de aquella represión, Verbitsky ubicó el estado de sitio dispuesto por De la Rúa la noche del 19 de diciembre de 2001, con las calles repletas de manifestantes y tras algunos días de saqueos en las principales ciudades del país, en el centro del análisis de lo ocurrido luego. “Declarar el estado de sitio fue una decisión torpe e insostenible ante una grave crisis económica, social y cultural”, explicó.

Recordó que estuvo en las inmediaciones del Congreso nacional el 19 de diciembre y que luego, desde su casa, observó a través de la televisión la represión con armas de fuego a los manifestantes que se encontraban en ese lugar. “Ya era tarde cuando en la televisión vi a una persona desangrarse en las escalinatas del Congreso, después de que un grupo de policías abrieron fuego con armas automáticas contra los que intentaban acercarse al edificio”, puntualizó.

El 20 de diciembre también estuvo en la calle. Como titular del CELS se presentó en la Casa Rosada a primera hora y en compañía de la vicepresidenta de la organización y Madre de Plaza de Mayo Laura Conte, para intentar reunirse con el titular del Ministerio del Interior, Ramón Mestre. Sin éxito, ambos se dirigieron hacia la comisaría segunda donde se encontraban las personas que habían sido detenidas hasta entonces.

“Con la experiencia trágica de nuestro país nosotros teníamos un reflejo muy claro de saber quiénes eran los detenidos y dónde estaban”, aclaró el presidente del CELS, quien explicó que los integrantes del organismo estaban “preocupados por la integridad física de las personas privadas de libertad” por lo que establecieron “un sistema de emergencia con abogados (de la institución) coordinado con otras organizaciones populares”.

En la comisaría, la Policía Federal “negaba” información al CELS, una situación que Verbitsky también recordó en su testimonio de ayer: “Quedó claro que la policía no daba los nombres porque tenía clara la situación de ilegalidad, le daban los nombres a la Casa de Gobierno para que blanquee con decretos las detenciones”.

El juicio, que comenzó en febrero de 2014, ingresó en la recta final. Las partes esperan que junio sea el último mes de testimonios y que a partir de julio comience la etapa de alegatos.