“¿Cuándo se judicializa la política? Cuando no se tiene mayoría. La judicialización es el resultado de la debilidad de los poderes conservadores, que embarran la cancha para tratar de evitar una mayor legitimidad de la transformación y la ampliación de derechos. La politización de la Justicia es lo contrario, es lo que tenemos que hacer, es la razón del surgimiento de Justicia Legítima.” La reflexión del ex canciller Jorge Taiana cerró el último panel del tercer encuentro nacional de Justicia Legítima, que se desarrolló ayer ante un colmado auditorio de la Biblioteca Nacional y del que participaron no sólo jueces y fiscales, sino también dirigentes políticos, militantes de derechos humanos, una antropóloga y un periodista.

“Somos una molestia para el statu quo judicial y está bien que lo seamos”, dijo con orgullo la jueza María Laura Garrigós de Rébori. La presidenta de Justicia Legítima recapituló la historia reciente y sugirió que “somos un actor importante al menos periodísticamente: todas las semanas aparecemos en los diarios, no siempre para bien”. Destacó como un logro haber pasado de “una anarquía asambleística” a una asociación con núcleos en varias provincias, recordó la división de los actores judiciales ante el debate por la democratización de la Justicia y dijo que conserva “más de 50 comunicados contra esas leyes”. “Todos tienen el mismo lenguaje. Algún día alguien estudiará si fue una única mano”, propuso. “Las decisiones del Ejecutivo respecto del Poder Judicial dividieron aguas y nosotros quedamos de un lado, no porque estemos con el Ejecutivo, sino porque queremos democratizar el Poder Judicial”, afirmó. Durante el último año “los medios nos convirtieron en enemigo número uno y algunos de nuestros miembros aparecieron como ‘el fiscal de JL’ o ‘el juez de JL’, sin decir nada pero dando a entender que no eran buenos”, recordó. “Ultimamente ese achaque de que actuábamos políticamente trascendió y los que no están con nosotros también demuestran su ideología política”, agregó y citó al fallecido Enrique Petracchi: “El juez que cree que no tiene ideología es un cangrejo que no sabe que es crustáceo”. “Hoy ya nadie niega que la realidad se lee a través de la ideología, así que esa pretendida crítica tuvieron que dejarla de lado y las cosas son más transparentes”, celebró.

Leopoldo Moreau, que se presentó como “el último mohicano del radicalismo”, explicó que la politización de la Justicia se dio “a medida que la democracia aumentó sus tensiones con los grupos corporativos” y diferenció los ’90, cuando “buscaban resguardar privilegios que esa etapa les otorgaba”, de la última década, cuando “judicializaron la política para contrarrestar los avances de la democracia”. Lamentó que el fenómeno “implica la renuncia de la política a su rol” y que “adquirió una particular visibilidad y salvajismo”. El dirigente radical consideró que “el caso Nisman desnudó la existencia de una mafia judicial articulada con las mafias de los servicios de Inteligencia, todos ellos sirviendo a intereses corporativos, que creyeron que se daban las circunstancias para crear un golpe blando en la Argentina”. Lamentó que “miembros de la Corte que rumiaban sus diferencias con los intentos de democratización hayan decidido ponerse a la cabeza del partido judicial” y calificó como “un episodio patético” al “proceso anticipado de reelección del presidente de la Corte, que puso al desnudo que su titular trabaja en inteligencia con los sectores de la oposición que sistemáticamente bloquean la posibilidad de completar su integración”. Por último consideró que la democratización judicial es una deuda pendiente de la democracia y destacó la importancia de introducir el tema en el debate electoral.

Hugo Vaca Narvaja, juez federal de Córdoba, repasó la historia que dio origen al control de constitucionalidad difuso por el cual todo juez puede declarar inconstitucional una ley del Congreso. “Si es bueno o malo depende del grado de responsabilidad de los magistrados”, explicó, y recordó que “en los últimos tiempos vimos por ejemplo a un juez dictar una cautelar sobre una ley como la de medios”. “Ahí podemos palpar la gravedad de la invasión de poderes. ¿Cómo un juez de primera instancia de cualquier lugar del país puede paralizar una ley sancionada por casi todos los representantes del pueblo?”, planteó. “Es la discusión de fondo de este sistema”, sostuvo, y consideró que la declaración de inconstitucionalidad “debe ser utilizada de manera escueta y puntual ante situaciones de gravedad”. Durante sus seis meses como juez lo hizo dos veces: para cuestionar la facultad del Servicio Penitenciario de Córdoba de mantener a los internos encerrados durante casi 24 horas en celdas de 2x3 y “por las requisas íntimas a las que sometían a los parientes de los internos”. “Mi postura tuvo muchísima resistencia del Ministerio Público Fiscal, es una lucha diaria”, admitió, y aclaró que “accedí a la magistratura desde la calle, de donde sólo ingresa el siete por ciento de los aspirantes”. “Me siento una especie de oso panda judicial”, bromeó.

Alicia Ruiz, jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño, reflexionó a partir del “pánico moral que asalta a algunos sectores” cuando se habla de judicialización de la política o viceversa. Partió de la base de que la sociedad está atravesada por conflictos que expresan y cuestionan relaciones de poder. “El antagonismo es un dato que no puede ser eludido ni erradicado”, advirtió, y lo contrastó con “el discurso de la institución judicial, que elude su carácter social y político”. “Muchos jueces sirven a fines que desconocen. La distancia entre lo que creen que hacen y lo que hacen tiene efectos perversos cuando se trata de afianzar modelos democráticos de organización social y política”, advirtió. Explicó que “derecho y política son en algún punto inseparables” y que la particularidad actual es que “estamos enfrentados a dos modelos que pugnan por la hegemonía”. El desafío es no perder de vista que “el derecho sirve en la medida que puede diferenciarse de otros subsistemas sociales”. “Si los jueces creen que tienen que regir los destinos de la Nación defendiendo un proyecto en términos de la política, tienen que dejar ese lugar y trasladarse a otros lugares. Quienes defendemos la democratización no queremos abandonar el espacio de la lucha contrahegemónica, queremos defenderlo en los términos y con los límites en que es posible desde el Poder Judicial”, diferenció. “Es una batalla que vale la pena dar y que desde el espacio del derecho estamos en condiciones de dar de manera peculiar pero con fuerte incidencia en la vida de todos”, concluyó.

El primer panel lo cerró la defensora general Stella Maris Martínez. Reivindicó que integren Justicia Legítima personas que no provienen de la corporación judicial pero también quienes ocupan altos cargos porque “luchamos contra las malas prácticas que nos dan ventajas”. Admitió que desde el Poder Judicial “estamos dando una imagen espantosa” aunque consideró que “la gran responsable de todo esto es la política”. “Más de 30 años de democracia no han alcanzado para construir una política a la altura de la República, de la democracia. El rol que algunos colegas están ocupando, a mi entender equivocados, es porque no hay un movimiento político que tome su lugar y dé alternativas, enfrente, represente”. Actores judiciales ocupan el lugar de la política “con instrumentos muy peligrosos: es terrible que el Parlamento apruebe una ley y un grupo impida que se aplique con un amparo”, advirtió. Celebró la aprobación en el Senado de las leyes orgánicas de los ministerios públicos fiscal y de la defensa pero advirtió que “ya hay personas que se han juntado buscando sobre qué punto pueden plantear la inconstitucionalidad”. Recordó el avance que significa la ley de ingresos democrático y contó que no faltan defensores enojados que le plantean “¿cómo no voy a poder nombrar a mi hijo?”. Al final propuso “empujar, reclamar, insistir, reivindicar valores verdaderos y sumar a la sangre nueva”. “Tenemos que tratar de estar en todas partes, que nos sigan diciendo que somos los malos, que no nos puedan hacer callar”.

El fiscal Félix Crous recordó que “la politización de la justicia no es un fenómeno nuevo” sólo que “cuando se politizó en términos elitistas, aristocratizantes y antipopulares no mereció una crítica feroz”. Destacó que “todos los anticuerpos del Poder Judicial se activaron ante las leyes para democratizarlo” y repudió a quienes “se atribuyen para sí una suerte de tercera Cámara del Congreso que con un uso bastardo de las cautelares están dispuestos a neutralizar la actividad legislativa”. Se mostró pesimista sobre una reforma desde el Poder Judicial. “Sólo se podrá afectar este panorama por la acción de la política, que es la más pura de una sociedad organizada. Nada bueno se puede esperar de los recursos con los que cuenta el Poder Judicial en sus entrañas”, advirtió.

La antropóloga María José Sarrabayrouse hizo una detallada caracterización del Poder Judicial, repasó privilegios naturalizados como la exención del Impuesto a las Ganancias o el carácter vitalicio de la magistratura, contrastó la visión de un rol “pretendidamente neutral” de los operadores frente a la política como “el reino de la parcialidad” y como consecuencia la negación “del carácter político de la conformación judicial”.

Noemí Labrune, histórica militante de la APDH Neuquén, contó la experiencia local de la reforma del Código Procesal y del juicio por jurados y coincidió con Crous en que “el Poder Judicial es una roca muy dura y hace falta una fuerte incidencia de lo político” para modificarlo. El periodista Roberto Caballero destacó la importancia de que “los jueces entiendan que es un trabajo y no un título nobiliario” y consideró que en su actual conformación “la Corte es la expresión bonsai” de la que existió hace una década.

Taiana definió el rol histórico de la administración de justicia como “legitimadora de un orden social injusto y desigual” y consideró la estrategia de reformarla “fue limitadísima”. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín destacó “la moderación en el sistema político” y el hecho de que “el Juicio a las Juntas relegitimó al Poder Judicial en su conjunto, con lo cual pudo evitar transformaciones más profundas”. En los ’90, el primer intento de reformar el Código Procesal Penal se frustró “por la resistencia de la estructura de poder, en particular de los jueces federales”. “Esa deuda se está tratando de saldar”, dijo, y citó como ejemplo “la media sanción de ayer (por el miércoles) en el Senado, que la oposición y la prensa concentrada presentan como una especie de crimen de lesa humanidad”. La renovación de la Corte a partir de 2003 fue “un paso formidable pero limitado”, dijo. “Se pensó que una buena Corte iba a permear doctrinas e interpretaciones que mejoraran el sistema en su conjunto pero no sucedió, seguimos teniendo una estructura judicial muy elitista, muy ineficiente y muy subordinada a los poderes concentrados”, lamentó. “Esa tarea pendiente efectivamente no va a ser un proceso de auto-renovación desde adentro. Se puede avanzar en propuestas pero el rol político esencial de la administración de justicia, que es garantizar la justicia para todos y en particular los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales de los más vulnerables, requiere de una transformación que tiene que venir desde afuera del Poder Judicial: desde el sistema político y probablemente ni siquiera del Parlamento sino de una reforma constitucional”, afirmó Taiana. “Es una tarea política para todos los que estamos aquí en cuanto reclamo y exigencia para el próximo gobierno, y si es del Frente para la Victoria con mucha más razón”.