El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, denunció ante la Justicia a las organizaciones piqueteras que bloquearon las puertas de la cartera laboral la noche del miércoles pasado. El caso quedó radicado en el juzgado de Norberto Oyarbide con la intervención de la fiscalía de Luis Comparatore y Patricio Evers. La presentación plantea que “se compruebe si se ha cometido un hecho delictivo” y si es así “se determine quiénes participaron”.
La denuncia fue redactada por César Neffa, asesor jurídico del ministerio. En su descripción de los hechos, el abogado señaló que los piqueteros se presentaron imprevistamente el pasado 22 para reclamar, entre otras cosas, “el otorgamiento de 3 mil planes Jefas y Jefes de Hogar, alimentos frescos, carnes, lácteos y el apoyo de infraestructura para comedores y merenderos”.
La semana anterior, el día 15, los grupos denunciados se habían presentado en el edificio para hacer el mismo reclamo. Los funcionarios les contestaron que ocho de sus representantes iban a ser atendidos el 20, previo llamado telefónico. El 22, “sin que hubiera ocurrido ningún llamado, aparecieron y con un contacto informal pidieron una reunión con el secretario de Empleo, Enrique Deibe”, agrega el texto.
Según la denuncia, los funcionarios les contestaron que era “imposible” satisfacer ese pedido y por ello, alrededor de las 21, “ante la falta de respuestas (los piqueteros) procedieron a bloquear las puertas de la calle 25 de Mayo 669”, mientras que “las vallas policiales se utilizaron en los otros accesos del edificio, por lo cual no fue permitido el ingreso y egreso de persona alguna a la sede del ministerio, debiendo permanecer en dichas instalaciones los trabajadores que en ella se encontraban”.
Las agrupaciones denunciadas son el Frente Unico de Trabajadores Desocupados y Ocupados (Futrade), Movimiento de Unidad Popular 20 de Diciembre (MUP 20), la Tendencia Clasista 29 de Mayo, el Frente Independiente de Trabajadores Ocupados y Desocupados (Fitod) y el Movimiento de Unidad Popular (MUP).
Esta última organización aclaró ayer a Página/12 que no participó del bloqueo, sino que ese mismo día, más temprano, había realizado “una concentración desde el mediodía a las cuatro de la tarde”, cuando tras ser atendidos se desmovilizaron.
En sintonía con la presentación de Tomada, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ratificó que “no habrá planes” para quien recurra al “reclamo extorsivo”. Fernández consideró “extorsivas” medidas tales como “cortar una calle, tomar un edificio o someter a una libertad reducida a un grupo de funcionarios”, ratificando el giro del Gobierno en su política hacia las organizaciones de desocupados.
El funcionario confirmó que el Ejecutivo estudia la creación de una brigada policial antipiquetes, y aclaró que su función será disuasiva, no represiva. “Se pensó en la idea de crear una brigada especialmente preparada para que trate más de disuadir que de agredir o atacar”, comentó. El Presidente, agregó, “ha buscado bajar el nivel de conflictividad, buscar un sistema de convivencia social, de paz social” y cree que esta brigada “puede ser una alternativa”. No obstante la calificó como “una idea muy primaria” y en análisis.
La presentación de la denuncia generó el rechazo de las organizaciones piqueteras. Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, dijo que el Presidente “se equivoca, porque sentará un precedente a partir del cual cualquiera podrá demandar a los luchadores sociales”. Roberto Martino, del Movimiento Teresa Rodríguez, consideró que “el Ejecutivo dio marcha atrás en su política de no criminalizar la protesta”. Néstor Pitrola, del Polo Obrero, acusó al Gobierno de “usar un incidente menor para fijar una política ofensiva”. Algunas de las agrupaciones que participaron en el bloqueo denunciado darán esta tarde a las 15 horas una conferencia de prensa en la Plaza de Mayo.