La Corte Suprema de Justicia y la aplicación del nuevo Código Procesal Penal fueron dos ejes de análisis para la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien ayer calificó de “disfuncional” al máximo tribunal del país por estar integrado por cuatro miembros, cuando “la ley dice que tiene que tener cinco” y acusó a “quienes mueven los hilos de la Justicia” de tener “grandes intereses de que el sistema penal no cambie” en la Argentina.

“Hay algo que es irregular y disfuncional” en la Corte Suprema, consideró la procuradora en el marco de una entrevista a Radio América. Se refirió a la cantidad de integrantes del máximo tribunal, que “el año pasado perdió tres miembros (en referencia a los fallecimientos de Enrique Petracchi y Carmen Argibay y al retiro de Raúl Zaffaroni), y desde principios de año funciona con cuatro jueces (su presidente, Ricardo Lorenzetti; Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, que tiene 97 años). La ley establece que tiene que tener cinco”. “Es disfuncional que el tribunal superior de la Nación no tenga el número que establece la ley”, insistió. Según su postura, la situación “afecta la imagen del tribunal”. “Lo que es importante en una Corte es que se garantice la pluralidad de miradas, que es la que tiene la sociedad, y si parte de sus cargos están vacantes, la pluralidad no está garantizada”, analizó.

En tanto, remarcó que la “responsabilidad” de completar los espacios vacíos en el tribunal “no es de la Corte, sino del Congreso”, en donde “hay sectores que se han opuesto a que cualquier postulante sea aprobado”, advirtió. Al ser consultada sobre la independencia de la Justicia, Gils Carbó mencionó que “siempre hay presiones”, descontó que la independencia del Poder Judicial del político esté en discusión y advirtió que la influencia del poder económico sobre la Justicia “fue algo que no estaba en el tapete hasta hace unos pocos años” y que “es un tema importante”. “Hay poderes fácticos que son más poderosos que un gobierno elegido democráticamente”, afirmó.

Mientras la Cámara de Diputados trata en comisiones las normas de aplicación del nuevo Código Procesal que convertirá al sistema penal en acusatorio, la procuradora manifestó que el flamante articulado, aprobado a finales de 2014, busca “desconcentrar poder al dividir las tareas: la investigación quedará a cargo de los fiscales y los jueces serán quienes resuelvan” frente a lo que aparecen resistencias: “Hay sectores de la Justicia que no quieren este cambio porque temen perder el poder de investigar y de juzgar”, denunció. Según su visión, “la desconcentración le dará transparencia a la Justicia”.

Además, destacó la oralidad “plena y pública” que establece el nuevo Código para “todos los procesos” judiciales. “Ahora tenemos procesos escritos, oscuros, lentos; con el nuevo Código, todo procedimiento se debatirá en una audiencia oral que será filmada para que los medios de comunicación puedan reproducirla”, remarcó.

Ante el cuestionamiento que si se aprueba el nuevo Código se podrá nombrar más de dos mil magistrados, funcionarios y empleados antes del final del mandato de la presidenta Cristina Kirchner, respondió que ella nombra “a los fiscales y se hace un gran escándalo”, pero sostuvo que “esto tiene que ver con cuestiones políticas” de las que es “ajena”. “No soy militante ni he sido militante en ningún partido. Si bien todos tenemos ideas políticas, tenemos muy en claro que jamás podemos, en el ejercicio de nuestras funciones para el bien común, operar para cuestiones personales”, sentenció. “Si hay algo grave es ver a los magistrados haciendo operaciones políticas”, añadió, por último, Gils Carbó, quien ratificó que continuará en su puesto tras las elecciones de octubre próximo.