El Consejo de la Magistratura designó a Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Número 1 de Bahía Blanca. Con la presencia de representantes de distintas agrupaciones de derechos humanos, el organismo que designa y remueve a los jueces hizo lugar al planteo de no ratificar a Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet, quienes habían sido señalados por obstaculizar los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

La designación de Ramos Padilla fue aprobada por seis votos a favor y seis en contra. La jueza Gabriela Vázquez, presidenta del Consejo, fue la encargada de desempatar e inclinar la balanza para que se pudiera concretar el cambio en el juzgado de Bahía Blanca.

El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, celebró la decisión del Consejo. Dijo que era “un avance” y que marca “un antes y un después”. Martínez y Pontet fueron denunciados por obstaculizar el avance de las investigaciones por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, en especial las vinculadas con la colaboración civil, como el caso que involucra al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot.

Antes del comienzo del plenario, el secretario del juzgado federal 1 de Bahía Blanca, Mario Fernández Moreno, prestó declaración como testigo (de la defensa) en el marco de la citación que se le hizo al juez Martínez por “mal desempeño”, que se concretará el 14 de agosto.

Durante su declaración, Fernández Moreno intentó deslindar responsabilidades respecto del cuestionamiento que se le hace a Martínez por “obstaculizar” el avance de las causas. Dijo que denunció penalmente al juez ad hoc Alvaro Coleffi, cuando él tuvo la causa “Massot”, porque se reunía “frecuentemente” con el fiscal Miguel Angel Palazzini, y que la denuncia “cayó” en el juzgado de Martínez porque “era el que estaba de turno”. Coleffi fue el único juez que avanzó en la causa que investigó la responsabilidad del empresario periodístico en crímenes de lesa humanidad y fue exonerado del Poder Judicial por la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Fernández Moreno también denunció al fiscal Antonio Castaño por “violación de secretos” porque llegó información de esa denuncia a los medios.

La actividad en el Consejo de la Magistratura se realizó con la presencia de Estela Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e H.I.J.O.S. regional Capital en la red nacional. La presencia de los organismos de derechos humanos se vio respaldada por la presencia de funcionarios y legisladores como Horacio Pietragalla, diputado nacional del Frente para la Victoria e hijo de desaparecidos; el fiscal general Jorge Auat, titular de la unidad de coordinación de las causas por delitos de lesa humanidad de la Procuración General; el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Carlos Pisoni; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y el propio Palazzini.

El fiscal de Bahía Blanca se ofreció a declarar también y explicó que se perdió la posibilidad de “indagar a (el ex capellán militar Aldo) Vara” por la “demora de un año en mover la causa”. Señaló directamente a Martínez por la “fragmentación de causas, la negativa a investigar delitos sexuales durante el terrorismo de Estado y la negativa a citar a indagatoria a Massot, entre otros”.

El ex capellán militar de Bahía Blanca Aldo Omar Vara fue arrestado por Interpol en Ciudad del Este, Paraguay, en abril del año pasado y murió dos meses después, mientras esperaba su extradición a la Argentina, donde debía ser indagado.