La repentina actividad que dispuso ayer el juez federal Claudio Bonadio en la causa que investiga Hotesur, propiedad de la familia Kirchner, a escasas semanas de las PASO, generó una ola de repudios desde el oficialismo. Desde el candidato presidencial del Frente para la Victoria, el gobernador bonaerense Daniel Scioli, pasando por el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, a una larga lista de funcionarios y dirigentes y hasta el bloque de diputados del FpV reaccionaron ante los operativos ordenados por Bonadio en Río Gallegos. “Llaman poderosamente la atención las medidas adoptadas a 17 días hábiles de una elección”, subrayó Scioli, quien volvió a reclamar que no se judicialice la política. “Hace meses que están dando vueltas arriba del mismo expediente, no hay nada, no encuentran nada, pero ahora encontramos cuál es el verdadero pretexto”, agregó Aníbal Fernández.

“Bonadio + Policía Metropolitana + Clarín amplificando: prepárense, empezó la campaña sucia”, publicó en su cuenta de Twitter el secretario general de la Presidencia, Eduardo “Wado” De Pedro, vinculando directamente el pedido de allanamiento del juez con la cercanía de las elecciones. Por el bloque de diputados habló su titular, Juliana Di Tullio. “No queremos más operaciones, queremos que nos ganen en las urnas, pero limpiamente”, sostuvo. Argumentó que “son simples pedidos de informes los que ha pedido el juez, que transforma a través del aparato mediático en un allanamiento que no lo es, sobre todo porque podría haberlo pedido por escrito”.

En rigor, se trató de un pedido de informes sobre la empresa Idea SA y Valle Mitre, que administran los hoteles de sociedades de las que participa la presidenta Cristina Kirchner y funcionan en la inmobiliaria Sancho, Sanfelice y Asociados, de la que los hermanos Máximo y Florencia Kirchner son dueños del 49 por ciento. “Van a allanar con la Policía Metropolitana que conduce (el precandidato presidencial del PRO, Mauricio) Macri. ¿No tiene más gestos políticos para hacer? Faltaba que el juez fuera con los globos del PRO”, ironizó Aníbal Fernández, y agregó: “Nadie dice que no se hagan investigaciones, ¿pero por qué durante tantos meses no hizo nada y ahora justo antes de las elecciones?”.

Hotesur es la empresa que administra algunos bienes de la familia Kirchner en Santa Cruz. En octubre del año pasado, el juez Bonadio ya había allanado la sede jurídica de la empresa en la ciudad de Buenos Aires, donde era la dirección de radicación, pero que ya había presentado la documentación de su traslado a tierras patagónicas. Así, al llegar los oficiales de Justicia se encontraron con que no había nada, y les pidió a la Inspección General de Justicia y a la Administración Federal de Ingresos Públicos documentación de los registros contables de la empresa y declaraciones juradas, pero no obtuvo resultados que apoyaran su investigación. El juez investiga si la compañía cometió supuestas irregularidades en la presentación de sus balances y también incurrió en un supuesto lavado de dinero en el alquiler de las habitaciones a compañías del empresario Lázaro Báez.

Máximo Kirchner se presentará en estas elecciones por primera vez como candidato a diputado en Santa Cruz. Por eso, funcionarios y dirigentes del kirchnerismo salieron a repudiar lo que calificaron como una “maniobra”.

Uno de los primeros en opinar fue Scioli. Además de cuestionar la resolución de Bonadio, sostuvo que “todos los que tenemos responsabilidades institucionales debemos esforzarnos para que no se judicialice la política siendo funcional a un sector político determinado”.

“Tratan de politizar una investigación que no tiene sustento probatorio”, dijo el ministro de Justicia Julio Alak cuando vio de qué trataba la investigación. “Si bien son simples pedidos de informes, resulta llamativo que se soliciten estas medidas casi en la misma fecha de inicio de la campaña electoral”, agregó luego, cubriendo con un velo de sospecha las motivaciones de las últimas ordenes judiciales. Por otro lado, De Pedro, hombre de confianza de la Presidenta, calificó la actuación judicial como “una clara maniobra de política preelectoral. Recurren a una campaña sucia preocupados por el crecimiento del FpV” y agregó: “Bonadio + Policía Metropolitana + Clarín amplificando: prepárense, empezó la campaña sucia”. El diputado y dirigente de La Cámpora Andrés Larroque recordó que “se genera esta medida justo como ocurrió días después de que Máximo hablara en el estadio de Argentinos Juniors. Parece que su aparición genera este tipo de reacciones”, haciendo foco en las primeras medidas ordenadas por Bonadio el año pasado y acusó que en el PRO “prefieren embarrar la cancha porque saben que pierden ante una opción como el FpV”.

El bloque del FpV en pleno llamó a una conferencia de prensa en la que leyó un comunicado en el que denuncian el accionar de Bonadio. “Esta es simple y claramente una operación política y la rechazamos, la repudiamos enérgicamente”, apuntaron los legisladores kirchneristas y destacaron que “no nos vamos cansar de decir que la judicialización de la política es el camino que eligen los que no pueden ganarle a un proyecto político que le cambió al pueblo argentino su vida para mejorársela día a día hace casi doce años, a través de lo que corresponde, que es ganarle en las urnas”. En el Congreso se mostraron todos juntos para proclamar que “el bloque del FpV repudia el uso político y mediático de una medida absurda de un juez federal tan cuestionado no sólo por la sociedad sino también por el ámbito del órgano disciplinario que la Constitución Nacional dispone para que los jueces sean juzgados por sus inconductas”, recordando los nueve pedidos de juicio político contra el juez (ninguno solicitado por el FpV) que están en poder del Consejo de la Magistratura por mal desempeño.