El candidato presidencial del PRO, Mauricio Macri, seguirá procesado por haber presuntamente participado de una asociación ilícita para realizar escuchas ilegales. Así lo dispuso la Sala I de la Cámara Federal, que rechazó un planteo de la defensa del jefe de Gobierno en el que reclamaba el sobreseimiento definitivo. De esta manera, el líder del PRO continuará procesado, pero, por decisión del juez Sebastián Casanello, no irá a juicio oral junto con sus ex funcionarios y el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios.

Luego de que se destapara el escándalo de las escuchas ilegales, Macri fue procesado en 2010 por las escuchas al familiar de una víctima de la AMIA, Sergio Burstein, y a su cuñado, Néstor Leonardo. Incapaz de librarse del procesamiento, el jefe de Gobierno recurrió a la Legislatura para que sus propios legisladores le iniciaran juicio político y lo absolvieran en un trámite express. La oposición bloqueó ese intento y creó una comisión investigadora que, en su informe final, detalló que el gobierno de Macri mintió en diversas oportunidades (entre otras cosas, en relación con el rol que tenía el espía Ciro James en la Metropolitana). Los opositores consideraron que Macri era el “principal responsable” político por las escuchas ilegales. Sin embargo, cualquier intento de iniciarle juicio político quedó descartado dado que el PRO contaba con los números para un resultado favorable.

En tanto, la causa avanzó hasta el punto de que el juez Norberto Oyarbide consideró que estaban dadas las condiciones para elevarla a juicio oral. Sin embargo, esa decisión quedó en manos de otro juez, que asumió ese juzgado que Oyarbide subrogaba: Sebastián Casanello. Este magistrado envió a juicio a Palacios, James y a diversos funcionarios, entre los que se encuentra el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, pero consideró que no había pruebas suficientes para enviar a juicio oral a Macri. Tampoco le revocó el procesamiento. Los otros imputados tendrán su juicio en 2017.

Casanello ordenó una serie de medidas, que apuntaban a intentar probar si el que encargó las escuchas era el padre de Macri, Franco (una hipótesis que siempre defendió el jefe de Gobierno). Para esto solicitó un exhorto a la firma Ackerman Group LCC Security & Investigative Consultants para que aclare la nómina de personas que actuaron en la Argentina, también citó a declarar como testigos a sus representantes o asociados en la Argentina (AP Security SA) y al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro.

Tanto Montenegro como las autoridades de las empresas de seguridad privada declararon a favor del procesado jefe de Gobierno. Montenegro llegó a afirmar bajo juramento que Macri no fue el que propuso a Fino Palacios como jefe de la Metropolitana. “Lo que habíamos decidido es que era una terna a propuesta mía y designado por el jefe de Gobierno”, afirmó. Entonces, los abogados de Macri, Alejandro Pérez Chada y Ricardo Rozental, presentaron una declaración ante escribano de Eduardo Ackerman en el que decía: “Los servicios de Ackerman no fueron contratados por Mauricio Macri. Ackerman jamás recibió compensación alguna de Mauricio Macri”. Los abogados le reclamaron al juez el sobreseimiento. Casanello rechazó ese pedido el 29 de diciembre del año pasado. La defensa de Macri apeló.

La Cámara Federal recién resolvió la apelación siete meses después. Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler rechazaron el pedido de los abogados defensores, mientras que Eduardo Farah falló en disidencia, a favor de sobreseer a Macri. Ballestero y Freiler sostuvieron que se debe esperar, tal como sostuvo Casanello, al exhorto internacional antes de decidir sobre la situación procesal de Macri.

“La documentación que la defensa de Macri aportó al expediente no torna innecesario el libramiento del exhorto internacional”, indicaron. “Lo expuesto no obsta a que en un futuro –en caso de que la respuesta al exhorto internacional se demore o bien sea denegada por las autoridades de Estados Unidos– el juez revalúe el mérito de las probanzas recolectadas y arribe a una conclusión diferente.” Los camaristas argumentaron que “la duración del proceso hasta el momento no resulta, en modo alguno, irrazonable” y destacaron la complejidad del caso.

Farah, por su parte, consideró que “ya se sabe todo lo que tenía que saberse. Resta desvincular definitivamente al imputado”, es decir, a Macri. Entre los argumentos que citó, están las comunicaciones entre Narodowski y Ciro James, que –a consideración del juez– desligan a Macri de una relación más directa con la designación del espía en el Ministerio de Educación. También les dio crédito a las declaraciones de Montenegro que excluye a Macri de las designaciones en la Metropolitana. “No existe en la actualidad evidencia alguna que vincule penalmente a Mauricio Macri con la actividad de la asociación ilícita acreditada en la investigación, ni con las escuchas que damnificaron a Sergio Burstein y Néstor Leonardo”, concluyó Farah. Sin embargo, los otros dos camaristas no lo acompañaron en el razonamiento y Macri, de momento, continuará procesado un tiempo más.