Los autores de delitos de lesa humanidad como los cometidos durante la última dictadura nunca más podrán ser objeto de indultos, amnistías o conmutaciones de penas. La ley que prohíbe cualquiera de esas variantes de impunidad, aprobada por unanimidad en el Congreso, fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial. La norma, que implica el compromiso de la dirigencia política de no volver a inmiscuirse en los procesos por los miles de secuestros, tormentos y homicidios cometidos al amparo del Estado, sepulta las esperanzas de Etchecolatz, Astiz y más de medio millar de represores que cumplen condenas y de otros novecientos actualmente procesados que llegarán a juicio en los próximos años.

La flamante Ley 27.156 fue aprobada en noviembre del año pasado en Diputados, donde sólo se abstuvo el bloque macrista y dos radicales, y el 1º de julio en el Senado. En su único artículo establece que “las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los Tratados internacionales de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena”. Cualquier intento de establecer una amnistía en delitos contra la humanidad será considerado de “nulidad absoluta e insanable”.

La ley que propuso el diputado y nieto recuperado Horacio Pietragalla prohíbe la posibilidad de indultos presidenciales como los que dictó Carlos Menem, primero para beneficiar al puñado de jerarcas militares procesados y luego a los ex comandantes que la Cámara Federal porteña había condenado en 1985. “Es una reafirmación de las instituciones democráticas sobre la gravedad de los delitos de lesa humanidad y la obligación del juicio y castigo para sus responsables”, explicó entonces el legislador. La norma implica reglamentar la prohibición de indultar a los autores de delitos aberrantes de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en los fallos “Mazzeo” y “Videla”, que declararon inconstitucionales los indultos de Menem. Se apoya además en antecedentes de organismos y tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El 19 de noviembre del año pasado, con varias Abuelas de Plaza de Mayo en el recinto, 173 diputados votaron a favor de la norma. Fue un mensaje contundente a quienes “tienen esperanza, ante un posible cambio de gobierno, de algún tipo de perdón o cierre”, explicó entonces el diputado Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Pietragalla recordó que ya había 559 condenados, que se estaba comenzando a imputar a empresarios y que “el avance sobre las responsabilidad civil implica un riesgo de nuevos indultos y leyes de impunidad”. El diputado Pablo Tonelli, en representación del PRO, advirtió que “no basta tener un propósito loable para impulsar una ley” y firmó un dictamen junto a su compañera de banca Laura Alonso para transformar el proyecto de ley en proyecto de declaración. Argumentó que los tratados internacionales incorporados a la Constitución en 1994 le darían a la norma “una jerarquía infraconstitucional” y que los indultos o conmutaciones de penas eran “una facultad privativa del Poder Ejecutivo y el Congreso no puede inmiscuirse por la división de poderes”. El radical Manuel Garrido criticó los “cuestionamientos formales” del PRO, destacó que “la ley es una declaración política contundente y un elemento más en contra de la impunidad” y anunció que la UCR respaldaría el proyecto. Finalmente lo votaron todas las bancadas, con la abstención de 16 macristas y los radicales Oscar Aguad y Fabián Rogel.