Los especialistas de todo el mundo que se reunieron el miércoles y ayer en el Congreso Internacional sobre Jurisdicción Universal, organizado por la Fundación Baltasar Garzón, acordaron impulsar que “los crímenes económicos y contra el medio ambiente que por su extensión y escala afectan gravemente los derechos humanos de grupos o colectividades o supongan la destrucción irreversible de ecosistemas” deben ser perseguidos e investigados por todos los tribunales del mundo con independencia del lugar donde se cometan, la nacionalidad de los víctimas o sus responsables.

Durante dos días, en el Teatro Cervantes debatieron, entre muchos otros, Paulo Abrao, presidente del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur; Joan Garcés, el abogado español que dirigió el proceso judicial contra Augusto Pinochet; Helen Duffy, directora de Human Rights in Practice; Fabricio Guariglia, director de la División de Enjuiciamiento y Apelaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional; Héctor Sejenovich, Premio Nobel de la Paz compartido con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en 2007; Manuel Ollé, de la Universidad Complutense de Madrid; Raji Sourani, del Centro Palestino para los Derechos Humanos; Frank LaRue, ex relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional de España y la guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Entre los argentinos que participaron estuvieron el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y diversos jueces, fiscales y funcionarios vinculados a la defensa de los derechos humanos.

El documento que se elaboró como conclusión del encuentro destaca que “la jurisdicción universal será aplicable a los crímenes tales como genocidio, de lesa humanidad, de guerra, piratería, esclavitud, desaparición forzada, tortura, tráfico de seres humanos, ejecuciones extrajudiciales y crimen de agresión. Estos pueden ser cometidos de múltiples formas, incluyendo las actividades económicas y que puedan afectar al medio ambiente”. Entre los nuevos delitos incluyen “la especulación de precios sobre productos de primera necesidad de los que dependan la supervivencia o la salud de una generalidad de personas, la fuga de corporaciones o extracción masivas de fondos que traten de eludir las responsabilidades pecuniarias derivadas de la comisión de los crímenes contenidos en estos principios, la explotación ilícita de recursos naturales que afecten gravemente a la salud, la vida o la convivencia pacífica de las personas con el entorno natural en el espacio donde se produzca la explotación, o la destrucción irreversible de ecosistemas”.

Zaffaroni advirtió ayer que la aplicación de la jurisdicción universal ante delitos medioambientales graves no va a resolver del todo el problema, pero que esta herramienta se puede usar para “poner de manifiesto las operaciones de esas grandes empresas que causan desastres medioambientales”. “Tenemos que reconocer personería a la propia Naturaleza y es de América latina de dónde tiene que surgir esta propuesta y debe ser universal”, señaló el ahora juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.