El nuevo juez trabajó en la identificación de las armas, entre las que había material explosivo en condiciones de detonar.

Detenidos a quienes no se les tomaba declaración indagatoria durante meses. Indagados en el limbo, con situaciones procesales irresueltas durante años. Drogas y armas dispersas, sin identificar y sin las más elementales condiciones de seguridad y custodia. El diagnóstico sobre el estado del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca pertenece al juez federal Alejo Ramos Padilla, subrogante designado por el Consejo de la Magistratura ante la sumatoria de irregularidades documentadas por el Ministerio Público Fiscal, y forma parte de un informe presentado a la Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema para impulsar los juicios de lesa humanidad. La “grave situación institucional” que advirtió en junio el Consejo de la Magistratura tenía lugar con el visto bueno de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que presidió hasta el jueves pasado Néstor Montezanti, suspendido por el Consejo e imputado en la causa Triple A, y en la que sólo sobrevive Pablo Candisano Mera, íntimo amigo de quien subrogó el juzgado del caos en los últimos años, Santiago Ulpiano Martínez.

“En 33 años de labor judicial no recuerdo que se haya vivido en democracia una situación de conflicto tan intensa y prolongada como la de Bahía Blanca”, confesó meses atrás la jueza Gabriela Vázquez, presidenta del Consejo. Ramos Padilla describe en el informe el escenario con el que se encontró: infinitas indagatorias pendientes, “prisiones preventivas vencidas y no informadas al Consejo”, “droga –más de 40 panes– y armas” dispersas, “material estupefaciente a la intemperie en la terraza del juzgado”, ausencia de registros sobre cantidad de detenidos y menos aún sobre lugares de alojamiento, falta de control sobre arrestos domiciliarios (imputados con armas en sus casas) y sobre traslados, detenidos por delitos de lesa humanidad alojados en la seccional de la Policía Federal de la que se fugó el fallecido torturador Julián Corres, retrasos generalizados, “más de dos mil escritos por agregar” y “centenares de sentencias vencidas”.

Sobre las más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas (muchos con municiones) desparramados en armarios, cajones e inclusive a la vista, en las últimas semanas se trabajó en la identificación de las causas a las que pertenecen, se procedió al desarme y se pidió al Registro Nacional de Armas (Renar) que las traslade en forma urgente a una dependencia con una custodia acorde semejante arsenal. Un perito en explosivos convocado por el juez llamó la atención sobre un proyectil de un “arma antiaérea” catalogado como “material explosivo en condiciones de detonar”. Estaba en un sobre con la tranquilizante leyenda “Carátula 3-20636–OJO: ESTA ACTIVADO”.

Ramos Padilla advirtió también que “se borraron archivos y registros de utilidad de la Secretaría de Derechos Humanos” del juzgado, destacó que a los “conflictos internos” entre funcionarios se sumó el “temor a represalias” y la “falta de personal capacitado”, y reclamó a la comisión que encabeza el supremo Ricardo Lorenzetti que le provea recursos humanos para afrontar la ardua tarea en el juzgado, donde además de las causas comunes están radicadas dos megacausas por delitos de lesa humanidad con un universo de aproximadamente 750 víctimas y alrededor de 100 imputados, incluidos militares, policías, empresarios como Vicente Massot y ex magistrados como Hugo Sierra, Gloria Girotti y el propio Montezanti.

La Cámara Federal de Bahía Blanca, responsable por sus facultades de superintendencia de controlar el funcionamiento del juzgado que albergaba el arsenal, fue presidida hasta el jueves por Montezanti, quien será sometido a un jury en el Consejo de la Magistratura por sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos”, por sus conductas “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y su falta de “idoneidad moral y vocación democrática” para ser juez de la Nación. El mismo día, luego de resolver el caso del magistrado y ex agente del Destacamento de Inteligencia 181, la Comisión de Selección de Magistrados aconsejó al plenario del Consejo cubrir las cuatro vocalías vacantes con otros tantos camaristas federales. Los propuestos son Alberto Lugones, de San Martín; Alejandro Segura, de San Justo; Roberto Lemos Arias, de La Plata, y Jorge Ferro, camarista de Mar del Plata y juez subrogante en el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que este año concluirá el juicio a represores de la Armada y Prefectura. El plenario podría designarlos en su próximo encuentro, el jueves 1º de octubre. Hasta entonces los empleados de la Cámara deberán seguir tragando saliva y compartiendo los pasillos con el abogado que según el Consejo “comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A”, ya sin chances de usar el sello que consiguió durante el interinato del senador Eduardo Duhalde aunque con su estirpe calabresa intacta.