“Es muy extraño que no han mostrado un solo papel. Es imposible aceptar la supuesta transparencia si no pueden mostrar los expedientes”, reflexiona la legisladora Gabriela Alegre ante las evasivas del gobierno porteño a los pedidos de explicaciones sobre los contratos irregulares por más de veinte millones de pesos con la empresa del ex candidato a diputado Fernando Niembro. Impulsora de la denuncia y del pedido de informes que se aprobó en la Legislatura, Alegre analiza las alternativas para que el jefe de Gobierno Mauricio Macri y otros funcionarios rindan cuentas de los contratos otorgados a Niembro luego de que el bloque PRO en la Legislatura rechazara un proyecto de interpelación con el apoyo del frente ECO (Martín Lousteau) y de Confianza Pública (Graciela Ocaña).

–El PRO y algunos de sus aliados rechazaron el pedido de interpelación. ¿Cómo sigue el caso en la Legislatura?

–En principio está pendiente la respuesta al pedido de informes que hicimos el jueves 10. Tienen treinta días de plazo para responder, hasta el 10 de octubre. Hay que ver si lo cumplen. Si no lo hacen insistiremos. Por otro lado, si bien rechazaron el proyecto de interpelación de Macri y otros funcionarios podríamos intentar el tratamiento en alguna comisión para que al menos en ese ámbito podamos debatir el tema. Lo más lógico sería en la Comisión de Presupuesto, ya que se trata de contratos irregulares. De todas formas no tenemos mayores expectativas porque hasta ahora se negaron públicamente a debatir el tema y cuando planteamos la interpelación discutieron de cualquier otra cosa menos de este tema. Una instancia en la que sí podremos exigir explicaciones será cuando se trate el presupuesto, que entra a la Legislatura el 1º de octubre. Va a ser complicado después de todo lo que salió a la luz con Niembro. Ahí cada ministro está obligado a dar explicaciones, a justificar lo que pide. El cronograma de audiencias se aprueba a partir del 1º de octubre y probablemente comiencen después del 25 de octubre. Pero más allá de los tiempos electorales y de lo que respondan mediáticamente los funcionarios del PRO, hay que obtener una respuesta porque este caso no puede terminar sólo con Niembro.

–La Procelac pidió investigar a Niembro y también a varios funcionarios por invocar “razones de urgencia” para burlar los mecanismos de control en base al decreto 556/2010 sobre “operaciones impostergables”. ¿Investiga la Legislatura las compras hechas en base a ese decreto?

–Sabemos que usan ese decreto en muchas más cuestiones de las que habilita, sin fundamentar bien la urgencia de esas compras. Como Legislatura podemos hacer preguntas al Ejecutivo, pero no tenemos capacidad de investigar como cuerpo si no se conforma una comisión investigadora, como ocurrió con las escuchas ilegales de Macri. Para eso hace falta el voto de dos tercios de la legislatura y con la actual conformación el PRO y sus aliados electorales tienen capacidad para frenar toda iniciativa de interpelación o comisión investigadora.

–La Procelac estableció que La Usina tuvo dos clientes: el gobierno y el Banco de la Ciudad. ¿Quiénes serías responsables por el banco?

–Su director Rogelio Frigerio, que es el responsable de la administración del banco. De todas formas las contrataciones del Banco Ciudad no parecen tan irregulares porque al menos están publicadas en el boletín oficial.

–El fiscal federal Ramiro González imputó a Niembro y a su socio Atilio Mezza pero no a los funcionarios que había acusado la Procelac. ¿Cómo interpreta que sólo se haya imputado a sólo una de las partes?

–Entiendo que es un tema jurídico, que el fiscal investiga el lavado de dinero y que los funcionarios son investigados en la otra causa –en referencia a la investigación del juez Roberto Ponce–. Es muy claro que se cometieron delitos también hay responsabilidad de funcionarios, no pueden haberse llevado más de veinte millones de pesos del Gobierno de la Ciudad sin que alguien aprobara eso. Lo del viernes es una primera imputación pero hay que ver cómo evolucionan las dos causas. Lo que es evidente es que hay una urgencia política que va más allá de las causas que tiene que ver con las respuestas de los funcionarios. Mi función como legisladora es reclamarle al Ejecutivo que nos muestre cómo fueron hechas estas contrataciones. No nos alcanza con que digan “es todo transparente” y quieran cerrar la historia con la renuncia de Niembro. Es muy extraño que no han mostrado un sólo papel. Es imposible aceptar la supuesta transparencia si no pueden mostrar los expedientes.