El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, imputó a autoridades de la Universidad de Buenos Aires por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y administración infiel. Entre las cuarenta personas acusadas se encuentran el secretario de Hacienda de la UBA y titular de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti (foto); el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y ex funcionario macrista José Luis Giusti y el ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de esa facultad Sergio Gastón Ricardo.

En su requerimiento de instrucción, Picardi señaló que los imputados habrían utilizado el alto cargo jerárquico desempeñado en la casa de estudios para desviar millonarias contrataciones del Hospital de Clínicas, que depende de la UBA, hacia proveedores de insumos y medicamentos con los cuales estaban vinculados. Para llevar a cabo las maniobras habrían contado con la complicidad clave de quienes sucesivamente se desempeñaron al frente de la Dirección de Administración del hospital –Marcos Coy, Omar Quiroga y Leopoldo Bordoli–, que habrían sido especialmente designados para cumplir ese rol. Además de enriquecer “apreciablemente” sus patrimonios, parte del excedente originado por las maniobras de los funcionarios habría sido canalizado para financiar la campaña electoral de ECO, que postuló a Martín Lousteau en los comicios porteños de este año.

La denuncia que originó la investigación fue presentada por el fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, junto al coordinador del Area de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski, a partir de un informe del canal de noticias C5N.

A partir de la investigación de la procuraduría especializada se pudieron corroborar diversas contrataciones que beneficiaron a un conglomerado de empresas, entre las que se encuentran Medipack S.A, sociedad constituida por el cuñado de Ricardo, Diego Pellegrini, que desde abril de 2008 hasta marzo de 2014 obtuvo 69 contratos por más de once millones de pesos. Pero el de Clínicas no es el único hospital implicado en la denuncia: Ricardo también se desempeñó como director general de Administración del Hospital Pedro Elizalde (ex Casa Cuna) que, durante su gestión, se proveyó de medicamentos a través de Medipack. “Estas contrataciones irregulares demuestran que estas personas no distinguen entre lo público y lo privado, sino que utilizan las instituciones del Estado para engrosar su patrimonio personal”, sostuvo el fiscal en su presentación.

Asimismo, Picardi indicó que las irregularidades detectadas no se limitan a los “negocios” entre estos hospitales y los proveedores de insumos, sino que también alcanzan a la Facultad de Ciencias Económicas. En ese sentido, señaló que Yacobitti, Ricardo y Giusti formarían parte de una red de consultoras que, pese a no ofrecer ningún tipo de servicio, factura a la casa de estudios, Para llevar a cabo esta operación habría sido clave la designación de Ricardo en la Secretaría de Asistencia Técnica y Pasantías de esa facultad.