“La recuperación de las empresas públicas constituye una política de derechos humanos”, destacó ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, al encabezar el acto en el que se entregaron los legajos de 31 trabajadores de empresas del Estado detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar. En la ceremonia estuvieron, entre otros, la ministra de Industria, Débora Giorgi; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; y el diputado nacional Juan Cabandié, quien recibió el legajo de su padre, Damián, quien al momento de su secuestro trabajaba en Entel.