El presidente Eduardo Duhalde les garantizó ayer a los obispos católicos y a la totalidad de los integrantes del Diálogo Argentino que el Gobierno asegurará los fondos para el llamado salario de inclusión, que aportará 150 pesos mensuales para jefas y jefes de hogar desempleados y con hijos menores de 18 años y que pretende alcanzar en una primera etapa a un millón cuatrocientas mil personas y, en su tramo final, a dos millones de beneficiarios. El Presidente formuló este compromiso en el transcurso de una extensa reunión celebrada ayer por la tarde en una casa de ejercicios espirituales que la diócesis de San Isidro tiene en la localidad bonaerense de San Fernando. El encuentro se había gestado en la noche del lunes cuando el propio Duhalde pidió verse con los miembros del Diálogo en un gesto que voceros eclesiásticos consideraron “como un paso adelante” y un nuevo reconocimiento del mandatario respecto de que “éste es el espacio para alcanzar los acuerdos que el país requiere”.
Los miembros de la mesa del Diálogo Argentino se reunieron desde las primeras horas de la mañana de ayer con la finalidad de hacer un balance de lo realizado hasta el momento y, pasadas las tres de la tarde, el propio Duhalde se integró al encuentro. El Presidente fue a San Fernando con la evidente intención de garantizar a la mesa del Diálogo y en particular a los obispos que se proveerán los fondos necesarios para la emergencia social, una preocupación que la Iglesia había puesto de manifiesto en días pasados. De la misma manera el gesto de Duhalde salió al cruce de las versiones acerca de disidencias entre el Presidente y los obispos que, según algunas fuentes, se suscitaron cuando el Gobierno decidió la semana pasada imponer retenciones a las exportaciones mientras, por otra parte, los representantes del Diálogo Argentino negociaban un “aporte voluntario” de los exportadores para paliar la emergencia social.
Reconociendo la potestad del Gobierno de tomar tal determinación los obispos manifestaron entonces su “sorpresa” por la medida y expresaron su preocupación acerca de que los fondos ingresados en la Tesorería General de la Nación por la vía de las retenciones no se destinaran finalmente a atender la emergencia. Ahora Duhalde volvió a ratificar que, tal como lo decidió el Gobierno, los fondos del Estado serán adjudicados en primer lugar a atender las demandas del plan social, luego a las jubilaciones y después a pagar los salarios de los trabajadores estatales, en ese orden.
Del encuentro de ayer participaron los obispos Jorge Casaretto, Juan Carlos Maccarone y Artemio Ramón Stafolani, el representante de Naciones Unidas, Carmelo Angulo, los delegados del gobierno Antonio Cafiero, Juan Pablo Cafiero y José María Díaz Bancalari, junto con todo el equipo de asesores y técnicos del Diálogo Argentino. En el transcurso de la reunión, el Presidente se comprometió a enviar “este viernes o a más tardar el lunes” un proyecto de ley al Congreso eliminando las jubilaciones de privilegio.
Respecto del llamado “salario de inclusión”, Duhalde aseguró que en lo que resta de marzo y abril se completará el sondeo para establecer los beneficiarios e implementar de inmediato la medida. Se estudia la posibilidad de crear un fondo fiduciario para atender esta emergencia y de constituir un consejo, con participación del sector privado y en el que podrían estar incluidos también representantes de los exportadores y de los bancos que implementarán el sistema de tarjetas por el cual se distribuirán los subsidios, con la finalidad de ejercer control sobre la asignación de los subsidios. También se dijo que los beneficiarios darán una contraprestación laboral que bien podría ser en el Estado o en el sector privado y, en este último caso, la remuneración podría completarse con fondos de este origen.
Voceros del Diálogo calificaron de “muy buena” la reunión con Duhalde, pero señalaron también que existe consenso entre sus integrantes para generar mecanismos de “extensión y socialización” del diálogo, que a la vez le den a la iniciativa cada vez mayor “autonomía” respecto del Gobierno.