El espíritu navideño ablandó las normas y algunos represores pudieron compartirlo en familia. Nueve militares que estaban presos en la causa por la desaparición de militantes montoneros que protagonizaron la Contraofensiva pasaron las pasadas fiestas de fin de año en sus casas y parte del mes de enero de 2003, con la autorización de los jueces Claudio Bonadío y Sergio Torres. Los magistrados fueron denunciados por abuso de autoridad y prevaricato, pero el fiscal Gerardo Di Masi y el juez Jorge Ballestero determinaron que no habían cometido delito. Ayer la sala I de la Cámara Federal revocó esa medida y ordenó que el proceso contra los magistrados siga adelante.
Más de una veintena de miembros del Ejército habían iniciado las gestiones para obtener el beneficio del arresto domiciliario, a pesar de no tener 70 años ni padecer enfermedad alguna. Lo hicieron a través de sus abogados pero sin éxito. Los uniformados se enojaron por el fracaso de la gestión y finalmente algunos decidieron cambiar de defensores. Así las cosas, la denuncia del hecho finalmente corrió por cuenta de uno de los letrados despedidos.
El entonces secretario general del Ejército Daniel Raimundez requirió la “modificación de las medidas restrictivas de la libertad al régimen de detención domiciliaria respecto del personal militar afectado a partir y en ocasión de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, fundada en (...) cuestiones de orden jurídico, familiar, social o personal, que podrían resumirse como de carácter humanitario”, describe la resolución que firmaron ayer los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani. A partir de esa presentación, el juez de la causa Claudio Bonadío autorizó los traslados requeridos bajo responsabilidad del jefe de Estado Mayor de la fuerza, que en ese momento era el general Ricardo Brinzoni. Fue así como Carlos Barreira, Nedo Cardarelli, Carlos Fontana, Rubén Graziano, Pascual Guerrieri, Julián Marina, Arturo Pellejero, Antonio Simón y José Ramón Pereiro pudieron brindar en el living de su casa. El permiso expedía el día 2 de enero de 2003 “o a más tardar en la primera semana del nuevo año”. Pero una nueva presentación del secretario general del Ejército del día 3 solicitó que el plazo se prorrogara hasta el fin de la feria judicial de enero.
Tres días más tarde, el juez Sergio Torres (que reemplazó durante 10 días a Bonadío) concedió la prórroga de la autorización otorgada a los militares mencionados, otra vez bajo exclusiva responsabilidad de Brinzoni, “debiéndose reintegrarse (sic) el primer día hábil de febrero”. Los camaristas determinaron que los funcionarios que autorizaron el otorgamiento del arresto domiciliario, denominado como “traslados”, infringieron la Ley de Ejecución Penal y habrían cometido los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Incluso aclararon que, si bien el fiscal Gerardo Di Masi desestimó la denuncia, pidió una serie de medidas y, por lo tanto, la acción penal está iniciada. De todos modos, no hay imputados explícitamente mencionados.
Di Masi había argumentado que lo denunciado “se enmarca dentro de los actos que hacen a la función jurisdiccional, más allá de su acierto o error”. También indicó que “el prevaricato sólo existirá cuando la invocación de la ley aparezca hecha de manifiesta mala fe”. Pero los camaristas de la sala I expresaron que “la decisión que se cuestiona como ilegal omite toda consideración a las razones en las que se sostiene”. Y por lo tanto determinaron que debe continuar la investigación de las conductas de quienes autorizaron los traslados.
En esta causa fueron liberados recientemente los ex líderes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Cirilo Perdía, luego de 68 días de arresto, a partir de una decisión de la sala II de la Cámara Federal. Los camaristas declararon nulas todas las decisiones del juez Bonadío, y le sacaron la causa, que pasó a manos del juez Torres.