Solo dijo una frase: “¡Pero éste es un horror como final de mi carrera administrativa!”. Así respondió el director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería cuando recibió la comunicación de que el ministro Rafael Bielsa le iniciaba sumario y lo suspendía por 90 días con el cargo de haber demorado presuntamente un pedido de extradición.
El director es Mariano Maciel (hijo), un funcionario de carrera, aunque no diplomático, que revista en la Cancillería desde la dictadura militar. Maciel está próximo a jubilarse.
Según pudo establecer Página/12, el caso que provocó el sumario administrativo fue un homicidio en Córdoba. Un camionero atropelló a una persona, la mató y huyó. Por los pedidos policiales fue detectado en Paraguay, donde las fuerzas de seguridad lo arrestaron. Cuando la Justicia argentina se enteró del paradero falló la extradición y realizó el trámite administrativo en la Cancillería argentina. Allí el organismo que corresponde es la mesa de entradas de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Maciel (hijo).
La acusación administrativa contra Maciel (hijo) se basa en que, según dijo que había constatado el ministro a través de sus colaboradores, el pedido de la Justicia cordobesa estuvo 22 días en un cajón.
Hubo riesgo de que el detenido quedara libre, cosa que no ocurrió por milagro, de acuerdo con los funcionarios consultados.
Si se prueba el cargo que le imputan, Maciel (hijo) no habrá hecho otra cosa que ejercitar la conjugación del verbo cajonear simplemente cambiando de objeto. Nadie debería reprocharle a Maciel (hijo) que en su carrera administrativa hubiese discriminado a nadie. Simplemente ponía en un cajón los pedidos de extradición el mayor tiempo posible.
Los funcionarios que llegaron a conocer bien el trámite hablan de un verdadero triángulo de las Bermudas. Como las extradiciones son un vaivén entre la justicia que las origina, la cancillería que las emite, la embajada que las recibe, la cancillería que les da entrada (y sus vericuetos internos) y la Justicia a la que se comunica la novedad, es fácil para cualquier burócrata experimentado achacar demoras a los demás.
El sumario de la Cancillería buscará determinar en qué hueco cayó el caso del camionero de Córdoba. Como antecedente, puede indagar qué sucedió con los pedidos de arresto o extradición cursados por el juez español Baltasar Garzón y también qué fue lo que impidió que comenzara el juicio italiano a los represores argentinos encabezados por el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason.
Por el procedimiento italiano, no se puede juzgar a un reo en ausencia en cualquier circunstancia. En cambio sí es posible juzgarlo si el reo es notificado de la acusación. No importa que se niegue a comparecer. Si no se notifica, el proceso no puede empezar.
En tiempos de la presidencia de Fernando de la Rúa el gobierno de la coalición Olivo decidió que el juicio a Suárez Mason era prioridad del Estado italiano. Instruyó a la embajada italiana para que acelerara el procedimiento. Tras varios intentos, la embajada descubrió que el Ministerio de Justicia no tenía ningún interés en ayudar con el proceso y que en la Cancillería había una misteriosa traba administrativa que impedía incluso conseguir un recibo del pedido de notificación. El juicio solo pudo comenzar cuando en lugar de Maciel (hijo), el pedido italiano llegó directamente al actual presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy. Despouy era encargado de Derechos Humanos en la Cancillería y pensaba, al revés del gobierno al que pertenecía, que extraditar o no a un represor debía ser una decisión de la Justicia y no un resorte, para colmo basado en la negativa automática del Poder Ejecutivo.