Eduardo Duhalde ordenó dar marcha atrás en la pelea con la Corte y resolver cuanto antes el proceso contra sus miembros. Una alta fuente de la Casa Rosada aseguró a Página/12 que la decisión responde a los reclamos de “seguridad jurídica” efectuados por el Departamento de Estado norteamericano. Aunque el Presidente también busca cerrar así un frente de conflicto con quienes ostentan un poder suficientemente fuerte como para afectar las decisiones económicas y hasta la viabilidad institucional del propio Gobierno.
La decisión de Duhalde surgió luego de contactos con altos representantes del Departamento de Estado, quienes en las últimas horas le plantearon su preocupación por la “falta de previsibilidad” en materia jurídica.
El lunes, en Fortaleza ya se había manifestado en ese sentido el subsecretario del Tesoro, John Taylor. Y ayer el indio Anoop Singh siguió con la tónica durante la cumbre con el Presidente.
A la hora de blandir argumentos, en la Casa Rosada predominan los económicos: aseguran que terminar con la pulseada generaría un marco de confianza y allanaría el camino para las inversiones extranjeras, sobre todo las norteamericanas.
La expectativa oficial es poner punto final al entuerto antes de fin de mes, de manera tal de llegar a Monterrey con el tema superado. En esa gira, Duhalde tiene agendado un apretón de manos y varias fotos con George W. Bush. Nada indica, de todos modos, que el conflicto pueda ser cerrado en tan breve lapso.
Es que los ministros de la Corte, tras las acusaciones de los legisladores, deberán cumplir con el cronograma fijado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para realizar sus descargos. De hecho, nada se podrá resolver antes del 27 de marzo, la última fecha que tienen los ministros para defenderse.
El Presidente sabe que enviar guiños hacia los miembros del máximo tribunal, después de prometer prácticamente su destierro, también le generará un costo político. Por eso busca alguna suerte de resolución intermedia, vestida de racionalidad y recato.
“No vamos a dejar que todo quede igual que antes. Pero queremos que por lo menos un par de los ministros dé un paso al costado”, aseguró una voz de consulta permanente del Presidente.
El hombre fuerte del Gobierno no dio nombres. Pero entre Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Guillermo López, Eduardo Moliné O’Connor, Antonio Boggiano, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi y Gustavo Bossert, se inclinó por alguno de los cinco primeros, integrantes de la denominada “mayoría automática” promenemista.
Renegando de su desprestigio, más de un miembro del máximo tribunal preferiría enfrentar una sentencia, aunque termine en su destitución, con las desventajas sociales y económicas que esto significa. Otros, en cambio, no estarían dispuestos a perder todo y apelarían a un final menos vergonzante a través de una renuncia.
En la Casa Rosada admiten que ya hubo contactos con algunos integrantes de la Corte para acordar una “salida negociada”. Y que quedaron en mantener nuevos encuentros furtivos. No todos saben de estas comunicaciones. Y no son pocos los legisladores justicialistas, fogoneros del juicio político contra la Corte, que pegarán el grito en el cielo cuando se enteren. El primero, seguramente, el santacruceño Sergio Acevedo, presidente de la comisión.
¿Quiénes son los negociadores? Algunos señalan al ministro de Justicia, Jorge Vanossi. Otros a funcionarios del Ministerio de Economía, donde existe un interés especial en resolver el conflicto con la Corte, ya que de ésta dependen varios fallos claves, como el que establece la “salida del corralito”, a través de la devolución del dinero que en concepto de coparticipación le corresponde a San Luis. Esa suma, unos 300 millones de dólares, podrían generar un “descalabro” financiero y la caída del Gobierno, según esgrimen en el Palacio de Hacienda (ver asimismo nota aparte).
Es en esa cartera donde incorporan entre las “preocupaciones” de los Estados Unidos las investigaciones por presunto fraude a la administración pública durante la millonaria operatoria de megacanje de bonos de la deuda pública.
En esa causa, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado solicitaron la citación del ex presidente Fernando de la Rúa, el ex ministro Domingo Cavallo, el ex viceministro Daniel Marx y una docena de banqueros pertenecientes al Santander Galicia, HSBC, Citibank, Central Hispano, BBV-Francés, Credit Suisse First Boston Corporation, J.P. Morgan, entre otros.
Pero, como si fuera poco, los fiscales le solicitaron al juez federal Jorge Ballesteros que cite a declarar al ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos y declarado amigo de Cavallo, David Mulford, un caso que –más allá de las especulaciones del Gobierno– efectivamente preocupa a la administración norteamericana.