“La vida cotidiana del ciudadano argentino es un encadenamiento de pequeñas corruptelas que nos reflejan como sociedad”, reflexiona Manuel Garrido, en medio de cajas, expedientes y efectos personales que tiene que mudar de despacho. Incómodo aún con la repentina figuración derivada de su asunción como fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, apura el almuerzo mientras firma las últimas resoluciones al frente de la Oficina Anticorrupción (OA), cargo que ocupó desde diciembre cuando renunció José Massoni. En diálogo con Página/12, aseguró que la OA es “un organismo consolidado que puede exhibir resultados judiciales”, que en ocasiones resultó “irritativo” para el Poder Ejecutivo porque “la lógica de las investigaciones no es la de la política”.
Garrido tiene 38 años, dos hijas y una carrera judicial que empezó con el diploma de honor en la Facultad de Derecho de la UBA. Fue empleado judicial desde 1988, secretario federal a partir de 1993 y secretario de la Cámara Federal hasta el ‘99. También fue funcionario de la ONU en Centroamérica, y es profesor titular de derecho penal en la Universidad Nacional de La Plata. Estuvo ternado para ser camarista federal, y concursó y ganó la titularidad de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA) que supieron desempeñar Ricardo Molinas, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y el menemista Jorge Pinzón. Su pliego había sido enviado al Senado por el ex ministro de Justicia Juan José Alvarez.
–A diferencia de sus antecesores, usted accede al cargo a partir de un concurso. ¿Esto marca una diferencia en el perfil que tendrá la FNIA?
–Es una diferencia con períodos anteriores, no respecto de la Fiscalía en particular. Una de las pocas cosas positivas a nivel institucional de los ‘90 fue el establecimiento de mecanismos más transparentes, con la reforma constitucional, para la elección de jueces y fiscales. Obviamente, la honestidad no la garantiza ningún concurso, pero sí la idoneidad y cierta legitimidad e independencia de los funcionarios.
–La Fiscalía está paralizada desde el ‘91. Pinzón no hizo una sola denuncia en ocho años. ¿Cómo piensa reactivarla?
–Haré un diagnóstico, tengo que saber con qué recursos materiales y humanos voy a contar, pero en principio advierto que va a ser necesario reforzarlos. Hubo un abandono general de los organismos de control que afectó también a la FNIA. La Fiscalía no puede estar ausente de la persecución penal de los casos de corrupción más importantes que están en trámite. Además, sufrió un recorte de atribuciones que la relega a una función subsidiaria, cuando los fiscales de cada caso desistan de actuar. (El procurador Nicolás) Becerra instruyó a los fiscales para que informe de esa situación a la Fiscalía. Cuando se dicta la Ley de Ministerio Público le quitaron la facultad de ejercer autónomamente la acción penal, no puede apelar decisiones judiciales pero tiene intervención necesaria en las causas, puede proponer pruebas, y promover el avance de los casos.
–¿Cuál es el ámbito de acción de la Fiscalía?
–Los delitos cometidos por los funcionarios del Poder Ejecutivo. Cabría plantearse que, como organismo extrapoder, podría ampliar su competencia a los demás poderes. No tiene competencia en las provincias, algunas tienen sus propias Fiscalías o sus propias Oficinas Anticorrupción.
–¿La OA nacional no tiene asignado el mismo terreno?
–Hay una concurrencia de facultades entre la Fiscalía y la Oficina, pero son complementarias. La OA tiene facultades de prevención y es interna al Poder Ejecutivo, mientras que la Fiscalía controla desde afuera. La OA desarrolla control interno basado en las declaraciones juradas y la evolución de los patrimonios, además de la prevención de conflictos de interés.
–¿En qué situación deja la OA?
–Acabamos de culminar un proceso de concursos que consolidó la situación de un equipo de funcionarios muy capacitados, y recuperamos algunos cargos congelados. Estuvimos en una situación crítica por la reducción de esos puestos pero hemos mejorado.
–En cuanto a los resultados concretos, ¿qué balance hace?
–Creo que es una tarea que lleva mucho más que los cuatro años que estuvimos acá. En un período de retroceso institucional podemos exhibir una institución consolidada, que puede mostrar resultados, que insertó a la Argentina en el mundo sobre estos temas. La OA participó en la conformación del mecanismo de control de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y el país fue evaluado y evaluador. Los resultados judiciales están a la vista, hizo denuncias importantes, impulsó otras y ahora hay jurisprudencia sobre delitos contra la administración pública que antes no existía. No estamos satisfechos en cuanto a la demora de los procesos en los que asumimos la condición de querellantes. Una de las asignaturas pendientes es la realización de juicios orales en la Justicia de los casos promovidos desde el año 2002. Pero creo que el año próximo eso ocurrirá. Hay varios factores que conspiran contra la efectividad de la Justicia, como la falta de recursos. Pero otros son políticos, y éstos de alguna manera se están modificando. Además, hay que modificar el Código Procesal para que los fiscales dirijan las investigaciones.
–La OA intervino en el encarcelamiento de menemistas emblemáticos como Víctor Alderete y María Julia Alsogaray, pero fue cuestionada por no tener la misma energía respecto del gobierno de Fernando de la Rúa.
–Nosotros actuamos respetando las garantías individuales, no promovimos el encarcelamiento anticipado. Nos quejamos de que no haya juicios rápidos con las condenas correspondientes. Promovimos un montón de casos en todas las administraciones, pero quizás en el gobierno de Menem hubo más hechos.
–¿La denuncia contra Angel Tonietto, cuñado de Graciela Fernández Meijide, fue lo más profundo que llevaron en el gobierno de De la Rúa?
–Hubo otros casos sonados como el tema de los corredores viales, en el que estuvieron imputados miembros de aquel gobierno y que implicaba una presunta defraudación por 1 millón de dólares, el caso del Hospital de Mendoza, maniobras con fondos de obras sociales, la causa por malversación de caudales contra Carlos Bastos, ex ministro de De la Rúa. En el caso de las coimas en el Senado mostramos que había que revisar las presuntas fuentes del soborno, los fondos reservados, por ejemplo, de la SIDE.
–¿Tuvo presiones al investigar?
–Hubo diferentes actitudes de los funcionarios implicados, unos cooperaron y otros no. De haberlas recibido las habría denunciado.
–Sin embargo, cuando la OA marcó la presunta participación de Carlos Ruckauf en un caso derivado de la Tangente, el ex ministro de Justicia Jorge de la Rúa salió a desmentirlos.
–Pero eso no pasó una sola vez. La OA trabajó en forma independiente y a veces generaba problemas a los ministros. En la medida en que las investigaciones seguían por criterios que no coincidían con las conveniencias políticas del momento, y al haber denunciado a funcionarios de los propios gobiernos, fue un factor irritativo que a veces entró en colisión con los intereses del Poder Ejecutivo en determinados momentos.
–Por ejemplo, la declamación de la transparencia enfrentada con negociaciones con la oposición.
–Por eso la lógica de las investigaciones no es la de la política.
–¿Por qué en los ‘90 hubo tantas muertes en torno de la corrupción? ¿Hubo un Estado mafioso?
–No soy sociólogo ni hago predicciones. Si se investiga eso puede ser que no haya sido casualidad. Pero debe preocuparnos el número de hechos no detectados, hay una cifra negra altísima de delitos de corrupción.
–¿A qué se debe esto?
–A la falta de mecanismos de protección de testigos, y de hecho en la OA impulsamos un proyecto para evitar que funcionarios que denuncian hechos pierdan su trabajo o vean congeladas sus carreras. También se debe a factores económicos, a la falta de denuncias en el sector privado.
–¿De qué depende que bajen los índices de corrupción?
–El factor cultural es muy importante, tiene que ver con la equidad social. A medida que la democracia es más participativa, con mayor control, queda limitada la corrupción. El deterioro material y cultural de la sociedad la favorece. Uno de los mitos entronizados en la Argentina es que hay una diferencia entre quienes ejercen funciones públicas y los que no. La vida cotidiana del ciudadano argentino es un encadenamiento de pequeñas corruptelas que reflejan lo que somos como sociedad. Pero sobre los índices no hay ningún estudio serio. Y además, cambia la percepción de la sociedad en cada momento histórico. En el ‘83 no era un tema en la agenda de la sociedad, pero un gobierno dictatorial fue caldo de cultivo seguro de prácticas corruptas. Cuando fue tenido en cuenta en la agenda social avanzó la consolidación de los mecanismos de control.
–La OA fue muy resistida en Tribunales. ¿Ocurrirá lo mismo con la FNIA?
–El rol de los fiscales a veces es discutir con los jueces. A la FNIA le tocará ganar o perder, según la dinámica propia de los Tribunales.
–¿Cuál es su recuerdo de la camarista Luisa Riva Aramayo, en cuya sala usted trabajó?
–La recuerdo como una excelente persona, a la que le debo mucho al igual que a otros funcionarios con los que me tocó trabajar.