Por Sergio Moreno y
Raúl Kollmann

El gobierno nacional está investigando elementos de una denuncia emanada de la Procuración bonaerense, que apuntan a la participación de miembros del Ejército en varios de los secuestros más resonantes ocurridos en la provincia de Buenos Aires. Según la denuncia, la banda que funcionaría desde el batallón que se hizo tristemente famoso como 601, habría “comprado” los secuestros del padre del jugador Leonardo Astrada y del joven Pablo Belluscio, lo que significa que le habrían dado dinero a los secuestradores que perpetraron esos hechos y supuestamente se quedaron con los secuestrados. Después, habrían negociado y cobrado el rescate. En el gobierno nacional no están convencidos de la veracidad de los datos que están contenidos en una carpeta que tiene en su poder Néstor Kirchner. Igualmente el Presidente dio la orden de investigar a fondo y el ministro de Defensa, José Pampuro, ya chequeó 60.000 llamadas salidas de unidades militares. Hasta el momento, no aparecieron indicios de que la información sea veraz y existe la sospecha de que podría tratarse de una operación de distracción de la Bonaerense que así se sacaría de encima las acusaciones en su contra.
En la carpeta que tiene el Presidente se detalla el punto clave de la información: que desde el ex Batallón 601 hubo llamadas a los teléfonos desde los cuales se negociaron los rescates en la mayoría de los secuestros de los últimos tiempos. No sólo se mencionan los casos de Rubén Astrada y Pablo Belluscio, sino también el de otros casos notorios. Es más, uno de los elementos extraños es que se registra hasta una llamada a la familia García Belsunce.
En las últimas semanas se viene hablando mucho del sistema de compraventa de secuestrados. Consiste en lo siguiente:
- Una banda organiza el secuestro. Puede tratarse de una víctima con alto poder adquisitivo –en general se buscan familiares de jugadores de fútbol, artistas o empresarios– o de gente de clase media en lo que se conoce como secuestro express. La banda ejecuta la operación de secuestro y tiene a la víctima en un auto.
- Una segunda organización “compra” al secuestrado. Por ejemplo, la carpeta que tuvo su origen en la Procuración, que está a cargo de Eduardo Matías De la Cruz, y que ha llegado a algún juzgado federal dice que a Rubén Astrada lo “compraron” por 50.000 pesos. En juzgados bonaerenses hay denuncias parecidas pero en casos de secuestros express. Por ejemplo, dos jóvenes secuestrados fueron llevados en un auto a tres villas de la zona norte del Gran Buenos Aires y en cada una de esas villas los secuestradores negociaban con otras personas venderles los secuestrados.
- La organización que compra al secuestrado es la que negocia con los familiares y se queda con el rescate.
En la Casa Rosada recibieron la carpeta hace una semana y de inmediato se dio la orden de investigar la información. No sólo Pampuro se ocupó de esa pesquisa, sino que tanto la SIDE como el Ministerio de Justicia, a cargo de Gustavo Beliz, también fueron encargados de llevar adelante otras partes de la investigación. Hasta ayer, no había elementos que avalaran la denuncia, pero el Presidente no quiere descartar ningún elemento.
En la Justicia hay hasta el momento varias investigaciones sobre la participación de integrantes activos o retirados de las Fuerzas Armadas en la venta del armamento pesado utilizado en secuestros en la Argentina e incluso en Brasil. Es más, hay un coronel prófugo tras una decena de allanamientos realizados hace diez días por la Policía Federal y en la que se detectaron armas largas y ametralladoras por más de 500.000 dólares. Sin embargo, respecto de la participación directa de los hombres del Ejército en los secuestros, no apareció hasta el momento ninguna prueba.
En ese marco, las dudas continúan. “Son cuatro hojas, poco creíbles y tan burdas que podrían haber sido redactadas por un estudiantesecundario”, le dijo a Página/12 un integrante del gabinete. Ese ministro avala la teoría de que la carpeta tiene su origen en oficiales de la Bonaerense que de esa manera tratan de adjudicarle la ola de secuestros a otra fuerza. Sin embargo, no está dicha la última palabra: por ahora, sin creerse mucho lo que figura en el texto, la orden es investigar y determinar si hay algo de cierto o no en esa denuncia.