Con declaraciones ambiguas, el Gobierno salió a bajarle el tono a la idea de reducir el número de miembros de la Corte Suprema. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que el proyecto de disminuir la composición del tribunal “no es prioritario” ni tampoco está “en carpeta”. Sin embargo, en otra de sus frases, Fernández reconoció que el cambio podría ser útil para “agilizar el funcionamiento de la Corte”. “Tratar de buscar un número que haga que el máximo tribunal funcione con agilidad es un tema que no solamente le preocupa al Presidente sino también a muchos argentinos”, argumentó. También habló Aníbal Fernández, ministro del Interior, quien dijo que hasta que no se produzcan “las vacantes necesarias” no habrá “condiciones” para discutir la idea. Pero más allá de los dichos, la sensación es que el Gobierno empezó a instalar el proyecto para desmentir las acusaciones de “hegemonismo” o “mayorías afines”.
Aunque se encargaron de restarle importancia en el corto plazo, los funcionarios reconocieron que siguen el tema con interés. Fue el jefe de Gabinete quien demostró que el proyecto no es indiferente al Gobierno. Dijo que una Corte de siete o cinco jueces, en lugar de nueve, “agilizaría” la resolución de pleitos. La propuesta coincide con lo que piensan funcionarios relacionados con temas judiciales, quienes comparan el funcionamiento del tribunal argentino con su similar estadounidense. En el Norte, el cuerpo sólo actúa en pocas causas para supervisar la aplicación de la jurisprudencia. Acá es bien distinto.
La propuesta cuenta con bastante consenso entre los propios miembros de la Corte. Carlos Fayt presentó en el Congreso un proyecto para bajar a cinco ministros la composición del tribunal. La presentación de Fayt –quien ya anunció su retiro para el 30 de abril del año próximo– quedó a cargo del diputado por Corrientes Jorge Martínez Llanos. “La Corte no debe ser un almacén de ramos generales”, argumentó Fayt cuando hizo pública su propuesta. En declaraciones periodísticas, Enrique Petracchi, futuro presidente del cuerpo, coincidió con su idea. Otro que aprueba la disminución de miembros es Augusto Belluscio.
Al mismo tiempo, con esa propuesta el Gobierno parece haber encontrado un recurso útil para diferenciarse de Carlos Menem. Hasta ahora, el Ejecutivo logró sus mejores éxitos cada vez que se mostró como el reverso del riojano. En este tema, diferenciarse podría ser volver a la composición de la Corte hasta la llegada de Menem: los cinco miembros que prefieren Fayt, Petracchi y Belluscio. Esa alternativa le permitiría, además, evitar los cuestionamientos de “hegemonismo” o “mayorías adictas” que son tan sensibles para la Casa Rosada. Sería todo un gesto para mostrarse como lo opuesto de Menem, que inauguró su gestión incorporando a cuatro nuevos ministros en la Corte.
En el Gobierno creen que están frente a una “oportunidad histórica” para diferenciarse del riojano y lograr que la Corte vuelva a tener menos miembros. De cualquier forma, ayer el discurso fue muy cauto: no hubo ministro que no negara en público el proyecto. “El Presidente no ha solicitado ningún tipo de proyecto del Ministerio de Justicia en materia de reducción de los miembros de la Corte. El número no es lo esencial porque se puede tener una Corte de nueve o cinco miembros, corrupta y absolutamente ineficaz”, dijo a la tarde Gustavo Beliz. “La cuestión no tiene que ver con el número sino con la modalidad de trabajo, con la independencia y con la transparencia”, agregó. Una línea parecida esgrimió el quilmeño Aníbal Fernández, quien relativizó cualquier cambio en la Corte porque aún no hay “vacantes”. En lo inmediato su argumento sonó a sentido común, pero si se tienen en cuenta las previsiones a corto plazo es muy probable que el tribunal se quede con cuatro asientos vacíos en menos de un año. Descontada la renuncia de Guillermo López –se concretará el 1º de diciembre próximo– y casi un hecho el alejamiento de Fayt, en el Gobierno saben que el éxodo podría continuar con las dimisiones de Eduardo Moliné O’Connor y Adolfo Vázquez. Entonces sí se producirían las “condiciones” de las que hablaba el ministro del Interior.