La rescisión del contrato con Correo Argentino S.A. rompe la alianza estatal con uno de los principales representantes de la nueva oligarquía que en las últimas tres décadas colonizó el sistema político. Francisco Macri no estaba solo en el negocio, sino asociado con el Banco de Galicia, el tercero en la tabla de grandes responsables de la fuga de capitales en 2001, con 3.500 millones de dólares, sólo precedido por el estadounidense Citi y el español Río. Ese dato surge de la investigación parlamentaria que condujo Eduardo Di Cola, el diputado que el presidente Néstor Kirchner eligió para administrar en forma transitoria el Correo, hasta el nuevo llamado a licitación en seis meses. También era socio de Macri en el Correo el Banco Mundial, impávido juez y parte.
El jefe de gabinete de ministros, Alberto Fernández, dijo al anunciar la firma de los decretos 1074 y 1075 que el Estado renunciaba a su clásico papel de socio bobo. El mismo propósito puede rastrearse en la suspensión del convenio que ata al Ente Binacional Yacyretá con la consultora CIDY, que cobró 500 millones de dólares en el último cuarto de siglo y percibía ahora 650 mil mensuales por hacer nada. Este sería el primer paso para maximizar la generación de energía con una inversión mínima. Entre las empresas que forman el consorcio constructor de Yacyretá está Sideco, también del grupo Macri. El Estado prepara ahora las demandas civiles que deberían permitirle recuperar los casi 500 millones de pesos que Correo Argentino S.A. dejó de pagarle y algo más de 400 millones de los ex concesionarios de las rutas nacionales, en primer lugar Servicios Viales, una vez más del Grupo Macri. Todos los actores económicos mencionados son emblemáticos de un modo de funcionamiento económico-social, pero también político, que desde el golpe de 1976 consumó la transformación de la Argentina, que era la sociedad más igualitaria e integrada de América Latina, en una típica sociedad dual, con islas de sofisticación y consumo en un océano de privaciones, desesperanza y violencia, administrada por una clase política cuya corrupción fue el precio del abandono de las viejas convicciones.
La sucesión en pocos días de estos episodios, más los anuncios de incrementos de remuneraciones a trabajadores ocupados y desocupados, activos y pasivos, y la insistencia en enfrentar la corrupción que deslegitimó la política, sugieren una voluntad de revertir este cuadro. No es tan seguro que el gobierno nacional tenga tan en claro en qué sectores sociales podría apoyar ese proyecto, ni la profundidad del giro que deberá emprender y las características estructurales de algunos aparentes aliados en la construcción del propuesto “país en serio”. Las que siguen son apenas algunas estampillas para abrir la discusión.
No pagar
La empresa de Macri sólo pagó el canon comprometido en el primer año de la concesión, otorgada en 1997, luego de lo cual aplicó una “estrategia de reclamaciones sistemáticas” orientada a “generar presuntas acreencias” que “son invocadas para condicionar y/o eximirse de la obligación de pagar”. El objetivo de tantas presentaciones administrativas y judiciales, era “llevar a pronunciamientos contradictorios dentro de la propia administración pública nacional” y así forzar una modificación de las obligaciones incumplidas. El Estado niega cualquier incumplimiento de su parte en la ejecución del contrato.
Uno de los principales agravios de Macri, el Banco de Galicia y el Banco Mundial es la competencia de otros correos privados. El decreto 1074 les responde que la actividad postal había sido liberalizada en 1993, “sin que se previeran ni monopolios parciales ni franjas de servicios exclusivas”, sino un “régimen de libre competencia”, como estipula el contrato de concesión. El Concesionario se queja por la emisión de sellos postales de prestadores privados. El decreto le contesta que, sin la autorización estatal, sólo son “medios de franqueo” de nulo valor filatélico. El Concesionario arguye que debió operar bajo “asimetrías sindicales y laborales” con los otros prestadores. El decreto responde que el único compromiso asumido, en el punto 3.21 del pliego, se cumplió: antes de entregar el servicio fueron denunciados todos los convenios colectivos de trabajo de Encotesa. Pero la denuncia no asegura el resultado de la negociación. No es posible “en el marco del estado de derecho obligar a las partes a la celebración de un nuevo convenio o a la extinción del anterior”, si ello no emerge “de la libre voluntad de los signatarios”. El Estado tampoco puede “disolver por propia y exclusiva decisión” los gremios del correo oficial. Como la Constitución no puede ser modificada por un contrato, es inaceptable que dentro de las obligaciones del Poder Ejecutivo los concesionarios pretendan el dictado de un Marco Regulatorio del mercado, que es atribución constitucional del Poder Legislativo.
Vaciamiento
Cuando vencía el canon del segundo semestre de 1998, la empresa alegó que distintas reparticiones del Estado no le pagaban deudas. Un decreto permitió compensarlas. El Estado fue regularizando sus atrasos y “el Concesionario cambió su estrategia”. En vez de la compensación planteó el incumplimiento de otras obligaciones, con tal de no cumplir “su obligación de pagar”. El Estado tampoco admite que el contrato le garantizara al concesionario la conservación absoluta de la clientela estatal de Encotesa ni la instalación de un sistema universal de casillas de correo electrónico, un dominio de internet y de firma digital. En junio de este año, Correo Argentino S.A. intentó devolver un centenar de inmuebles que no consideraba apropiados para la prestación. El decreto le responde que los oferentes recibieron toda la información necesaria para formular su presentación, “sin derecho a reclamo alguno”, como decía el pliego. Con la concesión se transfirieron valiosos “bienes y recursos en funcionamiento ya afectados al servicio”. El concesionario incurrió en un “incumplimiento generalizado” de su “deber de conservación y mantenimiento”. Por eso, “no tiene derecho a resarcimiento alguno”. El Estado concedente “debe formular los puntuales reclamos que correspondan” por las obligaciones incumplidas y la “realización de actos orientados al desmantelamiento del patrimonio inmobiliario afectado”, con grave peligro para la continuidad y regularidad del servicio. Correo Argentino S.A. depositó 26 millones de pesos en pago de los 206 millones acumulados a partir del concurso de acreedores. Esto “implica una modificación unilateral del Contrato de Concesión, que carece de todo sustento”, lo rechazó el Ejecutivo.
Oligarquía diversificada
Luego de una audiencia con un grupo de banqueros, encabezados por Jorge Brito, Kirchner hizo una referencia a la necesidad de una burguesía nacional. Fue una frase desafortunada ante semejante interlocutor, cuyos negocios expresan la proyección del sistema político al mundo de los negocios, en la misma categoría aventurera que Alfredo Yabrán, Alberto Samid, el escribano Raúl Juan Pedro Moneta, Emir Fuad Yoma, Chrystian Colombo y José Manzano. Pero el equívoco es mucho más profundo y comprende a todo un sector y su génesis histórica. No es casualidad que en los albores de un gobierno que reivindica el clásico discurso peronista ese alien intente travestirse de la burguesía nacional, que sólo sobrevive congelada en la mitología nacional. La misma confusión ilustró las primeras decisiones del jefe del Ejército, Roberto Bendini, con su disparatado plan de ocupación militar de la Patagonia, desactivado en forma discreta una vez que se advirtieron las complicaciones que provocaría con el estratégico aliado que es Chile.
Algunas grandes firmas industriales oligopólicas emergieron del agotamiento del modelo agroexportador como conductoras de una fracción del capital volcada al abastecimiento de bienes de consumo popular para el mercado interno. En ellas y en sus negociaciones salariales con los trabajadores industriales respaldadas desde 1943 por el Estado, se basó la alianza social que expresó el peronismo. A diferencia de los capitales extranjeros, cuyo espacio de acumulación estaba más allá de las fronteras nacionales, este sector de la burguesía aceptaba una distribución del ingreso más favorable para los asalariados, que a su vez expandía la demanda interna y los negocios de esos industriales. Pese a la disminución de su poder, la oligarquía agropecuaria siguió proveyendo las divisas necesarias para la expansión industrial, lo cual le permitió retener poder de veto sobre las decisiones. Un sector de aquella oligarquía exportadora invirtió parte de la renta de la tierra en actividades financieras, comerciales e industriales. El economista Eduardo Basualdo, quien está estudiando el tema, explica que “No fueron industriales que se diversificaron hacia la producción agropecuaria y se articularon con los grandes terratenientes, sino a la inversa. Tampoco eran recién llegados al espacio urbano. Por eso los nuevos integrantes no impusieron sus pautas, sino que asimilaron el comportamiento de esta oligarquía diversificada”.
La venganza social
Durante la sustitución de importaciones, además de la disputa entre dos fracciones industriales (el capital extranjero y la burguesía nacional) estaba presente la oligarquía pampeana, predominante en la producción agropecuaria y socio menor del capital extranjero en la industria. Con un pie en cada actividad, tenía el sustento necesario para conducir al conjunto del sector. Desde ese liderazgo enfrentaba a la alianza populista de la clase trabajadora con la burguesía nacional, mientras negociaba su posición con el capital extranjero. La alianza entre trabajadores y burguesía nacional fue la base social de la resistencia contra la extranjerización de la economía a partir del golpe de 1955. Durante la segunda etapa de la sustitución de importaciones, a partir del gobierno de Frondizi, se incorporaron nuevas actividades dinámicas en manos extranjeras y desapareció un sector de la burguesía nacional, por compras del capital transnacional o quiebras. Además surgieron nuevas firmas subordinadas al capital extranjero en las producciones más dinámicas como la de autopartes.
Con el regreso del peronismo en 1973 la leve redistribución del ingreso a favor de los asalariados y la política estatal que inclinó la distribución del excedente en favor de la burguesía nacional respecto del capital extranjero, fue el canto del cisne del sector. A partir del golpe de 1976 se desata lo que el politólogo Guillermo O’Donnell llama “la venganza social de la oligarquía contra la Argentina plebeya”, que incluye a los trabajadores pero también “a esos empresarios tipo Gelbard, que comían mal en la mesa”. A la dictadura y su ministro oligarca Martínez de Hoz no les alcanzó terminar con la identidad popular y sus representaciones políticas, también actuaron sobre las bases estructurales de la alianza vencida. Es fundamental la desindustrialización, que se consuma mediante la valorización financiera. El ingreso se concentra en manos de los acreedores externos, los grupos económicos locales de la oligarquía diversificada y la oligarquía terrateniente en general. Representativos de ese sector son Bunge y Born, el Ingenio Ledesma, Bemberg, Loma Negra, Astra, Pérez Companc, Garovaglio y Zorraquín o Compañía General de Combustibles.
En los últimos 30 años el partido militar primero y el sistema político bipartidista después, sometieron a la fracturada clase trabajadora a una caída inédita en sus ingresos mediante brutales reducciones de su salario real, y la explosiva mezcla de desocupación, subocupación y precarización del empleo. Un asalariado del Gran Buenos Aires gana hoy menos de la mitad que el día de la muerte de Perón, como se aprecia en el cuadro.
Ingreso medio asalariados GBA. 1974-100

Años 1974-100
1974 100
1980 85,5
1986 72,5
1991 56
1994 66,6
1997 61,2
1998 63,6
1999 62
2000 61,8
2001 61,1
2002 46,6
2003 49,6

Fuente: IDEP/CTA, en base a datos del Ministerio de Economía, Trabajo e INDEC.

La profunda regresión estructural y social que produjo la guerra sucia militar contra la sociedad argentina también desapareció a la burguesía nacional industrial, para la que el salario era su mercado. Para expandir sus ingresos, las fracciones de clase privilegiadas por la dictadura (y luego por el transformismo democratés) absorben una porción cada vez mayor de los ingresos de los restantes sectores sociales, con independencia de aumentos en la producción. Tanto las ganancias de los grupos económicos de la nueva oligarquía trasnacionalizada como los ingresos de los trabajadores se independizan del ciclo económico: unas crecen y los otros disminuyen, con indiferencia por el comportamiento macroeconómico y del Producto Interno Bruto. Entre 1973 y 1993 desaparecieron el 15 por ciento de los 105 mil establecimientos industriales censados y fueron expulsados la cuarta parte del 1.327.137 de trabajadores registrados en 1973. Aquellas empresas o sus bienes de capital que no se enajenaron al capital extranjero se convirtieron en armadurías de partes importadas.
Las miles de pymes que subsistieron carecen de conducción e identidad. En cambio buena parte de las mayores firmas oligopólicas nacionales se expandieron e integraron a la oligarquía diversificada, sector que a partir de la dictadura recibe a nuevos actores como FATE-Aluar (que había sido un símbolo de la gran burguesía nacional durante el último gobierno peronista), Arcor, Laboratorios Bagó o Roggio (que antes de la dictadura sólo eran firmas industriales medianas) y a capitales italianos, como los de la transnacional Techint y el Grupo Macri. Las claves de esta metamorfosis de la fenecida burguesía nacional son el predominio de la valorización financiera del capital en lugar de la producción sustitutiva de importaciones, la apertura económica asimétrica que destruye a las fracciones empresarias hasta entonces protegidas y la degradación de los salarios.
Prestamistas
La internacionalización permitió a la nueva oligarquía capitalizar en préstamos financieros tanto los recursos obtenidos mediante el endeudamiento externo (a tasas muy inferiores a las internas, donde lo representaban) como aquellos transferidos desde el nuevo Estado de Bienestar Para Pocos que surgió de la dictadura. La culminación de este proceso es la remisión de las ganancias al exterior. El endeudamiento público es esencial para este esquema: en el exterior el Estado toma las divisas que los sectores dominantes no generan y con las que financian su fuga de capitales, mientras la demanda interna de crédito eleva la tasa de interés dentro del país, lo cual permite la valorización financiera de quienes pueden acceder al mercado financiero internacional en mejores condiciones.
Durante los primeros años de la década de 1990 ese sector repatrió parte de sus capitales para aprovechar las increíbles ofertas del desguace del Estado y a partir de 1995 comenzó a realizar sus ganancias vendiendo sus participaciones al capital extranjero. Algunos se desprendieron de todas sus participaciones, como Astra. Otros sólo se redimensionaron cediendo una parte de sus acciones en las empresas prestadoras de servicios públicos, como Pérez Companc, Techint, Soldati o Macri. Hubo quienes vendieron sus propias empresas industriales, como Bunge y Born. Sus superganancias patrimoniales alimentaron otra descomunal salida de recursos locales al exterior. Basualdo insiste en que “esta fracción de clase no está en bancarrota sino todo lo contrario”. Exportadora en dólares de bienes primarios y tenedora de activos financieros en dólares en el exterior, “sus diferencias con la vieja burguesía nacional se acentúan y se vuelven irreversibles, porque ya son fracciones de clase contrapuestas”.
Travestis
Sin embargo, desde los últimos años del gobierno de Carlos Menem en adelante, esta oligarquía diversificada se vistió con las ropas de la burguesía nacional agredida por los intereses extranjeros, se declaró aliada natural de los sectores populares en la tarea de reconstruir la Nación. Con el interinato del senador Eduardo Duhalde y su pintoresco ministro de Devaluación y Pesificación Asimétrica, José de Mendiguren impuso una salida de la Convertibilidad afín a sus intereses de corto y de largo plazo. Basualdo aduce que la alianza populista original fue posible porque la clase trabajadora se constituyó como un sujeto social y político que enfrentó al poder oligárquico. El Estado peronista que así surgió, dio impulso a la conformación de una burguesía nacional, cuya actividad era compatible con una mayor participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. La fracción de clase que sustituyó a la burguesía nacional tergiversa el proceso histórico de modo de presentarse como el alma mater de aquella etapa histórica, se propone como interlocutor válido de los sectores populares y se arroga la definición del proyecto que permita dejar atrás la crisis orgánica. Pero su planteo exportador se sustenta en el infraconsumo de los sectores populares, mientras se apoya en la demanda, las transferencias y los incentivos estatales, mantiene abiertos tanto el mercado de bienes como el de capitales y prescinde de cualquier proyecto de reindustrialización que pudiera ponerla en situación de competir con el gran capital transnacional.
Un análisis de las medidas recientes anunciadas por el gobierno, constata que el salario ha perdido su papel como factor principal de inclusión social, dado que sólo un tercio de los trabajadores tienen empleo formal, un quinto de la población en condiciones de trabajar no tiene empleo y más de la mitad lo busca en forma sistemática. Así, el incremento del salario mínimo dispuesto (de $300 a $350) no impacta de manera significativa sobre el conjunto de
los trabajadores, sostiene el Instituto de Estudios y Participación IDEP-CTA. Por sus dificultades para concederlo las pymes tienden a incrementar sus niveles de trabajo clandestino. El aumento sólo llegará en forma plena a los trabajadores bajo convenio que ganan menos del mínimo fijado, que son apenas el 1,7 por ciento de la fuerza de trabajo. Algo similar ocurrirá con la asignación no remunerativa de $50 a los trabajadores formales del sector privado, que representan menos de 20 por ciento de la fuerza de trabajo.
Ya a mediados de la década pasada el salario real promedio era inferior en casi un 40 por ciento al de 1974. La devaluación del año pasado le impuso una caída adicional del 24 por ciento promedio, que se distribuyó en forma heterogénea, como de costumbre en perjuicio de
los trabajadores más vulnerables. Mientras la pérdida para los trabajadores del sector privado formal fue del 17 por ciento, la de los trabajadores en negro y la de quienes sobreviven con planes de empleo llegó al doble. En el último año ha habido cierto incremento de ingresos, pero concentrado en forma regresiva: casi dos tercios de población de menores ingresos, en situación de pobreza, recibieron menos de un tercio de la mejora.
Sólo los trabajadores del sector privado formal recuperaron algo del valor adquisitivo de sus salarios, aunque siguen casi un 10 por ciento por debajo que en 2001. Quienes viven del Plan Jefas y Jefes, reciben 150$ mensuales cuyo valor adquisitivo equivale a apenas $87 de diciembre del 2001, mayor diferencia que la anunciada asignación de $50 que recibirán por única vez. El incremento en las jubilaciones y pensiones mínimas de $220 a $240, llega pleno a poco menos de la mitad de los mayores y deja afuera a más de un tercio de los más vulnerables por ingresos. Respecto del consumo, el pago del medio aguinaldo a estatales y jubilados sólo adelanta un nivel que no se modifica. Los únicos incrementos del consumo a cargo del gobierno son los de las jubilaciones mínimas y la asignación especial para los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas. Ambas medidas incrementarán el consumo en apenas un 0,3 por ciento y al PBI en apenas un 0,19 por ciento.
Con más del 45 por ciento de trabajo clandestino, desocupación estructural del 20 por ciento y presión sobre el mercado de trabajo del 56 por ciento de la PEA los $150 pesos mensuales del Plan Jefas y Jefes, que representan U$S 50, se naturalizan como salario mínimo de la economía. Para el IDEP/CTA deberían incrementarse monto y cobertura del Plan Jefas y Jefes de Hogar desocupados, de modo de elevar ese piso. Si además se redistribuyeran ingresos a los sectores mayoritarios postergados, mediante instrumentos que universalicen derechos, como la asignación a todos los menores de 18 años y a todos los mayores de 65 años, mejorarían las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. “Dado el presente contexto, en el país se va conformando una estructura económica más próxima a una plataforma de exportaciones de materias primas y de trabajo barato que a un país que esté iniciando un proceso de reindustrialización con eje en el poder de compra de su mercado interno”, concluye.