Cuando recién se apagaban las cenizas del Santiagazo volvió el anacrónico fetiche Carlos Arturo Juárez y, junto con él, volvió el terrorismo de Estado y su macabro rostro: Musa Azar, con sus agregados de la patota genocida, Tomás Garbi como testaferro de las empresas privadas de seguridad de Azar, Ramiro López, y el Mayor Jorge D’Amico, entre otros, ocupando los cargos claves en la “seguridad” de la provincia. “La designación no me tomó de sorpresa porque yo me identifico con el gobernador de la provincia, y estaba seguro de que en algún lado iba a ser puesto en funciones para colaborar en una acción de gobierno”, dijo Musa Azar cuando asumió como jefe de Informaciones. Se olvidó decir que esas “acciones de gobierno” incluyen participación en delitos de lesa humanidad, como es el caso de Emilio Abdala, un concejal del PJ desaparecido en un despacho en la Casa de Gobierno el 3 de diciembre de 1975.
Desde el año 1995, Santiago del Estero registra más casos de violaciones a los derechos humanos que durante la dictadura militar, entre ellos las dudosas muertes del obispo Sueldo y el ex gobernador de la provincia César Eusebio Iturre.
Muertes por gatillo fácil y apremios ilegales en las mazmorras juaristas, graves secuelas físicas como consecuencia del accionar de la tristemente célebre Brigada de Investigaciones de la policía de la provincia, quienes no dudan en aplicar el “submarino seco” y otras refinadas técnicas represivas especialmente sobre la changada de los barrios “demonizados” previamente, para justificar su accionar de violencia institucional y desviar la investigación hacia las asociaciones ilícitas conectadas con la policía.
El caso del crimen del ganadero Seggiaro demuestra la conexión Musa Azar con el flagelo del cuatrerismo, y ahora van a comenzar a aparecer las vinculaciones del genocida con la droga, el tráfico de autos robados, extorsiones económicas, entre otras muchas variantes delictivas organizadas y centralizadas desde la Gestapo santiagueña.
Misteriosas muertes por obra del aparato represivo mafioso encontramos en los casos de Osvaldo Britos y José Antonio Galván, ambos de Añatuya, donde se encuentra la Diócesis del ex obispo Baseotto, actualmente vicario castrense y confesor de los genocidas de la ESMA. Usaron la estructura del Obispado para el tráfico de bebés, entre otros delitos, además de amparar a los asesinos de Britos y Galván.
Los campesinos santiagueños también han sido víctimas del juarismo. La trama de complicidad del bloque de poder constituido por los terratenientes, el poder político y la justicia con sus auxiliares (jueces de paz y policía) han cercenado gravemente el derecho a la tierra de los campesinos, además de provocar estragos rurales sobre las escasas reservas forestales existentes en la provincia, con el consabido pretexto de traer el progreso. Allí también está presente el accionar de Musa Azar y D’Amico, este último gestionando la creación de la Policía Rural.
Los Juárez, Musa Azar, Baseotto y el poder económico del actual niño mimado del juarismo, Néstor Ick, forman parte de un mismo orden simbólico; ellos son los rostros de una dictadura disfrazada de democracia, imponiendo con rigor feudal La Encomienda Santiagueña, desde donde se viene condenando la vida de los pueblos olvidados.
La paradoja de la historia quiso que justamente a los 450 años de la fundación de la ciudad capital ocurriera el acontecimiento que ha dado pábulo al comienzo del fin de la encomienda juarista, y en lugar de los fuegos artificiales del festejo colonial apareció la multitud de los pueblos en marcha en reclamo de justicia y libertad bajo la égida de la Némesis campesina e indígena.
El doble crimen de La Dársena ha conmovido estructuras seculares de dominación, evidenciando la permanente actualización de una metodología represiva siniestra, que ha quedado expuesta en toda su plenitud como una continuidad del plan criminal de la dictadura militar.
La misma técnica aplicada sobre nuestros desaparecidos y presos políticos fue repetida con Patricia Villalba. Las manos atadas a la espalda y los tormentos sufridos antes de morir revelan que la metodología típica de los genocidas sigue presente como si nada hubiera pasado.
La Dársena, además, ha colocado nuevamente en la agenda del día la necesidad de desmantelar el aparato político del partido militar enquistado en las estructuras de esta democracia temerosa instaurada a partir de 1983.
Cabe decir que en 1984 Musa Azar estuvo preso, pero la impunidad y sus leyes permitieron su libertad y regreso posterior a la función pública. Hoy regresa al lugar donde se encuentra radicada su fobia fundamental: la cárcel. Tuvo que ocurrir la tragedia de un pueblo para demostrar el peligro social que representan los genocidas sueltos.
El pueblo santiagueño observa incrédulo la decadencia de un sistema político que ha ingresado en una crisis orgánica. La oposición política, salvo escasas excepciones, viene acompañando de manera unánime a los Juárez, y ahora surge la posibilidad de construir un espacio democrático para disputar la nueva etapa que se inaugura ante el probable conjuro de la maldición de siglos.
Leyla y Patricia, nuestras emblemáticas changas, vestidas de torcazas como dijo el Duende Garnica desde la poesía, se han convertido en el estandarte de un pueblo dispuesto a reclamar justicia y libertad. Leyla enamorada de la luna y Patricia de los Carnavales, acontecimientos ancestrales de la resistencia santiagueña.

* Abogado de la familia Villalba, miembro de la Liga Argentina de los Derechos Humanos (Santiago del Estero).