El número de asistentes habla de la preocupación que atraviesa a los integrantes del movimiento de derechos humanos. A las tres de la tarde de ayer comenzó la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto firmado por todos los bloques que ratifica el juzgamiento a los responsables de los crímenes de lesa humanidad como política de Estado de carácter irrenunciable. A la reunión asistieron integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas e integrantes de la APDH. Hubo representantes del Ejecutivo, de la Procuración y del Poder Judicial. Diputados del FpV, radicales y de la izquierda. Pese al acuerdo otorgado por el PRO, no estuvo la diputada representante del espacio y en su lugar hubo un asesor. El proyecto se firmó. Los presentes celebraron el acuerdo. Estela Carlotto lo valoró como un “signo” pero en línea con el resto de la sala pidió el compromiso de “no violentar a nuestro país haciendo caer normas de defensa de la integridad de cada habitante. Hacer posible la tranquilidad de que venga quien venga, no se va a tocar un centímetro de lo que ya se consiguió”.

La iniciativa de la comisión que preside el diputado Remo Carlo- tto salió a buscar consensos internos y fijar posición de cara al ballottage. Parte del movimiento de derechos humanos sentado en la sala no sólo mostró preocupación por las declaraciones públicas del candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, sino por la acción política desplegada por sus funcionarios en la calle y por sus diputados en el parlamento. Esa línea atravesó buena parte de las intervenciones.

Horacio Pietragalla en su doble condición de hijo, integrante de Abuelas y diputado rescató el proyecto parlamentario pero explicó que la firma de un diputado no alcanza, en alusión a que Federico Pinedo, presidente del bloque del PRO, firmó la declaración. “Necesitamos que el actor político que hoy está disputando la presidencia de la Nación tome un compromiso serio con esto dijo. Nuestras Madres y Abuelas hicieron un recorrido muy largo para poder ver a los asesinos de sus hijos en prisión. Hubo un cambio en el juzgamiento a los genocidas, pero creemos que no nos alcanza la firma de un diputado en una declaración, ya que sabemos que las que hablan son las acciones que ese espacio llevó adelante en los últimos años”. Pietragalla enumeró esas políticas. Mencionó la desfinanciación de los ex centros clandestinos de detención bajo la orbita porteña que hizo que tuvieran que pasar a ser gestionados por la Nación y la represión en el Borda y el barrio Papa Francisco. Las posiciones en el Congreso: el PRO no acompañó el proyecto que impide volver a amnistiar a represores ni la Bicameral para investigar a los responsables civiles de las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura.

Remo Carlotto abrió el encuentro. El proyecto de declaración busca reafirmar el compromiso del Estado con el proceso de Verdad y de Justicia. Tiene como base un proyecto semejante presentado por el CELS en adhesión al Bicentenario que se aprobó en mayo de 2010. Y luego del acuerdo de ayer en la Comisión, ahora debe ser aprobado por la Cámara baja. La presentación fue impulsada con adhesión del FpV. Y, entre otros, firmaron Myriam Bregman del PTS, Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido de la UCR, Pinedo del PRO y el Felipe Solá del Frente Renovador.

En el origen de la iniciativa hubo razones varias. Las usinas contra el proceso de justicia propaladas por la UCA y la Universidad de San Andrés con editoriales del diario La Nación con invitados que incluyeron a integrantes del Congreso y de la Iglesia. Y mas tarde, la convocatoria de la Comisión Interpoderes, donde la Corte Suprema ratificó el compromiso con los juicios entendiéndolos como mandato constitucional y parte de un proceso indetenible. “Creímos necesario que exista un pronunciamiento claro y contundente de la Cámara de Diputados de la Nación en ese sentido –dijo Carlotto–. Por eso buscamos el acompañamiento de la mayoría de los bloques”.

Pero las razones no terminaron allí. Hay que incluir el ascenso de un candidato a presidente que caracterizó las políticas de Estado como “el curro” de los derechos humanos y el día de las elecciones llamó a dejar el pasado atrás. “También sabemos que en la Argentina estamos en un momento de definiciones sobre el destino del país dijo Carlotto en esa línea y vemos con preocupación algunas señales en materia de continuidad en el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Esta “política de Estado no debe retroceder ni un paso” y pidió que “aquellos que van a tener la responsabilidad de conducción de la primera magistratura a partir del 10 de diciembre den señales muy claras sobre que piensan hacer en la materia”.

Enseguida habló la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Julio Morresi, de Familiares, recordó el asesinato de su hijo con siete tiros en la cabeza, cuando “uno solo hubiese bastado”. Dijo que aunque llegara a dar con el responsable “jamás pediría que lo asesinen sino que lo juzguen, no buscaría venganza sino justicia”. Esa fue la línea repetida por los organismos: la apuesta a la construcción del camino de justicia.

Intervinieron diputados de la oposición. Habló Bregman, que viene de ser abogada de los juicios de lesa humanidad. En la misma sintonía señaló que los embates a los juicios buscan empantanar la continuidad y no frenar las investigaciones a civiles. Enumeró sintomáticas causas con dificultades: las que involucran al diario Nueva Provincia, Papel Prensa o el ingenio Ledesma. Y a alertó sobre la promoción a las Fuerzas Armadas para ponerlas en la frontera a trabajar sobre narcotráfico, el rol de Estados Unidos y los desastres que esas políticas están produciendo en México. “Acá están puestos los ojos”, enfatizó.

Manuel Garrido describió el proyecto como “un signo de grandeza”. “Creo que el Congreso es el escenario esencial para definir las políticas públicas y es valioso e importante que ratifique estas políticas.” Reconoció la lucha de los organismos de derechos humanos “durante muchísimo tiempo”. Y agregó: “Creo que es un signo de grandeza concordar en esta declaración más allá del lugar político que nos toca ocupar y de la coyuntura o la elección concreta. Creo que el desafío es por la continuidad de estas políticas”.

Hablaron integrantes del Ejecutivo. Desde Cancillería recordaron la posición de “faro” que Argentina tiene en el mundo por el inédito juzgamiento a los miembros de la dictadura bajo leyes ordinarias y no por tribunales especiales. Entre otros habló Jorge Auat, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, sobre los efectos de las políticas del olvido. “No se puede pensar la vida después de los crímenes de la dictadura dijo. No es igual, visibilizar el horror para que el horror no vuelva, este es el antídoto.” Las víctimas no quieren compasión, “sino transmitir su mensaje para la construcción de futuro, no de pasado”.