Alberto Rodríguez Varela, Alberto Solanet y Ricardo Saint Jean hablaron ayer en el hotel Lafayette.
Imagen: Leandro Teysseire.

“Vientos de cambio.” “Ráfagas de optimismo.” “Llamas de esperanza.” Las alusiones tácitas a un eventual triunfo de Mauricio Macri en el ballottage del 22 de noviembre se repitieron ayer con distintas palabras durante la asamblea anual de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, que nació en 2009 con el objetivo de conseguir una amnistía general de represores y seis años después no pierde la esperanza de revertir un proceso de justicia que suma 622 condenas. La agrupación que preside Alberto Solanet, ex presidente de la Corporación de Abogados Católicos y hermano del secretario de Hacienda de la dictadura, llamó a “derogar y reemplazar la legalidad desprovista de legitimidad que angosta y asfixia a la patria”. Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de Videla, lamentó que en 2003 “se abandonó la bandera de la concordia de Alfonsín y Menem” y se esperanzó en el “año de la reconciliación” decretado para 2016 por el papa Jorge Bergoglio. Ricardo Saint Jean, hijo del general que prometió masacrar desde guerrilleros hasta indiferentes y tímidos, advirtió que “estamos ante la batalla final” y pidió trabajar para que la Corte Suprema de Justicia abandone “la jurisprudencia fijada por el fallo Arancibia Clavel”, que en 2004 declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. El cierre estuvo a cargo de Lucrecia Astiz, hermana del marino condenado por su actuación en la ESMA, quien agradeció a los abogados por su apoyo a los “secuestrados políticos”.

La asamblea estaba prevista para las 18.30 pero se demoró por falta de quórum. Entre los presentes, que promediaban setenta años, estuvieron el ex jefe de la SIDE Juan Bautista Yofre, el teniente coronel (R) Emilio Nanni y María Elena Vázquez de Astiz con su hija. El repaso del ejercicio anual comenzó por las “visitas semanales a los presos políticos ilegalmente detenidos” en las cárceles. En Salta destacaron que fueron recibidos por la ministra de Justicia (Cintia Calleti) y por el obispo local (Mario Cargnello). En Perú participaron de un foro en el que “se consolidaron vínculos con asociaciones de otros países”, aseguraron. En la Argentina se reunieron con “autoridades eclesiásticas para impetrar su ayuda”. Sin nombres propios, apuntaron “al nuncio apostólico y al presidente de la Conferencia Episcopal”, Emil Tscherrig y José María Arancedo. La comisión directiva realizó “gestiones ante pastores”.

Sotanas al margen, intentaron reunirse con dos jueces federales de las “mal llamadas causas de lesa humanidad” pero sólo uno los recibió. En el Servicio Penitenciario Federal los abogados Julio Correas y Jorge Halperín notaron “buena predisposición”. En reuniones con “políticos opositores”, a quienes no mencionaron, coincidieron en la necesidad de una “restauración siquiera parcial del Estado de Derecho” y en que “sólo será viable cuando concluya el actual mandato” presidencial. Por último mencionaron que “ex combatientes de las Fuerzas Armadas” junto con “ex miembros de organizaciones subversivas” dieron coloquios y encontraron “gran interés” en colegios privados, entre ellos el Cardenal Newman, donde estudió Macri.

Cuando el coordinador llamó a votar pocos entendieron la consigna pero la memoria y balance se consideró aprobada “por aclamación”. Carlos Bosch, quien reemplazó como secretario de la comisión directiva a Mariano Gradín, recordó que seis años atrás “la persecución política nos unió a todos” en el mismo Hotel Lafayette. Consideró que “la Justicia está degenerada”, admitió que “no (tuvieron) demasiado éxito” en su misión de paralizar los juicios pero que ahora hay “vientos que pueden cambiar las cosas, no sabemos para dónde”, y que están “ilusionados en poder encausar esto”. “La idea es un relanzamiento, buscar el entusiasmo que el tiempo va apaciguando”, explicó y dio por cerrada la asamblea, que duró menos de veinte minutos. Antes de presentar a los expositores, Bosch aclaró que el ex diputado radical Jorge Vanossi no pudo estar por “un viaje impostergable” pero enviaba “disculpas y saludos”, que “adhiere a la reconstrucción del orden jurídico”, y recordó que “fue el único (diputado) que presentó un proyecto de amnistía, que no se trató en la Cámara”.

A Rodríguez Varela, ministro de Justicia durante los años más sangrientos del terrorismo de Estado, “no hace falta presentarlo”, apuntó Bosch. Rodríguez Varela dijo que el presidente Raúl Alfonsín “resolvió enjuiciar a ambas partes”, recordó que cuando los juicios se extendieron más allá de los ex comandantes llegaron las leyes de impunidad y los indultos, que fueron “examinados y homologados por el procurador general Andrés D’Alessio y por la Corte Suprema”. De las “condiciones de iniciar el camino a la genuina consolidación de la paz interior” en 1991 saltó sin escalas a 2003, cuando “se abandonó la bandera de la concordia de Alfonsín y Menem”. Comenzó entonces la etapa de la “justicia asimétrica”, dijo, y las pocas veces que aludió al terrorismo de Estado concedió que se cometieron “excesos y extralimitaciones”. “Es hora de poner fin a la discordia”, planteó. Agregó que “un pueblo con el corazón partido no es una Nación”, mencionó la necesidad de “una pacífica convivencia, con perdón y reconciliación” y se esperanzó en el “año de la reconciliación” decretado para el próximo año por Bergoglio.

El hijo de Saint Jean describió como un tormento el juicio y la revocatoria del arresto domiciliario de su padre, que murió en sus brazos. Ricardo Saint Jean repasó la “invasión del comunismo”, aseguró que varios de los presentes la enfrentaron “con la pluma y la palabra” y quienes la enfrentaron con las armas están “en prisión como animales”. “Un plan de persecución especialmente perverso”, denunció. “Se abre un camino de esperanza”, aseguró”. “Los exhorto a no levantar otra vez la guardia”. “Estamos ante la batalla final”, advirtió. Ubicó a “la Constitución y Dios” de un lado y al “odio, la ilegalidad y el mal” del otro. Agregó que “jueces y políticos” hablan de “solución política” pero que “no podemos aceptar promesas” y destacó que “la Corte Suprema debe abandonar la jurisprudencia fijada por el fallo ‘Arancibia Clavel’”, que en 2004 declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Solanet cerró con elogios para “las corajudas madres, hermanas y esposas de presos políticos”, que homanajeó en “la figura de su decana”, la madre de Astiz, procesada por su rol en una apropiación ilegal en 1977.