“Faltan señales desde la Justicia, señales que muestren imparcialidad y celeridad para sancionar. Mientras éstas no aparezcan, la sensación de que no todos somos iguales ante la ley seguirá siendo una realidad.” Para presentar el informe anual de gestión de la Oficina Anticorrupción (OA), su titular, José Massoni, eligió enumerar críticas dirigidas a jueces, fiscales y a la propia Corte Suprema. El documento del organismo detalla, además, toda la actividad de sus dos primeros años de gestión, que incluye 1784 investigaciones, de las que se derivaron 489 denuncias judiciales, la detección de 89 casos de incumplimiento de la presentación de declaraciones juradas y la coordinación de acciones con organismos anticorrupción internacionales, entre otras cosas.
La OA, que fue inaugurada por el ex presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 1999 dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, es el único organismo que sobrevivió, con autoridades incluidas, a los cambios de gobierno. Massoni abre el informe –que renueva cada año– con una carta en la que cuestiona a la Justicia, que es el ámbito encargado de profundizar la investigación de las denuncias hechas por el organismo y decidir qué penas corresponden. Si los expedientes naufragan, intenta explicar el fiscal de control administrativo, no es culpa de la OA.
“Que algunos jueces y miembros del Ministerio Público aún rechacen la colaboración de esta Oficina demuestra que persiste una actitud estática y perimida acerca de las modalidades de lucha contra la corrupción dentro de las reglas del Estado de Derecho. Que estos magistrados dilaten las investigaciones judiciales suma otro obstáculo al anhelo de justicia”, dice Massoni. Y añade que la Corte tuvo pronunciamientos que resultan “un obstáculo para las investigaciones”.
El reporte de la OA contabiliza 489 denuncias judiciales, en 31 de las cuales se constituyó como querellante. En esas causas, hubo 100 indagatorias, 44 procesamientos, 20 faltas de mérito y 4 sobreseimientos. En el año 2001 la Dirección de Investigaciones –que conduce Manuel Garrido– denunció, entre algunos personajes conocidos, a Emir y Karim Yoma, al ex titular de Desarrollo Social Ramón “Palito” Ortega, al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo y al ex superintendente de Servicios de Salud del gobierno de la Alianza Rubén Cano, al rector de la UBA, el radical Oscar Shuberoff, al canciller Carlos Ruckauf. Los delitos más denunciados fueron fraude al Estado, negociaciones incompatibles, malversación de caudales, asociación ilícita, violación de deberes de funcionario público y cohecho (coimas). Pero el último año nadie fue preso, a diferencia del 2000, cuando el ex titular del PAMI denunciado por la OA terminó entre rejas.
En el rubro de las declaraciones juradas de bienes, que están obligados a completar todos los funcionarios, la Oficina señala que detectó 89 casos de “incumplimiento malicioso” de presentación. El año pasado la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, que comanda Roberto De Michele, cambió el sistema de declaraciones juradas y, dicen, mejoraron el nivel de cumplimiento de los integrantes de la Administración Nacional. La misma dirección analizó 331 casos de conflictos de intereses de funcionarios y abrió 58 expedientes por incompatibilidades. En el plano internacional, la OA colabora, por ejemplo, con la creación de una Convención contra la Corrupción de alcance mundial. Con todo, ellos mismos tienen dudas de para qué servirá todo esto.