El presidente Néstor Kirchner ordenó al secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, que tramite la asistencia federal necesaria para que las tareas de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires no se paralicen. Durante una audiencia realizada ayer en la Casa Rosada, Kirchner dijo que la memoria de los crímenes del Estado Terrorista debe tener su correlato en el control del respeto por los derechos humanos en el presente. Ese es el eje del conflicto que la Comisión mantiene desde hace meses con el gobernador Felipe Solá y con el Procurador General de la provincia, Eduardo Matías De la Cruz, quienes rehúsan ese control. La Comisión es copresidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. En solidaridad con Solá, Carlotto presentó ayer su renuncia a la Comisión (ver aparte).
La Comisión agradeció en un comunicado el apoyo presidencial “para continuar con la línea de actuación seguida hasta ahora, que incluye tanto la conservación y desarrollo de los archivos del autoritarismo y la dictadura, el auxilio a los juicios contra el terrorismo de Estado, la exigencia de renovación del sistema policial y penitenciario de la provincia y de su ministerio público, encabezado por el procurador general Matías de la Cruz, sobre cuyo desempeño reiteradamente se ha quejado la Comisión. Por eso, este organismo ha rechazado la solicitud de entrevista del Procurador General, en la que éste quería exponer las razones que lo llevaron a publicar los informes que son de notoriedad. A ello se une la coincidencia con el titular del Poder Ejecutivo sobre la inclaudicable decisión de unir a la construcción de la memoria del pasado, la creación de un verdadero sistema de derechos humanos en la actualidad, derechos que hoy, en la provincia de Buenos Aires, al igual que en otros distritos del país, se encuentran en situación de violaciones permanentes y reiteradas que el poder público prefiere ocultar antes que combatir”.
Kirchner respaldó la autonomía de la Comisión y dijo que las críticas que ésta formula no pueden ser tomadas como una conspiración en contra de nadie. Solá intentaba estrangular a la Comisión negándole los fondos que le corresponden por leyes votadas por la Legislatura Provincial, para forzarla a subordinarse al Ejecutivo Provincial. Durante la audiencia, de la que también participó el secretario de derechos humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, el vicepresidente de la Comisión y fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, recordó que el punto de inflexión en las relaciones con el gobernador se produjo el año pasado, cuando la Comisión junto con magistrados judiciales y funcionarios del propio Ejecutivo Provincial, como el entonces viceministro de Seguridad, Marcelo Sain, cuestionaron la actuación policial en la provincia y la desactivación dispuesta por De la Cruz del Banco de Datos sobre Torturas que había creado el Defensor de Casación, Mario Coriolano. Agregó que empeoraron este año cuando Solá otorgó facultades inconstitucionales a la policía para practicar allanamientos sin orden judicial. En ese momento, Solá pidió la renuncia al secretario de derechos humanos, Leonardo Franco, quien en un respetuoso memorándum había opinado en forma crítica sobre esos decretos. Laura Conte, de Madres de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales, dijo que los derechos humanos deben ser sustraídos de las intrigas políticas del momento, porque están en otro plano, superior.
El Presidente afirmó que no interferiría con las instituciones bonaerenses pero que había cuestiones, como la situación de la policía, que excedían el marco provincial. Agregó que estaba dispuesto a ir a fondo y que apoyaba la concepción de la memoria que defiende la Comisión. El asesor técnico de la Comisión y camarista federal platense, Leopoldo Schiffrin explicó que “recurrimos al Poder Ejecutivo Nacional, porque hay temas de orden federal como los juicios por la verdad, la digitalización de los archivos de las causas de Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata yel pago de los sueldos del personal judicial que interviene en esos juicios”. Destacó que como “la mayoría de los procesados no tiene ningún abogado de confianza”, es muy grave la decisión del Procurador De la Cruz de suprimir la autonomía de los defensores oficiales. El integrante de la Comisión Carlos Sánchez Viamonte encomió la decisión presidencial de no reprimir a los piqueteros. Kirchner narró que durante la última manifestación del grupo que amenazó con tomar la Casa Rosada, vio cómo detrás de quienes enarbolaban palos venían familias con sus chicos, incluso algunos bebés, que se detuvieron a mirar las ruinas coloniales descubiertas a espaldas de la Casa Rosada. Dijo que abrió la ventana, los llamó y los invitó a conversar. “¿Cómo vamos a reprimir a esa gente?”, dijo. Añadió que había que trabajar por un “cambio cultural, que es muy lento y difícil. Estamos en el infierno, tenemos que pasar al purgatorio”.